En unas horas las autoridades municipales electas tomarán protesta de su encargo, a partir de ese momento asumen la administración –no la propiedad- de los recursos que le correspondan a cada localidad con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Uno de los últimos actos de la administración saliente y el primero de la entrante de mayor interés es la Entrega-Recepción, que consiste básicamente en entregar y recibir todos los recursos humanos, financieros y materiales, así como dar a conocer los temas que requieren atención para el adecuado funcionamiento de la administración municipal.
De acuerdo con el informe sobre el cumplimiento del acto de Entrega-Recepción(1)en los municipios emitido en septiembre del 2017 por la entonces Auditoría Superior del Estado, sólo 200 autoridades cumplieron en tiempo y forma con esta responsabilidad; 28 cumplieron previo requerimiento; 28 lo hicieron de forma extemporánea; 145 cumplieron con inconsistencias; 54 no presentaron expediente o lo presentaron incompleto; en 65 municipios la autoridad saliente no realizó la entrega; en 4 la autoridad entrante no quiso recibir; 10 municipios no informaron; en 23 ambas autoridades -entrantes y salientes- manifestaron negativa de ambos para realizar el acto de entrega-recepción; y en 2 municipios sólo presentaron una parte de su expediente.
A la pregunta ¿Qué pasó con quienes no cumplieron en tiempo y forma con esta obligación de ley? A dominado el silencio como respuesta, resultados nada alentadores de forma institucional, pero de gran peso negativo en la percepción ciudadana sobre las autoridades estatales y municipales.
Como una medida correctiva el proceso de Entrega-Recepción se fortalece mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal y, los lineamientos y guía emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización(2)que determinan los responsables, etapas y fechas en las cuales se deben realizar las actividades de forma administrativa. Fortaleciendo además las acciones de control interno, que permitirán investigar, sustanciar y sancionar conforme a la gravedad de la conducta.
Aunado a lo anterior, se establecieron en el código penal, sanciones para quienes sustraigan, destruyan, oculten, utilicen o inutilicen información o documentación, así como para quienes afecten el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública Estatal o Municipal.
A partir de la toma de protesta de las y los nuevos servidores todas sus acciones se tornan de interés público, por ello, deberán buscar mecanismos eficientes de difusión, promover la participación ciudadana, la cocreación y la toma de decisiones de forma conjunta como un ejercicio de buena gobernanza, contar siempre con un fundamento de ley y considerar que la ignorancia o desconocimiento de ésta no les exime de responsabilidad.
Se ha posesionado el discurso que a nivel federal nos encontramos en proceso de una cuarta transformación, sin embargo, de poco o nada servirá si está transformación no impacta en nuestros municipios, por ser éste el primer nivel de gobierno y el de mayor contacto directo entre ciudadanía y gobierno.
(*) El autor es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.
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Adán Córdova
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