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La familia de una mujer fallecida por una presunta negligencia médica buscaba una oportunidad para reclamar una indemnización. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su caso terminó entre cambios de voto, interrupciones y reproches por una propuesta de Lenia Batres Guadarrama que podía favorecer al ISSSTE, dirigido por su hermano, Martí Batres Guadarrama.
“Mediten su voto para que no generemos este tipo de confusiones”, pidió el presidente Hugo Aguilar Ortiz. Más adelante reconoció: “Ya el debate ya estalló”.
Batres buscaba revocar el amparo obtenido por los familiares y establecer que los dos años para reclamar la indemnización corrieran desde el día siguiente a que recibieron el acta de defunción. Ese punto de partida podía respaldar la defensa del instituto: que la familia había presentado su reclamación demasiado tarde.
El parentesco atravesaba el contexto del expediente. La ministra era ponente de un recurso promovido por la institución encabezada por su hermano, aunque el fallecimiento ocurrió en 2019, antes de la gestión de Martí Batres al frente del organismo.
La mujer murió el 20 de mayo de ese año en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Ciudad de México.
Su esposo e hijas señalaron que hasta el 27 de agosto conocieron, mediante opiniones médicas, que la muerte pudo estar relacionada con una bacteria adquirida por la deficiente esterilización de los respiradores. En agosto de 2021 solicitaron una indemnización. El instituto rechazó la reclamación por considerar vencido el plazo.
La diferencia entre ambas fechas definía la controversia: contar desde mayo podía dejar fuera la solicitud; hacerlo desde agosto permitía discutir si había sido presentada oportunamente.
Después del rechazo administrativo, la familia acudió a tribunales. Un tribunal colegiado le concedió un amparo y ordenó aplicar un plazo de diez años. El ISSSTE impugnó esa sentencia y llevó el asunto hasta la Corte.
Este 4 de noviembre, Batres propuso mantener el plazo legal de dos años y utilizar el acta de defunción como referencia para comenzar a contarlos.
Giovanni Azael Figueroa Mejía objetó esa interpretación. Recibir un acta, explicó, no significaba conocer que la muerte pudo derivar de una negligencia.
“Estaríamos avalando una interpretación de la disposición normativa, con el potencial de privar a las víctimas indirectas de la posibilidad real de reclamar justicia”, sostuvo.
Arístides Rodrigo Guerrero García coincidió. Los familiares habían conocido la posible deficiencia en la esterilización del equipo meses después del fallecimiento.
Aguilar también discrepó del punto de partida propuesto por Batres. Explicó que permitir la reclamación daría a los familiares la oportunidad de probar sus señalamientos; no equivalía a declarar acreditada la negligencia.
La ministra defendió su proyecto. Argumentó que el acta ofrecía una referencia objetiva y que los dos años permitían realizar las investigaciones necesarias.
También precisó que la Corte no estaba haciendo un análisis médico ni determinando si había existido una actuación irregular. Su propuesta, insistió, era revocar la sentencia y devolver el expediente al tribunal colegiado.
El Pleno comenzó a votar por partes.
Ocho integrantes respaldaron la constitucionalidad del plazo de dos años. Loretta Ortiz Ahlf votó en contra. Después debían determinar desde cuándo contarlo.
Batres pidió resolver primero si correspondía a la propia Corte fijar ese momento. El secretario anunció seis votos para que el máximo tribunal lo definiera.
Entonces, la ministra cambió su postura.
“No veo condiciones objetivas para que se determine por el Pleno. Entonces, quisiera que se contabilizara mi voto en contra”, expresó.
Guerrero cuestionó el movimiento. Recordó que el proyecto de Batres ya establecía que el plazo debía correr desde el acta de defunción; por tanto, ya proponía que la Corte decidiera ese punto.
“Pero una vez conocido el resultado de la votación la ministra Batres cambia su voto”, reclamó.
Pidió votar el proyecto completo y, de ser rechazado, encargar una nueva propuesta a otro integrante.
Aguilar intentó detener la discusión. Aclaró que podían modificar su voto antes del golpe del mallete, pero pidió meditarlo para evitar confusiones.
“Yo les pido a todos seriedad y bastante pulcritud en su actuación”, manifestó.
Batres explicó que su voto estaba condicionado a su propuesta: si no se aceptaba el acta de defunción, consideraba que no había condiciones para establecer otra fecha.
“Desde mi punto de vista es esa o no es ninguna”, afirmó.
El presidente intentó continuar.
“Son sus razones y usted tiene derecho a decir…”.
“No, es un voto también, ministro”, interrumpió Batres.
“Por eso, son las razones de su voto”, respondió Aguilar.
Finalmente, seis integrantes respaldaron contar el plazo desde que las víctimas conocieran la posible negligencia. La propuesta de utilizar el acta de defunción quedó en minoría.
Batres aceptó adecuar el proyecto. Pero el acuerdo sobre ese punto abrió otra disputa: si podían declarar resuelto el expediente y revisar después el engrose, la redacción final de la sentencia.
Guerrero pidió conocer primero el nuevo texto.
“Este proyecto de sentencia va a cambiar completamente, va a cambiar en argumentación, en resultado, es decir, es un nuevo proyecto”, advirtió.
Después puso sobre la mesa un antecedente del trabajo del Pleno:
“Se ha dado en ocasiones en este Pleno que la mayoría hemos estado en contra de un párrafo y aún en el engrose se mantiene ese párrafo”.
No identificó expedientes ni atribuyó expresamente esos casos a una ponencia. Batres respondió que incorporaría lo aprobado.
“Voy a atender lo que está resolviendo, porque además ya lo resolvió”, aseguró.
Figueroa insistió en que faltaba precisar el resultado jurídico. El proyecto planteaba revocar la sentencia y devolver el asunto al colegiado; la postura mayoritaria, sostuvo, permitiría conceder el amparo desde la Corte.
“Perdón, ministra, termino, perdón, ministra, termino”, dijo durante su intervención.
María Estela Ríos González defendió que enviaran sus argumentos a Batres y revisaran después el engrose. Consideró innecesario volver a presentar el expediente.
Irving Espinosa Betanzo sostuvo que las decisiones centrales ya estaban claras y que rechazaría una redacción que no las recogiera.
Aguilar propuso votar entre resolver ese día o esperar el texto “en blanco y negro”.
“Yo nada más quiero que me vuelva a explicar, porque no entendí bien, perdón”, intervino Ríos.
Sara Irene Herrerías Guerra preguntó si dejar pendiente el asunto permitiría volver a votar decisiones ya tomadas.
“A ver, perdonen, a lo mejor no hablo bien el español; pero, está claro. Vamos a votar el engrose”, respondió el presidente.
“No vamos a reabrir el asunto, no vamos a volver a discutir”, insistió.
La discusión continuó.
Batres sostuvo que aceptaba los argumentos mayoritarios, pero defendió que debía mantenerse la revocación de la sentencia del colegiado.
“Asumo la mayoría y derroto mi argumentación”, expresó.
Aguilar terminó por inclinarse hacia revisar primero el nuevo texto.
“Perdonen, les pido que votemos. Ya el debate ya estalló. Escuchándole ya me decanto por mejor verlo en blanco y negro”.
Al emitir su voto, Batres volvió a explicar que modificaría el engrose.
“Pero estamos votando si lo dejamos en lista o se resuelve hoy”, precisó Aguilar.
“No, que ya está resuelto”, respondió ella.
“¿Por cuál de las dos se decanta, ministra?”, preguntó nuevamente el presidente.
Batres lamentó que dudaran de su disposición a incorporar lo aprobado.
“Claro, cuando me he aferrado a algún párrafo, lo digo y me aferro, no me estoy aferrando a nada”, manifestó.
Ríos le expresó su “voto de confianza”. Herrerías cuestionó por qué debía hacerse una excepción al procedimiento habitual.
La última votación dividió al Pleno cinco a cuatro. Ortiz, Figueroa, Guerrero, Yasmín Esquivel Mossa y Aguilar prefirieron esperar la nueva redacción. Batres, Herrerías, Espinosa y Ríos respaldaron resolver ese día.
La propuesta que podía favorecer la defensa del ISSSTE quedó modificada por la mayoría, pero la sentencia completa no fue declarada resuelta.
A las 14:15 horas, Aguilar levantó la sesión. La familia continuó a la espera.
“Entonces, lo dejamos en lista y vemos en blanco y negro el asunto”.
