Ante el anunció hecho por el diputado Elías Cortes López sobre la acción de inconstitucionalidad que su fracción parlamentaria presentará ante los tribunales federales respecto a la elección del Consejo Estatal Electoral, en sesión ordinaria de la Diputación Permanente este miércoles 13 de abril los diputados Luis de Guadalupe Martínez Ramírez del PAN y Emmanuel Alejandro López Jarquín del PRD, coincidieron en que si resuelven las instancias en contra de lo acordado por el Congreso oaxaqueño, serán respetuosos con las resoluciones.
Cortés López, por su parte, refirió una serie de irregularidades en la elección de los consejeros del IEE “al ser un procedimiento que a todas luces violó los principios rectores de la función electoral, así como los principios de legitimidad, imparcialidad e independencia que rigen la función electoral en el estado y la República”.
Señaló la elección como un hecho bochornoso y el “cacaraqueo” de un gobierno democrático de tradición que presume escuchar una participación ciudadana pero pasa por encima la participación de las diferentes las fracciones parlamentarias en el Congreso.
Aseguró que la llegada de Alberto Alonso Criollo obedece a la cercanía con el secretario particular del gobernador, Benjamín Robles Montoya, por tanto el PRI emprenderá las rutas legales correspondientes para reponer el procedimiento.
En contra posición, el diputado del PRD, Emmanuel Alejandro López Jarquín, acusó al PRI de ser simuladores y utilizar un doble discurso porque saben perfectamente que su candidato, Othoniel Melchor Peña Montor, no alcanzaba los votos requeridos para obtener el puesto de Consejero Presidente.
El legislador panista, Ramírez Martínez, manifesto que el PRI debe explicar el por qué de su retiro e inasistencia a las sesiones convocadas para la elección del consejo del IEE.
Por último, se dio lectura a las iniciativas de ley presentadas por la también diputada del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana para adecuar la normatividad del Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, así como la ley del transporte público, tránsito y vialidad presentada por ciudadanos del Estado.
