Las deudas de 44 ayuntamientos de Oaxaca a causa de demandas por despidos injustificados ponen en riesgo sus finanzas públicas. A la fecha, estos adeudos ascienden aproximadamente a la cantidad de 121 millones de pesos y la cifra aumenta cada día mientras no se pague, según información de la Cámara de Diputados del Estado.
El diputado local Francisco Martínez Neri precisa que estos municipios han sido condenados en laudos laborales y han desacatado las resoluciones dictadas por las autoridades laborales, porque no han querido o no han podido pagar el importe de esos laudos dictados a favor de los trabajadores despedidos injustificadamente del servicio municipal.
“Es bien sabido que nuestra entidad federativa depende casi en un noventa y seis por ciento de las participaciones y aportaciones federales, lo cual limita la aplicación de esos recursos para el pago de las sentencias laborales a su cargo, pues ese presupuesto tiene un destino específico señalado expresamente por las Leyes de Coordinación Fiscal, Federal y Estatal”.
En consecuencia, apunta el legislador, los ayuntamientos deberán cubrir los laudos con recursos provenientes de sus ingresos propios o del ramo 28.
El presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la Cámara local, Martínez Neri, detalla que en Oaxaca los juicios laborales y laudos acumulados en las presentes administraciones municipales, representan una bomba de tiempo para éstas. En primer lugar, porque las deudas ordinarias que los ayuntamiento tienen con proveedores, instituciones bancarias, entre otros, deben añadir esos pasivos que, en ocasiones, ascienden a cantidades millonarias y resultan en detrimento de las finanzas públicas, resultando en ocasiones impagables.
“Desafortunadamente la gran mayoría de los juicios laborales fueron heredados de administraciones pasadas y muchos de ellos fueron consecuencia de acciones irresponsables de quienes, sin medir consecuencias, contrataron trabajadores, sin condición ni prudencia, personal que a la llegada de los nuevos munícipes fueron despedidos, quizá pensando en que por la naturaleza dilatoria del juicio pasarían muchos años para que éste se resolviera y que con el paso del tiempo quedaría oculta la acción y sus autores”.
El legislador oaxaqueño por el PRD señala que el desdén de muchos ediles, la irresponsabilidad, los errores en la atención jurídica de los casos, y la ignorancia en general, han producido un efecto económico de graves repercusiones en las arcas de los municipios de nuestra entidad.
Pero, dice, lo más relevante de todo esto estriba en que los responsables de esos quebrantos financieros no tendrán castigo alguno a sus conductas pues no existe norma que les obligue a resarcir los daños que causaron ni pesará sobre ellos responsabilidad administrativa alguna, porque no hay disposición expresa que así lo prevea.
Por otro lado, menciona que el cobro del laudo por parte de los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente es un verdadero “viacrucis” porque las leyes vigentes protegen al patrón (en este caso al ayuntamiento) de tal forma que no es posible realizar un embargo sobre sus bienes para garantizar su pago, porque está establecido en el artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca.
Por esta razón, no podrá emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno del Estado o de su hacienda, “sino que tales sentencias se comunicarán al Ayuntamiento, al Titular del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Judicial en el término de 10 días, a fin de que, si no hubiere partida en el Presupuesto de Egresos del año, se solicite de la Legislatura del Estado la expedición de un decreto especial que autorice la erogación en las dependencias, entidades paraestatales, organismos auxiliares y municipios”.
Martínez Neri añade que por esta situación, los ayuntamientos han acudido a la Cámara de Diputados del Estado para solicitar que a través de un decreto especial, se les asignen más recursos públicos para pagar las deudas por despidos injustificados que han perdido en los tribunales laborales.
Sin embargo, dice, la respuesta que se ha dado es que no es posible esa autorización en virtud de que la única facultad que se desprende del referido artículo sexto consiste en que el Congreso les autorice la erogación, mas no que les dote de los recursos; la Legislatura ha procurado atenuar la solución del problema, expidiendo normas que permitan dar respuesta a la demanda legítima de los trabajadores.
“A ello obedece la reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que adicionó una fracción en la que se establece la obligación de presupuestar de forma inmediata, la partida que cubra el pago de las obligaciones contenidas en sentencias o laudos, sin embargo, dado que el problema es más financiero que legal, esta disposición ha resultado poco eficaz”.
En la Cámara de Diputados hay una iniciativa de reforma a la fracción Vigésimo Sexta del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para incorporar en el texto legal, que el Presidente Municipal será el encargado de nombrar, contratar y remover a los demás servidores de la administración municipal y expedir los nombramientos y contratos respectivos.
Asimismo, la iniciativa propone que la contratación de trabajadores de confianza deberá hacerla por tiempo determinado, de modo que la relación de trabajo dure solamente el período de ejercicio legal de la administración municipal en que se realice la contratación; lo mismo deberán observar los encargados de la administración municipal y los consejos municipales.
Además, se propone que cualquier persona que contrate trabajadores a nombre del ayuntamiento, en contravención de lo planteado, deberá ser sancionada según lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.
“La iniciativa en cuestión debe analizarse con todo cuidado y en ese sentido debe buscarse la armonía entre el derecho de los trabajadores a recibir la justa retribución, y la obligación de las entidades públicas”, dice Martínez Neri.
El diputado concluye con la afirmación de que un buen número de ayuntamientos de Oaxaca viven hoy, como en ninguna otra época, momentos difíciles por cuanto hace a la obligación de pagar laudos laborales cuyos montos repercutirán, tarde o temprano, en el presupuesto del municipio.
Mientras que los trabajadores se encuentran en una encrucijada al no poder actuar por la vía del embargo para hacer efectivas las prestaciones a que tienen derecho y, adicionalmente, se enfrentan al desdén de muchos munícipes que hacen caso omiso a las sentencias en virtud de que no aprecian que haya riesgos de pérdidas patrimoniales o de responsabilidades personales.
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