Según el diccionario, egoísta es aquella persona que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Esa misma definición puede aplicarse a las agrupaciones sociales. Y esto resulta más nocivo, cuando tal definición se centra en organizaciones que se supone que nacieron para combatir el egoísmo y los abusos por parte del Estado, pero que ahora ejercen su poder indiscriminadamente, sin importar las consecuencias sociales que eso implique. Varios sindicatos en Oaxaca son muestra palmaria de ello.
En efecto, en los últimos tiempos hemos visto cómo varias instituciones públicas han entrado en una espiral interminable de crisis, y que en el fondo de ese problema puede vislumbrarse el sello de los sindicatos. Éstos fueron concebidos como una forma de equilibrar los factores del capital y del trabajo, en tiempos en los que eran comunes los abusos cometidos por quienes eran dueños de los centros de trabajo en detrimento de la clase trabajadora, que no tenía forma de defenderse de las presiones y los excesos que se les imponían a cambio de su trabajo.
De hecho, durante todo el siglo XX, México fue un referente de los derechos sociales elevados a rango constitucional, por la determinación del Constituyente de 1917 de establecer en la Constitución, entre otros, el llamado “derecho del trabajo”, que establecía las bases a partir de las cuales debían regirse las relaciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y, justamente, la existencia de las organizaciones sindicales como un mecanismo a partir del cual se buscaba el equilibrio de los factores del trabajo, y se reconocía el derecho de asociación laboral de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
Todo ello es destacable por el modelo que estableció la Constitución mexicana para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, también fue cierto que esos elementos luego sirvieron también para alimentar el corporativismo del que se sirvió el régimen de partido hegemónico para mantenerse en el poder, y que esa relación entre las organizaciones sindicales y el partido oficial se nutrió de canonjías, excesos e irresponsabilidad en el establecimiento y cesión de las llamadas “conquistas sindicales”. Así como el viejo régimen priista le dio a los ciudadanos estabilidad a cambio de arrebatarles la democracia, a los trabajadores y a los sindicatos les dio privilegios a cambio del apoyo incondicional que, valga decirlo, se ofrecía también a costa de la democracia.
Esa dinámica se replicó a todos los niveles y en todas las proporciones. Por eso, luego en las instituciones ocurrió un nuevo fenómeno en el que, quienes tenían a cargo el manejo y la administración de los recursos cometían todo tipo de tropelías, y para no ser denunciados o señalados convertían en cómplices a los trabajadores sindicalizados, ofreciéndoles más privilegios. Una de las características comunes era que cuando ello ocurría, no había perspectiva de futuro. Por eso, para cometer juntos sus tropelías ponían en riesgo la permanencia de los servicios y el futuro de las instituciones, hipotecando los recursos y la estabilidad que alguna vez tuvieron instituciones como las universidades públicas, los servicios educativos, de salud y muchos otros que hoy se encuentran en un proceso muy profundo y complejo de crisis financiera, que en algunos casos es prácticamente imposible de solucionar.
CRISIS POR DOQUIER
Oaxaca tiene ejemplos de sobra. Acaso, el más complejo es, y ha sido, el de la Sección 22 del SNTE, a la que a cambio de estabilidad y apoyo político y electoral, diversos gobiernos la alimentaron con prestaciones que hipotecaban el futuro financiero de la entidad. El resultado de todo eso fue el punto en el que la economía gubernamental estatal no soportó la continuación de dichos privilegios, y eso provocó una monstruosa crisis social reflejada en una revuelta encabezada por el magisterio en 2006.
El inicio de aquel conflicto fue por motivos económicos. Y, años después, eso mismo derivó en la urgencia federal por rescatar no sólo la nómina magisterial sino todos los elementos de gobernabilidad y estabilidad social que ya estaban en juego. En alguna medida esa fue una de las razones que propiciaron la reforma educativa; y la única solución posible al problema financiero, fue que el gobierno federal tomara el control de la nómina educativa —a través del llamado FONE— del que ya no tenemos una referencia clara sobre su costo real tanto para los fondos federales como para las arcas gubernamentales oaxaqueñas.
Ese, lamentablemente, no es el único caso. Otro ejemplo es el de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que vive una realidad asimismo complejísima a causa de los sindicatos que viven y exigen una cantidad inmensa de recursos de manera periódica. El problema, en ese caso, es que como la UABJO no ha entrado en una dinámica de crisis mayor derivada de su situación financiera, el Estado oaxaqueño —y mucho menos la federación— no le ha tomado la importancia que tiene no sólo su rescate, sino el establecimiento de un gran pacto para garantizar la viabilidad sindical en el mediano y largo plazo, que es una de las principales apuestas del rector Eduardo Bautista Martínez, que sistemáticamente ha hecho pública la crítica situación financiera de la Universidad, y ha establecido las coordenadas precisas que deberían seguirse para un rescate efectivo de las finanzas universitarias.
El problema es que, en ese caso, los sindicatos y los factores reales de poder al interior de la Universidad no sólo no tienen interés en eso, sino que insisten en seguir medrando con los recursos universitarios. Ahí ha habido todo tipo de excesos, que evidentemente llegaron a su punto clímax con la llamada “familia real”, que terminó de hipotecar el fututo universitario a través de una ordeña indiscriminada de recursos para la manutención de grupos porriles, la “compra de paz” a los sindicatos, y la búsqueda de privilegios para ellos mismos. ¿Cuándo cambiará lo anterior? Parece que nunca, mientras todos insistan en mantener su actitud de egoísmo frente a las amenazas que se ciernen sobre toda la Universidad.
Finalmente, eso mismo ocurre con muchas otras instituciones gubernamentales. Salud sigue siendo un ejemplo ominoso de ello, no sólo por el sindicato y sus enormes privilegios, sino también por la irresponsabilidad de quienes han tenido en sus manos el futuro y la estabilidad de las instituciones, pero que decidieron venderla a cambio de llevarse unos pesos —mal habidos— a la bolsa.
¿CANDIDATURAS EN VENTA?
Se dice, por cierto, que con recursos universitarios, un conocido ex Rector de la UABJO anda haciendo todo por “comprar” —literalmente— la candidatura a una diputación federal, o cuando menos local, en Morena. ¿Será?
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