+ Igual que antes, ahora se irán munícipes pillos en absoluta impunidad
Algo se está haciendo mal en Oaxaca, que la imagen de los presidentes municipales sorprendidos en todo tipo de pillerías que se van en medio del enojo social y la impunidad total, está en vísperas de repetirse. Hace tres años, y hace seis, y hace nueve, y así, nos indignamos con autoridades municipales que dejaron sus cargos a hurtadillas, en medio del caos administrativo y la ausencia total de procesos de entrega-recepción, sin que se les pudiera castigar por sus latrocinios. Digamos lo que digamos, y al margen de lo que puedan argumentar los tres poderes del Estado, queda claro que nos enfilamos a repetir esa delirante historia.
En efecto, a escasos días de terminar el periodo 2014-2016 para las autoridades municipales electas constitucionalmente en Oaxaca, ya tenemos algunos ejemplos concretos de esa impunidad, de ese caos y de esa imposibilidad —legal y política, por las complicidades existentes— de cambiar el curso de las cosas. En la picota está el caso de Santa Lucía del Camino, que en las manos de Galdino Huerta pasó de ser una zona de tolerancia para los giros negros, y para las actividades que no se permiten en la capital oaxaqueña, a ser una verdadera zona de extorsión para todos los habitantes, a través de diversos mecanismos implementados por su repudiado gobierno.
Por si algo faltara, Huerta salió prácticamente huyendo de la administración municipal, y fueron los propios elementos de la Policía Municipal quienes evidenciaron el últimos eslabón de la cadena de corrupción y excesos cometidos durante su trienio. ¿De qué hablamos? De que en Santa Lucía no hubo obras ni servicios, y mucho menos beneficios sociales para los habitantes, pero sí actos indecibles de extorsión, molestia y despojo a sus habitantes.
Durante los tres años de su gestión, Huerta se dedicó a exprimir recursos a los habitantes por concepto de derechos y permisos; a extorsionar a las empresas por medio de multas, clausuras y actos de molestia ejecutados incluso con violencia; y a exigir dinero hasta a las escuelas primarias para permitirles su funcionamiento. Asimismo, creó una Policía Vial que nunca sirvió para agilizar el tránsito y auxiliar al ciudadano, sino que únicamente tuvo como finalidad esquilmar borrachines, y molestar a los automovilistas que en mala hora pasaban por la zona, aplicándoles multas de tránsito ilegales hasta por las faltas más ridículas. Todo eso, mientras Galdino Huerta y su claque, silenciosamente toleraban y estimulaban el crecimiento de los giros negros, que ya eran boyantes, y que terminaron de florecer durante su administración.
Esos mismos elementos de la Policía Municipal, que fueron utilizados para extorsionar comercios y lastimar a la ciudadanía, fueron los que el fin de semana denunciaron la situación en la que los personeros de Galdino Huerta dejaron la administración municipal: revelaron que las oficinas municipales fueron saqueadas; que no hay archivos ni documentación que soporte la gestión de los últimos tres años, y que básicamente ya no queda nadie en la administración que dé la cara en estos últimos días de gobierno. El munícipe que asumirá el 1 de enero, Raúl Cruz González, denunció una serie de irregularidades así como la negación lisa y llana, por parte de la administración saliente, a ejecutar cualquier acto del proceso de entrega-recepción.
En estas condiciones, queda claro que ya se cometieron faltas administrativas y delitos, al no haber entrega-recepción; al no dejar archivos la administración saliente; al no responder por sus propios trabajadores; y al dejar en total incertidumbre los asuntos públicos —documentación, cuentas bancarias, bienes y activos— que recibirá la siguiente administración.
HISTORIA REPETIDA
Hace tres años hablábamos de historias similares: San Pedro Mixtepec, la Villa de Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, también Santa Lucía del Camino y diversos municipios que eran una interrogante. ¿Qué pasó de entonces a la fecha? Que aún con todo eso, personajes como Eduardo Rojas Zavaleta hoy figuran como flamantes funcionarios de la nueva administración; y que otros como Omar Blas y Pedro Cabañas de Santa Lucía del Camino, o Adán López, y todos los demás que fueron sonoramente denunciados por sus excesos, y por la posibilidad de haber incurrido en actos de corrupción, quedaron en la más abrumadora impunidad.
¿Por qué pasó eso? Primero porque, en diversos casos —incluyendo el de Huerta en la actualidad— fueron beneficiarios de la protección política de personajes como el ahora también integrante del gabinete estatal, en la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez. Éste protegió a varios de los munícipes del periodo 2011-2013, y también ha sido padrino y mecenas político de personajes impresentables como Galdino Huerta Escudero, que gracias a esa protección logró ser munícipe, y ahora goza de impunidad para —quizá— no ser molestado por los devastadores resultados de su gestión.
IMPUNIDAD, INSTITUCIONALIZADA
El otro elemento que no se debe perder de vista, fue la resistencia a la mejora a las leyes que rigen estos temas. Por ejemplo, ¿por qué hubo tanta resistencia a tipificar claramente como delito grave la sustracción de archivos y documentos públicos? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado se negó sistemáticamente a reconocer esas conductas como delitos? ¿Y por qué, además, se estancó la integración y consignación de averiguaciones previas por delitos presuntamente cometidos por autoridades municipales? Eso es un alimento muy nutritivo para la impunidad que, mientras no cambie, seguirá estimulando autoridades corruptas, e impunes, como todas las que ya conocemos.
