En México los empleos menos remunerados, más informales y con menos prestaciones médicas los tienen personas hablantes de lengua indígena, y las de tono de piel más oscuro.
En los últimos 25 años hubo un cambio en el mapa legal de la lucha contra la discriminación étnico racial: hay una Ley en la que el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto discriminatorio. Cambió también el mapa institucional: existe ya el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Hubo, además, una transformación en la mente de las personas. Se pasó de la negación a reconocer que México es un país discriminador. Pero en la práctica todo sigue igual o peor para muchos grupos vulnerables, entre ellos las comunidades indígenas.
A esa conclusión llegó Ricardo Raphael, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), en la sesión “La agenda gubernamental contra la discriminación étnico-racial en México”, que forma parte del ciclo temático del seminario permanente de desigualdad socioeconómica del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).
El analista compartió mesa con Alexandra Haas, presidenta de Conapred; José Alejandro Robledo, director general de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Jacqueline L´Hoist, presidenta de Copred.
En su intervención para cerrar la mesa, organizada por Patricio Solís, profesor investigador del CES, Raphael dijo que en la discriminación a los indígenas la única transformación que no ha ocurrido en México es la real.
“No sé si se puede afirmar que está peor, pero hay temas en los que sí lo parece. Los mega proyectos mineros han sido una tragedia para las poblaciones indígenas, con devastación de su territorio, desplazamientos y agresiones. La justicia se está utilizando en el país contra los líderes que se oponen a esos proyectos”.
En un breve diagnóstico sobre cada campo donde se genera discriminación, el analista comentó que, en el educativo, fue en 2003 cuando la SEP publicó el último libro de texto para educación indígena. Desde entonces no ha habido una reedición. “El modelo de educación incluyente no ha dado un solo paso”, afirmó.
La presidenta de Conapred, Alexandra Haas, aseguró, en entrevista previa con Animal Político que el sector educativo es clave porque permite obtener capacidades para después conseguir trabajos, ingreso y prestaciones. “Sin embargo vemos una política educativa que excluye. En la encuesta intercensal del 2015 se encontró que ningún joven monolingüe se había graduado de la secundaria”.
Y justo los empleos menos remunerados, más informales y con menos prestaciones médicas, aseguró Haas, los tienen personas hablantes de lengua indígena y las de tono de piel más oscuro. “Nueve de cada 10 hablantes de lengua indígena no tienen un contrato laboral por escrito y la misma cifra no tiene prestaciones médicas”.
Quienes hablan una lengua indígena, agregó, están sobrerepresentados en afiliación al seguro popular. 72% de ellos están en este sistema, eso significa que se les da acceso a una cobertura médica menor que la del IMSS.
Sobre este punto, Ricardo Raphael comentó durante el seminario que el seguro popular se presume como el programa que ha mejorado los indicadores de desarrollo social.
“Eso es una mentira cuando se refiere a poblaciones indígenas, porque este sistema se expresa regionalmente conforme a las capacidades de cada entidad, no es cierto que hay un solo seguro popular, sino una encarnación chiapaneca o una encarnación en la montaña guerrerense, imagínense a la hora que se desdobla este seguro, cómo llega a las comunidades indígenas”.
En el ámbito de la justicia, Raphael dijo que se ha dado una transición con los juicios orales, pero no hay ninguna previsión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni de la Procuraduría General de República, ni de las procuradurías en los estados sobre cómo afrontar la exclusión que el nuevo sistema va a implicar para las poblaciones indígenas.
Las faltas al debido proceso, subrayó José Alejandro Robledo, director general de Derechos Indígenas del CDI, se presentan hasta en 80% de los casos de las personas indígenas privadas de la libertad porque no tuvieron un intérprete. Y hay otra parte que perjudica sus derechos: no se consideran los sistemas normativos internos para juzgar con esa perspectiva.
Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH, refirió que la Comisión ha hecho varias recomendaciones en ese sentido, como ver el nuevo modelo de justicia en una lógica pluricultural. “Los sistemas normativos internos no son adversos al sistema positivo, como se ha creído, eso es un mito. Es importante retomar algunos modelos de esos sistemas”.
En lo político, Raphael declaró que no hay un esfuerzo real de representación de las comunidades indígenas en este ámbito. “No se ve así en el Congreso (de la Unión), ni en los congresos locales, ni en los gabinetes”.
Lo que sí hay en el país, recalcó, es un culto a crear instituciones, eso ha multiplicado a los responsables del fenómeno. Hay un problema serio de fragmentación institucional, en el ámbito municipal, estatal y federal, que atiende a la discriminación pero por grupos.
“Hay una lucha contra la discriminación que está descoordinada, fragmentada, parcializada y con un enfoque clientelar o que trabaja solo para pacificar el enojo de las poblaciones indígenas. Lo que se necesita es atacar campos específicos de discriminación: en la política educativa, la justicia, la salud. Hay que pasar de las políticas dirigidas a grupos a las políticas dirigidas a campos discriminatorios”, concluyó el analista.
Fuente: animalpolitico.com
