El Congreso del Estado turnó para su estudio a la Comisión Permanente de Administración de Justicia el proyecto de iniciativa de Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Oaxaca que busca el reconocimiento de la maternidad y paternidad compartida por igual, reducir el número de nacimientos sin reconocimiento voluntario y legal por parte del padre y favorecer la igualdad entre sexos.
La mesa directiva que preside la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, envió a dicha comisión la propuesta dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Martín Vásquez Villanueva, del PRI, y a los integrantes del Congreso local, la cual contempla además favorecer la armonización del marco normativo estatal con el cumplimiento de los instrumentos internacionales y nacionales en materia de igualdad entre sexos y derechos de la niñez.
Entre los objetivos específicos de la iniciativa está contar con un marco normativo que sustente la formulación e implementación de una política pública que estimule un mayor sentido de responsabilidad de los hombres y de la sociedad en general, en torno a la obligación compartida por igual en atención a la crianza de los hijos y reducir el número de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, especialmente, en los adolescentes.
Asimismo, garantizar que las niñas y niños al cumplir un año de edad se encuentren inscritos con los apellidos del padre y la madre y reciban el apoyo económico de ambos para garantizar su desarrollo y crecimiento, bajar el índice de mortalidad materna y avanzar en un sistema de crecimiento equilibrado para el estado de Oaxaca.
En la exposición de motivos se explica que la ley propuesta introduce un procedimiento administrativo ante el Registro Civil para la determinación de la filiación paterna, el cual puede solicitar desde el momento del nacimiento, si así lo desea, la madre de hijos nacidos fuera del matrimonio. La negativa de llevar a cabo la prueba genética, implicaría la presunción de paternidad y dará base para que así se inscriba, imponiéndole las obligaciones propias de la paternidad.
Igual efecto tendría si el resultado de esa prueba, conocida como ADN, es positivo. La tramitación se establece en la propuesta como gratuita, como lo es en lo judicial. La iniciativa señala que las pruebas de marcadores genéticos que se ordenen administrativamente le corresponderían a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para lo cual se plantea la asignación de recursos a fin de poner en marcha el laboratorio correspondiente.
