La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó 528 millones de pesos en daños al erario en el segundo año de gobierno de Ángel Aguirre, en el que se registraron de nueva cuenta numerosos desvíos, saldos sin explicar, obras sin concluir, contratos sin licitar y otras irregularidades.
Al analizar el uso de fondos federales asignados a Guerrero en 2013 —muchos de ellos etiquetados para combatir la inseguridad y pobreza—, la ASF descubrió que incurrir en irregularidades es la tónica para muchos servidores guerrerenses: hay actos de corrupción en casi todas las oficinas administrativas sometidas a revisión, lo mismo estatales que municipales y desconcentradas.
Los auditores descubrieron reportes incompletos y cifras mal calculadas en los libros de todas las dependencias que reciben fondos del gobierno federal. Destacan la Secretaría de Finanzas, la de Salud, la delegación de la SCT en la entidad y la alcaldía de Acapulco.
Algunas irregularidades versaron en mal uso técnico de los fondos, al concentrarlos en una sola cuenta sin reintegrar los intereses a la Tesorería de la Federación. Otras son más difíciles de explicar. Es el caso de Finanzas. La dependencia que fue utilizada por varios colaboradores del hermano del gobernador y de él mismo en una trama de corrupción destapada por el gobierno federal, simplemente perdió dinero de un plumazo.
“(Se) transfirió un importe de 23 millones 575 mil pesos, a la cuenta bancaria de la Secretaría de Salud de Guerrero (encabezada entonces por Lázaro Mazón), de los cuales se desconoce su destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”, destacó la ASF.
Hay otros 24 millones cuyo destino es difícil de explicar. La Comisión de Infraestructura Carretera de Guerrero, otra área bajo sospecha de haber sido usada en la red de corrupción de Mateo Aguirre, usó esa cifra para pagar supuestos estudios de manifestación de impacto ambiental, técnicos y hasta “programas ambientales” de los que no existen registros.
LA TENDENCIA
En su edición del pasado jueves, MILENIO reveló que la ASF detectó fallas masivas en varios libros de la administración aguirrista, cuando revisó su primer año de gobierno. Ascendían, de acuerdo con un cálculo hecho por este diario, a más de mil 200 millones de pesos (“En el gobierno de Aguirre, ‘fallas’ por mil mdp en 2012”).
“Cuentas sin etiquetar, fondos regalados, proyectos perdidos: la ASF documentó en la Cuenta Pública 2012 que los reportes del primer año de gestión deAguirre se asemejan a una especie de laberinto en el que salen danzando millones de pesos”, se publicó.
En el informe de la Cuenta Pública 2013, presentado ayer, los enredos financieros continúan: las cuentas de ese año no fueron diferentes y con base en un ejercicio periodístico, se pudo contabilizar, una a una, las instancias en las que hubo daño al erario en el segundo año de la ahora extinta administración de Aguirre. La cifra fue menor, pero no insignificante.
En esta ocasión, la ASF encontró desvíos y malos manejos hasta en sitios poco habituales. En la Universidad Autónoma de Guerrero, por ejemplo, hay un millón 765 mil pesos que no aparecen. Incluso, la entidad encargada de revisar las finanzas en el estado es un caos en materia de rendición de cuentas: en su interior se detectaron daños al erario y posibles desvíos por 339 mil pesos.
En lo que toca al gobierno del estado, la ASF analizó como parte de la Cuenta Pública 2013 las transferencias federales de una decena de programas sociales y documentó desvíos en Escuelas de Tiempo Completo, con 149 millones 334 mil pesos desaparecidos; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con irregularidades que alcanzan los 68 millones de pesos, entre otros.
La ASF ordenó de nueva cuenta al gobierno de Guerrero fincar responsabilidades administrativas a los responsables.
Solo ejerció la mitad
En 2013 Guerrero recibió en el rubro de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública un total de 235.9 millones de pesos, recursos que fueron auditados por la ASF.
La conclusión general del informe señala que la entidad (entonces gobernada por Ángel Aguirre) “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos apegada a la normativa. No implantó controles que garantizaran que los recursos se ejercieran en su totalidad, para lo que fueron asignados”. El fondo representa 9 por ciento del total del presupuesto asignado a seguridad pública. Son recursos que la Federación otorga con el objetivo de depurar, fortalecer y mejorar todas las áreas relacionadas con la seguridad.
La ASF documentó que la SSP y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública no cuentan con manuales de organización y procedimientos. De 235.9 mdp entregados el estado solo gastó 47 por ciento y no devolvió 53 por ciento restante; de éste último porcentaje, gastó la mitad el primer semestre de 2014. El faltante (58.3 mdp) sigue pendiente de aclarar.
Milenio
