Poner punto final a los negocios de familias vinculadas al poder, evitar la triangulación de dinero público a causas electorales o sindicales, tener certeza sobre el trabajo de servidores públicos y fomentar la transparencia en las finanzas públicas, son los principales ejes que promueve la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
A pesar del camino que le falta recorrer, pues la Cámara de Diputados la devolvió al Senado con algunos cambios, las modificaciones a la ley pretenden garantizar que los tres órdenes de gobierno sean más transparentes en su información financiera, para evitar el desvío y mal uso del dinero público.
Una primer medida que busca establecerse es que los municipios, los estados y la Federación están obligadas a informar sus ingresos; el monto de su deuda; su presupuesto detallado, incluyendo un informe de su gasto corriente; y la evaluación de sus resultados.
A diferencia de la ley vigente, la nueva disposición establece penas de dos a siete años de prisión, así como una multa de 1,000 a 1,500 días de salario mínimo cuando se omitan o alteren, de manera dolosa, documentos que integren la contabilidad de los entes de gobierno.
Las penas incluyen no sólo a quien realiza la acción, sino a quienes se enteren de ella y no hagan nada por evitarlo.
“Se sancionará a los servidores públicos (…) cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente”, establece el artículo 85 del proyecto.
Esto aplicaría, por ejemplo, en lo que fue uno de los mayores escándalos políticos del año pasado: en junio del 2011 el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira y algunos miembros de su gabinete, fueron acusados de falsificar documentos oficiales con tal de obtener un monto mayor de deuda para su estado.
De acuerdo con Mario Alberto Dávila, quien en el 2011 fungía como diputado local del PAN en el Congreso de Coahuila, en el 2005, año en que Moreira tomó posesión como gobernador de Coahuila, la deuda ascendía a 323 millones de pesos; en el 2006 fue de 420 millones de pesos; en el 2007 subió a 487 millones; en el 2008 era ya de 1,831 millones de pesos; en 2009 bajó, y se ubicó en 1,561 millones de pesos.
Ya para el 2010, la deuda de ese estado creció exponencialmente y llegó a 7,636 millones de pesos; pero en el 2011, con la presunta falsificación de documentos fiscales, la deuda llegó a 35,631 millones de pesos, monto real que se ocultó a la ciudadanía.
“En el ejercicio del derecho a la información los ciudadanos exigen gobiernos totalmente transparentes, dispuestos a rendir cuentas y que sean administradores responsables de los recursos públicos”, expuso Guillermo Sánchez Torres, diputado del PRD durante la discusión de la Ley General de Contabilidad en la Cámara Baja.
La disposición legal obliga, además, a que los informes financieros de las entidades gubernamentales sean publicados en internet; dichos informes deben contener también un análisis de las plazas de trabajadores, sus remuneraciones, y todos los gastos que tenga la entidad pública en el ejercicio fiscal.
Uno de los puntos donde la Ley pone especial énfasis es en la seguridad pública. Se busca que tanto estados como municipios informen sobre el destino de los recursos que la Federación les da para esta labor, pero también los resultados obtenidos.
Para esto, la ley indica que se debe cumplir con ciertos criterios de evaluación que serán dictados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los cambios a la Ley General de Contabilidad Gubernamental fueron enviados al Senado como iniciativa preferente por el presidente Felipe Calderón, el 1 de septiembre pasado.
El Senado aprobó la iniciativa el 26 de septiembre pasado; fue enviada a la Cámara de Diputados donde este jueves fue aprobada por el pleno, pero con un par de cambios de forma, por lo que fue devuelta a la Cámara Alta para un nuevo análisis.
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