Los actuales gobiernos tecnócratas neoliberales no saben informar. Es uno de sus principales Talones de Aquiles. Lo hemos repetido hasta la saciedad de manera más que machacona.
Sin desesperanzarse, porque forma parte de nuestras convicciones, de nada sirve hacerlo. Ni lo ven ni lo oyen, menos les importa, al mejor estilo de la frase clásica del villano favorito de México.
La soberbia alcanza en los responsables de la comunicación social de los gobiernos federal y estatal su máxima expresión. En defensa de nuestro dicho, están los casos de Iguala y Nochixtlán.
Por no saber informar, el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué, se la tragaron toda. Y que no se nos acuse de prosaicos ni mucho menos de escatológicos. Es la pura verdad real.
Prueba de ello, de nada sirvió que en noviembre de 2017 la DEA informara al gobierno mexicano la responsabilidad del cartel “Guerreros Unidos” en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En forma inexplicable por irracional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aceptó calladamente cargar con la pesada losa de la desaparición de los 43 milicianos de Ayotzinapa.
En el colmo del cinismo, las organizaciones sociales supuestamente defensoras de los derechos humanos vinculadas a los grupos armados clandestinos gritan a voz en cuello “¡Fue el Estado”!
Claro que “¡Fue el Estado”!, pero el crimen de los activistas y milicianos de la Normal Isidro Burgos, no es responsabilidad del Estado mexicano, sino del gobierno del PRD del estado de Guerrero.
Los perredistas Ángel Aguirre y José Luis Abarca, dirigían el estado como gobernador y presidente municipal de Iguala, respectivamente, cómplices ambos del cártel “Guerreros Unidos” y de Manuel Andrés López Obrador (MALO), quien les impuso como gobernantes.
A pesar que lo sabe, estúpidamente el gobierno federal sigue guardando silencio cómplice. Peor aún, el PRI-gobierno endosó injustamente estas facturas a su candidato presidencial Pepe Meade.
Tampoco sirve de algo que las investigaciones del enfrentamiento de la CNTE con la policía federal y estatal en Nochixtlán involucren al ex diputado del PRD, “Chucho FALP”, a Flavio Sosa y al guerrillero Germán Mendoza Nube.
A través del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) el actual candidato de Morena a la alcaldía de Santa Lucía del Camino, Jesús López Rodríguez, convirtió a Nochixtlán en su feudo político.
El municipio de Santa María Apasco ha sido caja chica, durante los últimos 15 años de “Chucho FALP”, de su hermano, Jaime López Rodríguez, y de su primo hermano, Daniel Rodríguez García.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan la intervención de células de grupos armados en Nochixtlán que hirieron a varios policías.
Nada nuevo bajo el Sol porque el distrito de Nochixtlán tiene una posición estratégica geopolítica al iniciar ahí la Mixteca baja oaxaqueña y guerrerense, región con presencia de la guerrilla y del narcotráfico.
No hay que olvidar que por Atzompa y San Andrés Zautla, se llega Nochixtlán y que el 28 de agosto de 1996 un destacamento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) tomó Tlaxiaco y al día siguiente La Crucecita, en Huatulco.
La DEA supo en Estados Unidos de la participación del grupo criminal “Guerreros Unidos” en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero no se lo comunicó al gobierno mexicano.
El gobierno yanqui nunca informó al gobierno mexicano que mantenían interceptados 11 números celulares de los líderes de “Guerreros Unidos”, como parte de una investigación sobre narcotráfico.
Así, no solo pudieron seguir el crimen en tiempo real, sino también comprobar cómo los capos decidieron y planificaron, unas horas después, responsabilizar al gobierno estatal y a la Policía Federal de lo que había sucedido.
De acuerdo con los registros de llamadas, Pablo Vega Cuevas, el principal detenido en Estados Unidos y el primero al que empiezan a seguir los estadounidenses, preguntó qué pasó con los normalistas aunque no hay pruebas que él ordenara las desapariciones.
De acuerdo con la información que obtuvo Eje Central, Estados Unidos hizo “la primera captura en abril de 2014 y la segunda más importante en diciembre, unos meses después de Iguala”, y posteriormente México solicitó la información, la cual no le fue entregada hasta noviembre pasado.
“Podríamos pensar que Estados Unidos nos dijera ‘los que hacen las escuchas no sabían de qué estaban hablando, no los vincularon’, pero por lo menos dos o tres meses después los que tenían las grabaciones ya sabían”, señaló.
Quedan muchas dudas sobre el caso, “porque no sabemos si Estados Unidos le está dando a México todo, porque el último corte del 26 de septiembre es a las 7:45 de la noche, es decir, es cuando empieza la violencia en Iguala, el ataque a los normalistas y desapariciones, y retoma la conversación a las 4:00 de la mañana del 27″.
“En todas las conversaciones que tienen a partir de las cuatro de la mañana (del 27 de septiembre) hasta el 9 de octubre podemos ir viendo cómo fue el manejo de esta organización criminal, que es aterradora, porque nos muestra que ellos sí creían que había un intento de infiltración a su territorio por parte de Los Rojos y sí se dieron cuenta que eran estudiantes pero creían que venían de infiltrados y la verdad que no les importó“, agregó.
Los mensajes también dejan ver que luego de la desaparición, “hay quien se da cuenta que eso lo tienen que usar e inmediatamente, reaccionan y dicen ‘vamos a cargarle el costo a las autoridades’ y su primer objetivo es el procurador de justicia Iñaki Blanco, la Gendarmería y el gobierno del estado”.
Por abandonar el trabajo de inteligencia de la sabia escuela de seguridad nacional, el Estado mexicano redujo el trabajo de sus organismos civiles al manejo de chismes e intrigas políticas.
Es uno de los peores pecados republicanos de la docena trágica de los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, agravado por abdicar del principio de autoridad.
A partir de la “alternancia” el Estado mexicano renunció a ejercer el principio de autoridad que las leyes conceden. Se comenzó a recriminar hechos dictatoriales, abusivos, autoritarios.
Por subsistencia del propio Estado mexicano es vital, cuestión de vida o muerte, imponer el orden de manera pacífica, a través del imperio soberano de la ley que deviene del Estado de Derecho.
Si bien es cierto que en un Estado represor la ley se respeta menos, pues cualquiera la viola impunemente, se olvida que el ejercicio de la fuerza es una característica fundamental del Estado.
De seguir renunciando a recuperar el principio de autoridad veremos cada día más violencia y hechos delictuosos cometidos por luchadores sociales. Los gobiernos deben privilegiar el diálogo.
Pero para que el diálogo aterrice y fructifique en acuerdos mínimos que, posteriormente, se traduzcan en acuerdos mayores, se requiere de manera obligada de buena fe y buena voluntad.
El ejemplo más claro y concreto del rotundo fracaso del diálogo sin esta condición indispensable es la permanente disposición al diálogo del gobernador Alejandro Murat con la S-XXII de la CNTE.
Ha sido ha sido a lo largo de 39 años del prefabricado conflicto magisterial y así seguirá siendo.
La solución es el diálogo y negociación, cordial y respetuosos, con base en la fuerza de la ley.
Sin el cumplimiento de acuerdos, simple y sencillamente es perder el tiempo. Así será porque antes que Manuel Andrés López Obrador mandara ¡Al diablo las instituciones!, lo hizo la S-XXII.
Fanáticos fundamentalistas marxista-leninistas, los capos, sicarios, activistas, milicianos y comandantes públicos y clandestinos de la XXII-CNTE usan la estrategia presión-negociación-presión.
Desde el desgobierno de Heladio Ramírez López, quien entregó a la CNTE el poder y el dinero del IEEPO, todos los sucesivos gobernadores saben que así opera el cártel magisterial. Lo verdaderamente sorprendente es que sigan cayendo en su juego.
De ahí que no entendamos porque el gobernador Alejandro Murat quemó sus naves al dejar de ser la última y definitiva instancia del diálogo y negociación con el la Sección XXII de la CNTE.
Estamos convencidos que el joven mandatario estatal es un político inteligente, ampliamente preparado y, sobre todo, sensible, que sabe escuchar, entonces, no entendemos qué pasa.
Héctor Anuar Mafud, quien ha dado de comer desde hace muchos años a los dirigentes magisteriales como Secretario de Gobierno, no informa a Murat o éste no escucha, lo que resulta difícil de creer. El tiempo lo dirá.
@efektoaguila
