Empleo, cargo o comisión: Adán Córdova*

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Los nuevos retos a los que se enfrenta el Estado, suponen una transformación constante en materia jurídica, económica, política, social y administrativa, principalmente.

Por su inmediatez en la relación sociedad-gobierno en nuestro quehacer cotidiano, lo referente a la administración pública  nos obliga a una especial atención                       -conocerle y entenderle- para poder exigirle conforme a nuestras necesidades sociales colectivas e individuales.

En la transformación administrativa -sin excepción-, lo de mayor relevancia no son las instituciones, sus estructuras, su forma de organización, su regulación,  sus funciones  o sus facultades, sino quién o quiénes ocupan u ostentan los cargos.

Lo expresado por  el jurista español, Manuel García Pelayo: “(…)si el absolutismo francés acuñó la expresión L´Etat C´est Moi, en Alemania se acuñó la frase  Der Staat  sind die Beamten, el Estado son los funcionarios” (1) y sumado a la sentencia del politólogo alemán Max Weber: “como es sabido, el tipo más puro de poder legal es el que se vale de un aparato burocrático, definido como el modo formalmente más racional de ejercitar el poder, y la burocracia es el ejemplo histórico más relevante de poder ejercitado conforme a leyes preestablecidas”(2), permite asegurar que a pesar de la distancia nos encontramos ante una importancia igual, ya que son los nombrados en los cargos quienes ejecutan, olvidan u omiten realizar las acciones para las cuales fueron electos, nombrados o contratados, y que del impacto, seguimiento y percepción de las mismas es la evaluación que del gobierno –o gobernante- en turno se realiza.

Existe un antecedente histórico en nuestro país señalado por los estudiosos  de la administración pública como el de mayor esplendor en el servicio público, la mayoría jóvenes de entre treinta y cuarenta años, profesionistas del derecho, la medicina, del periodismo, milicia y docencia -nacidos después de 1820- que enarbolaron un proyecto liberal, distinguida por la participación de Benito Juárez, generación extraordinaria por su visión unificada de aspirar a conformar una sociedad igualitaria y sin concebir otro imperio que el de la ley.

Al igual que aquella época nos encontramos ante escenarios complejos, envueltos de elementos internos y externos, de cambios permanentes como la globalización o el neoliberalismo que marcan el ritmo de los avances y la distancia entre las sociedades desarrolladas y las opuestas.

Como todo objeto de estudio la administración pública requiere de un proceso incluyente, integrador de todos los participantes e interesados (gobierno-funcionario-sociedad) con una visión clara, global, congruente, critica y respetada por los principales actores, pero a diferencia de otras se debe tener claro que sus alcances siempre tendrán un resultado inmediato a favor o en contra de la población.

Lo anterior, nos coloca ante las interrogantes de ¿Qué se ha hecho que permita a la administración pública de los diferentes niveles de gobierno avanzar con la misma intensidad que lo demandan las actuales condiciones?¿Se tienen las estructuras suficientes para enfrentar los nuevos retos? ¿Conforme a la satisfacción ciudadana, son eficientes?¿Cuan preparados están los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones? No son el total de las incógnitas, pero el presente no sería suficiente para enlistarlas.

Por ello, es trascendente desarrollar desde las unidades académicas  planes de estudio para que las futuras generaciones cuenten con perfil acorde a la realidad social local, pero con un enfoque global, con mayor grado de exigencia y visión de servicio a la sociedad, consientes del impacto de su actuar.

Estructurar un marco jurídico que permita determinar de forma clara la ubicación de quién, cómo y por qué, un ciudadano, puede ser electo, nombrado o contratado para formar parte de la administración pública, tratando de omitir las “consideraciones o interpretaciones” discrecionales, eliminar en lo posible la opacidad que ha dominado algunas instancias.

Promover la transparencia y máxima publicidad en los procesos de selección, los perfiles y requisitos que se deberán cumplir conforme a las funciones a desarrollar, lo que  permitirá promover ante la sociedad su participación y generar credibilidad en las instituciones.

Contar con un catalogo de puestos y niveles, así como las funciones y perfiles requeridos que permita verificar quien o quienes son los designados o contratados para realizarlas son los idóneos.

Diseñar y promover alternativas que permitan a los interesados participar de forma activa en la administración pública desde su formación académica, práctica o de investigación.

Impulsar procesos de formación integral donde el servidor público asuma que la visión histórica de ser la punta de la pirámide ha cambiado por la del centro de un cubo de rubik, centro, que permite generar participación y movimiento.

Implementar mecanismos de evaluación institucional que consideren la participación ciudadana no como medio de control sino base de la mejora constante que debe prevalecer en una sana administración.

Las acciones enunciadas por si solas no garantizan una evolución ni un impacto a corto plazo.

Es necesario replantear la participación de todos los involucrados en el presente para poder mejorar el futuro de la administración pública, lo que nos coacciona a transformarnos en  participantes activos y no sólo receptores de los resultados; celebrar un nuevo contrato entre autoridades y ciudadanía, que quienes muestren interés en participar en la administración pública no busquen un empleo, cargo o comisión tan sólo por parentesco, afinidad o devoción sino por preparación y vocación al mismo, porque no hay mayor acto de corrupción institucional que asumir un cargo y protestar cumplir y hacer cumplir las leyes que se ignoran.

(*) El autor es egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y realiza estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Correo Electrónico:

adancordovatrujillo@gmail.com

           

Twitter:

@adancordovat

Referencias:

  1. Como se cita en Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2008, revista Gobernanza y Gestión Local, Brevario sobre la teoría y la práctica de la administración pública, Dr. Mario Demetrio Palacios. p.39
  2. Ibidem.