Una trabajadora del Gobierno del Estado, con un embarazo de alto riesgo, perdió a su hijo por “hostigamiento y discriminación laboral” de su jefe Jesuswaldo Martínez Soria, quien contó con el visto bueno del ex compañero de escuela que le dio el cargo de “Coordinador de Evaluación del Desempeño”: Héctor Iturribarría Pérez, jefe de la Oficina de la Gubernatura.
La denuncia está contenida en la queja interpuesta el 12 de agosto pasado ante el presidente de la nueva Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Heriberto Antonio García, y en una carta enviada la misma fecha al gobernador Gabino Cué; la comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas; la presidenta estatal del DIF, Mané Sánchez; la contralora Perla Woolrich; la secretaria particular adjunta del Gobernador, Vivianne Moorman Gómez, y la directora del IMO, Anabel López, entre otros y otras funcionarias.
La madre agraviada, que perdió a su bebé en la décima semana de gestación, es María Elena López Bretón, jefa del Departamento de Análisis e Integración de Informes de Evaluación, dependiente de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que dirige Iturribarría Pérez.
En su comparecencia ante Derechos Humanos el 12 de agosto pasado, López Bretón presentó formal queja en contra de su jefe, Jesuswaldo Martínez Soria, coordinador de Evaluación del Desempeño, por violaciones a sus garantías individuales, ya que durante su embarazo fue “hostigada, discriminada y marginada” por el funcionario del “gobierno del cambio”.
Refiere que, a pesar de saber de su estado de gravidez y de su embarazo de alto riesgo, Jesuswaldo continuamente le imponía exceso de trabajo y le impedía salir a sus consultas médicas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Insensible, falto de ética y de táctica, el amigo y subordinado de Iturribarría Pérez sostenía ante los trabajadores de esa oficina que “una mujer embarazada no le servía para desempeñar el trabajo que ellos desarrollaban”.
Igualmente misógino, reprochaba que “como las mujeres no piensan cuando se embarazan, dejan de lado la responsabilidad de los trabajos y uno tiene que aguantarlas”.
En público y en privado, Jesuswaldo regañaba a María Elena, porque “iba a dejar el trabajo durante tres meses y alguien tenía que hacerlo”, al grado de exigirle la renuncia, que hasta la fecha ésta no le ha dado.
El 13 de julio pasado, luego de negarle permiso por tercera ocasión para acudir al médico, el funcionario concedió una hora de tiempo para que María Elena acudiera a cita con su médico del IMSS porque ésta se sentía muy mal.
Sin embargo, ahí le informaron que “el embrión ya se encontraba muerto y que tenía que intervenirla de urgencia para realizarle un legrado”.
En shock nervioso, atendida por un hermano y las enfermeras del IMSS, la trabajadora de la Gubernatura pudo comunicarse con Jesuswaldo para informe lo ocurrido, y éste le respondió casi con cinismo:
“María Elena: lo único que te voy a decir es que por favor la próxima vez nos avises con tiempo, porque no es posible que abandones así el trabajo; hace rato yo personalmente tuve que ir a pedir unas cosas hasta la planta baja y eso no es posible; yo no tengo por qué hacer tu trabajo; es una irresponsabilidad que te vayas así cuando hay tanto trabajo” (sic). Y luego le colgó.
Lo que el funcionario quería era que la Jefa de Análisis e Integración de Informes de Evaluación le solicitara unos toner’s para impresoras y que mandara unos mails por Internet.
Tras perder a su bebé, con un legrado urgente porque su vida peligraba, y luego de guardar unos días de incapacidad por prescripción del IMSS, María Elena regresó a su trabajo el 1 de agosto pasado y buscó a su jefe máximo: Héctor Iturribarría Pérez, para informarle lo ocurrido.
Pero para su sorpresa, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura defendió a su amigo Jesuswaldo y a ella le exigió que entregara su renuncia con fecha 15 de julio de 2011, porque “iban a hacer cambios, ya que desaparecía la estructura de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura”.
A la fecha, el hostigamiento hacia la trabajadora no cesa, al grado que el 10 de agosto pasado la dejaron sin espacio físico para trabajar, “en el entendido de que por mis propios medios consiga una silla para poder sentarme y realizar mis funciones”.
María Elena sostiene en su denuncia que perdió a su hijo “a causa de la enorme presión, el estrés, la discriminación y sobre todo el hostigamiento” que sufrió por parte de su jefe Jesuswaldo Martínez Soria, “sólo por el hecho de estar embarazada”.
Se dice “víctima del hostigamiento y abuso de autoridad” por parte del Coordinador de Evaluación del Desarrollo de la Oficina de la Gubernatura, y “como mujer y como madre” pide la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como del gobernador Cué Monteagudo y de los funcionarios correspondientes.
Sostiene que “no se le respetó su integridad física y psicológica y mucho menos su dignidad como mujer”, por lo que exige investigar los hechos denunciados y el actuar de Jesuswaldo Martínez Soria.
Carlos Oseguera / e-oaxaca.mx
