Antes de que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia deberá informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “ola de desapariciones” en Nuevo Laredo, luego de que a finales de agosto esa instancia de la Organización de Estados Americanos le solicitó un reporte sobre 36 casos específicos ocurridos en el primer semestre de este año en esa entidad y que implican a elementos de la Secretaría de Marina. Frente a ese ultimátum, la dependencia federal y las autoridades que llevan el caso se han dedicado a hostigar y aun a criminalizar a familiares de las víctimas y a sus abogados.
La desaparición de al menos 36 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre de este año presuntamente a manos de personal de la Secretaría de Marina (Semar) puede convertirse en un caso más que marque a la administración de Peña Nieto.
El amedrentamiento a los familiares que las buscan y a los defensores de derechos humanos que los acompañan –incluida la titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Irasema Quintana Osuna– contextualiza las indagatorias de las carpetas de investigación atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FED) de la Procuraduría General de la República (PGR).
La FED, a cargo de Abel Galván Gallardo, asumió los casos de desaparición luego que el 30 de mayo último desde Ginebra el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, urgió al presidente Peña Nieto a “poner fin a la ola de desapariciones” en la ciudad fronteriza.
Ra’ad al Hussein sustentó su exigencia con un informe de 24 casos documentados por su personal en México. A esa cifra se fueron sumando expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), hasta llegar a 36, aunque se estima que son 50 las desapariciones atribuidas a marinos en el primer semestre de este año.
Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto deje su cargo deberá informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “ola de desapariciones” en Nuevo Laredo, luego de que a finales de agosto esa instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le solicitó un reporte al respecto.
Desde los primeros días de mayo de este año Proceso ha dado seguimiento a las denuncias contra el personal naval acantonado en Nuevo Laredo presentadas por familiares de víctimas, sus abogados y el CDHNL, así como de los mensajes intimidatorios y de estigmatización que han recibido a través de redes sociales, hecho del que ni este semanario se ha salvado (Proceso 2166 y 2170).
Como encargada de la Asesoría Jurídica Federal, órgano de la CEAV de la representación legal de 31 de las 36 familias que se han atrevido a señalar a marinos como responsables de desaparecer a sus seres queridos, Quintana Osuna tampoco ha estado exenta de la estigmatización ni de acciones que ella interpreta como “amedrentamiento” por parte de la PGR.
Con la representación de 15 mil víctimas –casi la mitad de ellas por secuestro, desaparición y desaparición forzada de personas–, la Asesoría Jurídica Federal, que cuenta con un centenar de abogados, ha tenido un papel relevante en la defensa de 31 de las 36 víctimas buscadas en Nuevo Laredo.
Cadena de omisiones
En entrevista, Quintana Osuna detalla que ha interpuesto siete “amparos buscadores” para obligar a la FED y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) a cumplir sus funciones en este caso; asimismo ha presentado quejas ante la Visitaduría General de la PGR por la “omisión” de la subdelegación de la dependencia en Nuevo Laredo para indagar sobre los asuntos, pues “durante meses –dice– tuvieron las denuncias y no habían hecho nada”.
Quintana Osuna también interpuso una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra jueces de Distrito de la ciudad fronteriza que tampoco actuaron en su momento; igualmente presentó videos a la Semar en los que se aprecia la intervención de su personal en las detenciones con el fin de que la dependencia finque responsabilidades por faltas a la disciplina castrense.
Entre los pendientes no atendidos aún están las solicitudes de protección a los familiares de las víctimas; la investigación de redes sociales a través de las que se ha “estigmatizado, criminalizado y se amenaza” a víctimas, familiares, al presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, y a la misma Quintana Osuna, a quienes incluso se les ha vinculado con el crimen organizado.
“Es relevante saber quién administra esas redes, que tienen información privilegiada en tiempo real de lo que pasa en Tamaulipas. Hablamos de desapariciones y ejecuciones. Para el contexto –dice la entrevistada– debe saberse quién maneja la información y de dónde viene.”
La asesoría también ha solicitado, aunque no ha tenido éxito, acceso a una carpeta de investigación abierta el 17 de agosto sobre el hallazgo de dos camionetas clonadas como las de la Semar en instalaciones del C-4, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los vehículos pertenecen al ayuntamiento de Nuevo Laredo y eran tripulados por marinos que estuvieron al servicio del alcalde Enrique Rivas Cuéllar.
La existencia de esas camionetas fue denunciada por la familiar de un desaparecido al término de una semana de presencia de personal de la FED –del 13 al 17 de agosto–, incluido el fiscal Galván, en Nuevo Laredo, para cumplir requerimientos judiciales.
Pese a los esfuerzos, “no hay avances sustantivos de quién sería investigado o involucrado”. De acuerdo con la funcionaria, “se están investigando los antecedentes penales de las víctimas en las carpetas, en el marco de toda esta estigmatización” que se ha observado en Tamaulipas.
Por los señalamientos en redes sociales –lo que generó pronunciamientos de la CNDH y de la ONU-DH para respaldarla–, Quintana Osuna fue llamada a declarar como “testigo” en una carpeta de investigación abierta por la PGR en Reynosa ante una supuesta fuga de información, lo que para la autoridad sería la explicación de un enfrentamiento entre personal de la Sedena y el crimen organizado en una entidad donde las balaceras son parte de la vida cotidiana.
“Lo que me dijo el personal de la delegación de Reynosa es que la FED les informó que una persona y yo estábamos enteradas de una diligencia que se llevó a cabo en julio, por lo que pudo haber habido fuga de información. Sin decirlo así, en realidad estoy siendo imputada, aunque me llaman como testigo.
“Lo cierto es que es una práctica común que a los defensores les abren carpeta de investigación como un efecto amedrentador; al menos así lo han identificado los relatores sobre la situación de defensores de derechos humanos”, apunta.
Quintana Osuna refiere que fue notificada por la cancillería para rendir un informe sobre las desapariciones en Tamaulipas ante un requerimiento de la CIDH enviado al Estado mexicano a finales de agosto de manera oficiosa y en apego a sus facultades de monitoreo.
“Va a ser muy interesante. Tenemos que ver cuál es la respuesta o falta de respuesta de la PGR a la CIDH y de los representantes de las víctimas, que somos nosotros, porque ambos somos parte del Estado mexicano. Más aún, porque se trata de un caso paradigmático por la dimensión, por el número de desaparecidos en el corto plazo; se habla de 50 pero por miedo los familiares no se acercan”, explica.
Intimidaciones
Si bien hasta ahora los familiares de los desaparecidos de Nuevo Laredo no han acudido a la CIDH para denunciar a la Semar, sí han tocado puertas en el Senado y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Jessica Molina, esposa de Daniel Trejo García, quien atestiguó cómo fue sacado de su domicilio por marinos el 27 de marzo pasado, explica en entrevista que con el apoyo de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Latin America Working Group acudió el pasado 6 de agosto a la capital de Estados Unidos para entrevistarse con congresistas y funcionarios del Departamento de Estado.
“Mostraron mucha solidaridad y estaban sorprendidos de lo que estaba pasando y ofrecieron apoyarnos enviando cartas para presionar al gobierno mexicano”, cuenta.
Informada de que personal de la CIDH busca un encuentro con los familiares de los desaparecidos, Molina hace hincapié en la criminalización y el uso de las redes sociales para relacionar a los familiares y víctimas con el crimen organizado.
Por eso le dijo a Miguel Castañeda, quien lleva su caso, que ahora no sólo se cuida de la Marina, sino también de los cárteles. “Eso –comenta– “me parece una intimidación”.
E insiste en que varias esposas de los desaparecidos se muestran indignadas con el fiscal Galván, quien se resiste a investigar a los marinos; la Semar, a su vez, niega la información a la CNDH.
Radicada en Laredo, Texas, Molina agrega que una de las exigencias de los familiares es que se les permita el acceso al personal naval que estuvo en Nuevo Laredo durante el periodo de las desapariciones. “Al menos cuatro de nosotras tuvimos interacción con los marinos y podemos identificarlos. Nuestro temor es que estén construyendo una verdad como la de Ayotzinapa, que salgan a decir que nuestros esposos eran criminales y que por eso se los llevaron otros criminales disfrazados de marinos”.
Entre los familiares, advierte, “hay desesperación porque está acabando este gobierno y no vemos avances. Va a llegar el próximo gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, va a llevar gente nueva y vamos a empezar de cero”.
El temor de que los expedientes de los 36 desaparecidos de Nuevo Laredo se le herede al próximo gobierno radica en la ausencia de acciones efectivas por parte del fiscal Galván, quien “no quiere investigar a la Marina, en tanto que criminaliza a las familias”, denuncia Ramos Vázquez, el presidente del CDHNL.
Dice también que tiene evidencias de que un equipo de inteligencia lo vigila a él y a Molina. Y se queja de “la complicidad enorme” de los gobiernos estatal y municipal en las desapariciones atribuidas al personal de la Semar.
Señala que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca “facilitó seis vehículos, una camioneta Van, dos pick up de Fuerza Tamaulipas y tres camionetas blancas que usaba Semar en sus operativos y que son parte de las investigaciones de las desapariciones de 36 personas”.
Y añade: Las dos camionetas clonadas utilizadas por personal de la Semar al servicio del alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas –lo cual él mismo admitió en una reunión con familiares de víctimas el sábado 1, “nos dan la razón a nosotros. La Semar clona vehículos para hacer actos fuera de la ley y cometer violaciones a los derechos humanos”.
Mientras las autoridades omiten investigar a los presuntos responsables de las desapariciones en Nuevo Laredo, el titular de la CNBP, Roberto Cabrera Alfaro, arguye que el organismo “aún no cuenta con una estructura ni personal, ya que las gestiones para la autorización de plazas aún están pendientes” (Reforma, 31 de julio).
Para Ramos Vázquez, la pinza de la impunidad se cierra con la intención de ejercer acción penal en su contra, pues, afirma, cuenta con información de que “la procuraduría de Tamaulipas y la PGR están armando un expediente oscuro” para detenerlo con un falso testigo pagado que lo acusa de haber convocado a los bloqueos al aeropuerto, al Puente Internacional y a la presidencia municipal. “Intenta involucrarme con el crimen organizado”, dice.
Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
