Además de lo complicado y complejo del conteo de las votaciones concurrentes en una sola casilla electoral el próximo primero de julio, el mayor problema a enfrentar es la falta de confianza y credibilidad en el árbitro electoral, federal y local, INE e IEEPCO, respectivamente, en el caso de Oaxaca.
Los probables delitos en los que incurrieron los consejeros electorales en 2016 de Oaxaca confirman la desviación de los nobles fines de los órganos ciudadanos autónomos por la imposición partidista de “cuotas y cuates”, que ha traído consigo la grave crisis de credibilidad que enfrentan.
Lo mismo ocurre en la integración de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), cuyo presidente, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, impuesto por Flavio Sosa Villavicencio y el Padre Uvi, Romualdo, Francisco, Wilfrido Mayrén Peláez y el ex gobernador Gabino Cué, está dedicado a defender a activistas y milicianos de las organizaciones sociales radicales que mantienen la ingobernabilidad en Oaxaca.
El fenómeno de la partidización en la imposición de integrantes se observa en los otros órganos autónomos del país y de Oaxaca, lo que desvirtúa por completo el objetivo superior de la ciudadanización para garantizar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.
Por su importancia, retomamos la documentada información publicada en El Universal Oaxaca por nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zavala, reportero investigador que fue columna vertebral del diario Despertar de Oaxaca, durante el tiempo que lo dirigimos desde su fundación.
Es información pública a la que cualquier oaxaqueño puede acceder, gracias al trabajo profesional, ético y responsable de nuestro amigo-hermano Esteban Ortiz Rodea, quien antepone su militancia en el Partido Acción Nacional al bien común, a través del combate a la corrupción en el IEEPCO.
“En 2016, el año que se eligió gobernador y se renovó el Congreso local, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) incurrió en desvíos millonarios de recursos, pagos indebidos y excesivos a trabajadores, y hasta evasión fiscal al no enterar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de salarios.
Éstas y otras irregularidades fueron reveladas por la Contraloría General del IEEPCO, a través de su auditoría número IEEPCO-AI-CG-01/2016 en la cual fiscalizó 214 millones 440 mil pesos de los 285 millones de pesos que recibió para la organización y desarrollo del proceso electoral de 2016, lo que significa que supervisó el gasto de 75.2% de los recursos que recibió el instituto para ese fin.
El objetivo de la revisión era verificar que el presupuesto asignado ha dicho proceso electoral “se haya ejercido con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos para los que fue destinado” y que en su aplicación se haya observado “la normatividad aplicable”. El resultado de la auditoría arrojó lo contrario. Falta de transparencia.
El órgano interno del IEEPCO detectó que el instituto “desvió” o empleó de manera irregular 214 millones 362 mil 112.72 pesos de los 285 millones que debieron destinarse a conceptos como servicios personales, materiales, suministros y otros servicios generales, contemplados en la partida 326 “Servicios para Programas Adicionales”.
Además, la fiscalización arrojó irregularidades por un monto que asciende a 56 millones 964 mil pesos y determinó probables responsabilidades administrativas por efectuar pagos que no están contemplados en el presupuesto respectivo.
También detectó falta de transparencia en la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos, probable desvío de recursos y una cuenta pública con información poco confiable y veraz.
Entre las irregularidades también destaca el pago de liquidaciones a los ciudadanos Gabriel Jesús Canseco Cervantes y Francisco Merino García, así como un laudo a Teresita de Jesús Heredia Arrona por un monto de un millón 832 mil 736 pesos, y el pago de 4 millones 584 mil 865 pesos en “remuneraciones” sin que en ninguno de estos casos se calculara, retuviera y enterara el Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni se generara el comprobante fiscal digital de los pagos efectuados.
Esta evasión fiscal también la encontró en pagos de 40 millones 268 mil pesos correspondientes a salarios de personal que se contrató por medio de los presidentes de los Consejos Distritales para trabajar en mayo y junio de ese año; en los aguinaldos a personal eventual de consejos distritales y municipales y en finiquitos por término de relación laboral de 15 trabajadores eventuales por un importe de más de 48 mil pesos.
Pagos indebidos de salarios. La irregularidad se repitió en otros rubros: 9 millones 621 mil 369 pesos que se pagaron por “Estímulo por proceso electoral 2016”, “Compensación extraordinaria del proceso electoral 2016” y “Bono o estímulo proceso electoral sistemas normativos internos 2016”.
Además, según la auditoría de la Contraloría General del IEEPCO, en los pagos de nómina del personal eventual de marzo, mayo y julio de 2016 se realizaron pagos en exceso por 302 mil 524 pesos, debido a que el sueldo mensual bruto, según la nómina, fue superior al sueldo mensual bruto establecido en el tabulador de sueldos.
Mientras que cinco personas fueron contratadas para “apoyo logístico” y una para “apoyo jurídico”, aun cuando esos puestos no existen en el tabulador, por lo que esos salarios se consideran indebidos y rebasan los 61 mil pesos; aplicó 73 mil 500 pesos en gastos médicos para tres trabajadores, de lo que no existe documentación.
También se detectaron irregularidades en 9 millones 602 mil pesos, por probable desvío de recursos para el pago de prestaciones como “Estímulo por proceso electoral 2016”, “Compensación extraordinaria del proceso electoral 2016” y “Bono o estímulo proceso electoral sistemas normativos internos 2016”.
Así como compras por 2 millones 578 mil pesos que no cuentan con comprobantes, requisiciones, cotizaciones, contratos, convenios o pedidos, y controles de entrada y salida de almacén.
Además, el IEEPCO emitió, el 31 de diciembre de 2016, la póliza número 294 por un monto de 22 millones 11 mil 837 pesos destinados a cubrir compromisos devengados en el ejercicio 2016 y pendientes de pagar, los cuales no pudieron acreditarse, por lo que dicho recurso debió reintegrarse a la Secretaría de Finanzas estatal.
Consultado por EL UNIVERSAL sobre estos desvíos e irregularidades el IEEPCO respondió que la mayoría de las observaciones realizadas por la Contraloría General fueron solventadas, pero no especificó montos ni mecanismos.
Argumentó que en el caso del probable desvío de recursos de poco más de 214 millones de pesos, “la organización y desarrollo de un proceso electoral impone retos de carácter administrativo y operacional” y frente al escenario electoral en el que intervienen diferentes actores se presentan diversos problemas.
Las problemáticas que enfrenta el instituto, detalló, incluyen la instalación eventual de 25 consejos distritales y 153 municipales a quienes se debe dotar de recursos humanos, financieros y materiales para su funcionamiento, alto porcentaje de comprobantes de pago que no reúnen los requisitos fiscales, dificultad de conseguir materiales y servicios, traslado de integrantes, entre otras.
Respecto a la evasión fiscal al no reportar el ISR al SAT, la Contraloría General señaló, luego de una segunda revisión, que el IEEPCO nunca presentó la información para solventar esta irregularidad en el plazo otorgado, por lo que se entiende que: “los servidores públicos responsables asumen las responsabilidades de las consecuencias que pudieran derivarse de la materialización de los riesgos inherentes y de la recurrencia de la situación detectada con debilidades de control interno”, según se desprende del informe resultado del seguimiento a la auditoría número IEEPCO-AI-CG-01/2016″.
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