Dedicado a la memoria de mi madre, una oaxaqueña que aspiraba a un mejor país
En mi artículo de la semana pasada había indicado algunos elementos preliminares que deben ser considerados para la puesta en marcha de una reforma hacendaria que permita a las autoridades tener los ingresos suficientes para realizar sus funciones. Indique que los tres grandes problemas de la hacienda pública en este momento son (por el lado de los ingresos): 1) la nula capacidad recaudatoria que tienen los estados y municipios de la federación; 2) la dependencia que tiene la federación de los ingresos del petróleo y 3) la ineficiente recaudación tributaria en todos los niveles.
Aclaré que una reforma fiscal debe tomar en cuenta ciertas precondiciones básicas: 1) la oportunidad, no se puede proponer en cualquier momento una reforma de este tipo, se tienen que evitar los tiempos electorales; 2) la Secretaría de Hacienda debe preparar un diagnóstico integral de la situación de la hacienda pública, lo que en otros países se conoce como Libro Blanco. Cuánto se recauda, dónde se recauda, cuánto se gasta, en qué se gasta, cuánto se debe a quién se debe, los montos de evasión, el impacto de la informalidad y todo aquello que sea de utilidad para realizar una reforma integral exitosa; 3) convocar a los mejores especialistas en el tema, ajenos a intereses partidistas, para que analicen el Libro Blanco y propongan una nueva hacienda pública; 4) reflejar un balance entre grupos sociales, hasta donde esto sea posible; 5) usar los impuestos para recaudar y no con otros fines; 6) racionalizar el gasto público, eliminar dependencias y el dispendio; 7) aumentar el compromiso de recaudación de estados y municipios, así como la transparencia en el uso de los recursos que reciben; 8) negociar un pacto fiscal para evitar la premura y considerar un plan de ruta de mediano plazo para el logro de los diferentes objetivos.
De acuerdo con una propuesta realizada por el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, uno de los obstáculos más importantes para la efectividad de los impuestos se encuentra en no utilizarlos para recaudar. Cualquier otro uso, independientemente del propósito resulta en pérdidas fiscales que deben evaluarse. El pretendido uso de los impuestos como medio de redistribución del ingreso ha ocasionado que en la legislación fiscal existan diversos tratamientos especiales para otorgar subsidios y subvenciones. En 2005 las pérdidas como resultado de las subvenciones representaron el 6.6% del PIB, monto equivalente al 66% de lo recaudado en el 2004.
Para recuperar el ingreso que pierde el Estado se incrementa la presión impositiva sobre los contribuyentes que se encuentran fuera de los regímenes especiales. Situación que genera inequidad y nuevas pérdidas, al motivar a las personas a trasladarse a los regímenes especiales o bien a la informalidad. Actualmente el valor de la economía informal ronda entre el 12 y 30% del PIB. Eliminar las subvenciones aumentaría la equidad entre los contribuyentes y desalentaría la informalidad.
Si lo que se busca es beneficiar a las personas de bajos recursos, entonces una mejor estrategia sería la de aumentar el gasto en programas sociales destinados a ese fin; es decir, utilizar el gasto público para generar oportunidades de ingreso. Esto sería menos distorsionante que el actual sistema de subvenciones.
Se tiene que ampliar la base de recaudación de los impuestos. Avanzar hacia una mayor recaudación federal requiere combatir la evasión, pero también se puede lograr eliminado los tratamientos especiales en el ISR, y con un pequeño número de tasas y exenciones en el IVA que permitan incrementar el universo de contribuyentes.
Se propone también homologar las tasas general y fronteriza en el IVA. La existencia de dos tasas, una de 11% para la zona fronteriza y otra de 16% para el resto, brinda oportunidades para la evasión. Unificar las tasas permitiría simplificar la aplicación del impuesto y eliminar incentivos a cualquier manipulación contable.
Parte fundamental de la propuesta consiste en el establecimiento de tasas impositivas bajas. Lo niveles de recaudación están positivamente relacionados con los de desarrollo. Esto es así porque el gasto público financiado por los impuestos fortalece la capacidad productiva y de ingreso de la población. No obstante, la carga fiscal tiene límites, porque conforme ésta aumenta los particulares tienen menos incentivos y recursos para sus actividades productivas. La clave entonces consiste en tener una base de recaudación amplia, no tasas altas, lo primero ayudaría a evitar la evasión, generar más recursos y promover el crecimiento económico.
Finalmente, una reforma debe considerar la permanencia del marco fiscal, evitar los cambios constantes, ya que esto brinda certidumbre y seguridad jurídica al contribuyente. En este sentido, se debe evitar la introducción de nuevos impuestos y sustituir el uso de la resolución miscelánea por una revisión del marco impositivo a la mitad de cada sexenio, lo que reduciría la complejidad del actual sistema tributario.
Las propuestas arriba indicadas contribuirían a una mejora en la recaudación federal. Junto a lo anterior deben considerarse los mecanismos para conseguir que los estados y municipios incrementen su actividad recaudadora y dejen así de estar sometidos a los dictados y caprichos del gobierno federal. Los cambios no pueden seguir postergándose, cada día que pasa el país se rezaga y pierde oportunidades para construir una economía más competitiva.
Referencias:
Servicio de Estudios Económicos de BBVA-Bancomer. 2006. Diez acciones para impulsar la productividad y el bienestar.
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* Doctor especializado en estudios regionales y profesor-investigador de la UACJ
