Hay un principio fundamental afectado por la pandemia, fuera del asunto de salud, el cuál es más complejo y requiere atención de varios sectores: la economía. Para la atención de los enfermos de Coronavirus, el asunto se circunscribe a las decisiones del gobierno y su infraestructura médica y hospitalaria; para lo financiero son decenas de variables y factores influyendo en la generación de riqueza y bienestar social.
Los datos duros de la productividad en México son contundentes: las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, en el país son aproximadamente 4.1 millones de micro empresas clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios no financieros, las cuales generan el 52% del Producto Interno Bruto y 72% del empleo desde la iniciativa privada, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y Geografía, INEGI.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador describió en su mensaje sabatino de este 18 de abril que el país es una pirámide donde él ha atendido a la base con sus programas sociales de 65 y más, jóvenes construyendo el futuro, becas y sembrando vida principalmente, la realidad es otra, porque la base de una pirámide de sostenimiento productivo real en México son justamente las Mipymes; ni siquiera las grandes empresas y la gran industria sostienen las finanzas nacionales como las Mipymes. Por lo tanto, darle prioridad a los grupos que son beneficiarios de los programas sociales, por cierto, convertidos por los diputados federales en
constitucionales, es haber comenzado por parte de Andrés Manuel a reforzar sectores secundarios, quizá hasta terciarios y no primarios.
LOS NÚMEROS BRUTALES
El país, su gobierno, tiene un recurso financiero, una reserva denominada Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, FEIP, el cual pasó de 110 mil 141 millones de pesos en el 2016 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a 279 mil 770 millones en el 2018 que fue la cantidad entregada por Peña al gobierno de López Obrador en diciembre de ese 2018. Durante 2019 ese fondo bajó a la mitad, 158 mil 544 millones de pesos y cerrará 2020 con 30 mil millones de pesos, es decir, el gobierno de la 4T prácticamente se gastó casi 300 mil millones de pesos del FEIP en sus dos primeros años, todo lo que había, y claramente incrementó los recursos a los programas sociales, pues hasta hoy no iniciado ninguna inversión destacada en infraestructura o en otro rubro de productividad.
Este dinero se acumuló durante el período peñista, seis años, derivado de economías y excedentes de la actividad petrolera y otras, y su destino fue planeado para los momentos en que no se lograra la recaudación proyectada por el gobierno en turno y de ahí pudiera completar los gastos dentro de su planeación presupuestal anual. Sin embargo, desde la llegada de Andrés Manuel al gobierno, éste dio un giro de 180 grados a la política de productividad nacional, y priorizó por completo los programas sociales, los cuales son fundamentalmente asistencialistas, es decir, dinero regalado a grandes sectores sociales con fondos que no generan impuestos, no generan riqueza, no generan empleo y sólo son gasto para el gobierno. Basta ver los números para entender a dónde se va la mayor parte del presupuesto nacional; en el 2019, se destinaron 172 mil 300 millones de pesos a seis programas llamados de Bienestar Social, insisto, ninguno generador de productividad. Para el 2020, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estableció un crecimiento de 19.7% para estos mismos programas, es decir, 206 mil 390 millones de pesos.
DIJERA EL CLÁSICO: “DE DÓNDE VA A SALIR EL DINERO”
La recaudación en el año 2019, el primero de López Obrador en el gobierno, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue de un billón 172 mil millones por Impuesto Sobre la Renta de enero a agosto, lo cual representa una disminución de -0.4% respecto al mismo período de 2018; y de Impuesto al Valor Agregado entraron a las arcas gubernamentales 638 mil 482 millones de pesos, es decir, una caída de -2.9% real en ese mismo lapso. De diciembre de 2018 a marzo de 2019, el gobierno federal despidió 150 mil empleados y a la fecha no se ha emitido un nuevo reporte de despidos, pero la tendencia continuó todo el año, y se calculan un poco más de 300 mil personas que dejaron de laborar en la administración de López Obrador. En febrero de 2020, la Secretaría de la Función Pública pidió a las dependencias del gobierno federal reducir en un 50% sus gastos operativos, excepto Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Salud. En sus discursos recurrentemente pide el presidente a los empresarios pagar sus impuestos y revela nombres y adeudos con el SAT. Durante el mes de abril de este año, decretó el presidente la desaparición de 100 fideicomisos de Cultura y Ciencia para recabar todos los fondos de esos organismos que podrían alcanzar los 700 mil millones de pesos y disponerlos en forma directa desde el ejecutivo. Al cierre de cada ejercicio fiscal anual, la disminución acumulada del peso frente al dólar genera utilidades al Banco de México, Banxico, y éste deberá regresarle esas utilidades al gobierno de la República el mes de abril posterior al año concluido; esto significa regresarle esos remanentes en abril de 2021 al gobierno mexicano. El pasado 15 de abril, el mandatario federal acudió a una reunión con el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León para pedirle el apoyo de entregarle los remanente un año adelantado, es decir, no esperar a abril del 2021 para disponer de ese recurso. Díaz de León le dijo que no.
DEBER O NO DEBER, HE AHÍ LA CUESTIÓN
Una de las premisas del actual gobierno de la 4T ha sido no endeudar al país, y aunque muchas de las promesas se quedaron en el limbo totalmente incumplidas, esta parece ser una de las permanentes posturas del presidente. De esta manera, las prioridades de su gobierno son los programas asistencialistas con miles de millones de pesos destinados sin ninguna recuperación o regreso por alguna vía, y un gran recorte en casi todos los otros gastos. No ha habido ninguna postura clara hacia el empresariado de ningún nivel, ni al empleo formal, pues aparte de los despedidos por el propio gobierno federal en menos de dos años, tan solo en el mes de marzo de este año ya durante la pandemia, el IMSS reportó la pérdida de 130 mil 593 empleos formales registrados en esa dependencia ¡tan sólo en un mes! Nunca había vivido el país una situación de esta índole. Y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, declaró el 8 de abril pasado que por causa del Coronavirus se perdieron en total del 13 de marzo al 7 de abril de 2020, 346 mil empleos ¡uf! Ante la caída de los precios del petróleo y si la ruta sigue como va, es muy probable visualizar un endeudamiento en breve.
