El pasado jueves 1o de diciembre el gabinete legal y ampliado fue convocado en Palacio Nacional por el Presidente Peña Nieto para dirigirles un mensaje con motivo del inicio del sexto y último año de su gobierno, así como las prioridades que deberán alcanzar en el 2018. Estas son: Redoblar esfuerzos para combatir la inseguridad, sobre todo, en los 50 municipios más violentos del país; concluir la implementación del Nuevo Modelo Educativo; reducir la pobreza; profundizar la transformación económica, y fortalecer la presencia de México en el mundo.
Buenos deseos navideños del Presidente Peña que se agradecen, pero si somos objetivos consideremos que sí en cinco años no se logró reducir al mínimo los índices de pobreza y desigualdad y que 45 millones de mexicanos no tienen dinero suficiente para comprar la canasta básica de alimentos, concluiremos que la pobreza y la desigualdad continuar galopando incontenibles.
En consecuencia, es fácil suponer que los 365 días que le restan a su gobierno solo alcanzarán para hacer las maletas y blindar las elecciones del año entrante mediante la iniciativa de seguridad interior que, por cierto, aprobó la cámara de diputados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, quedando en reserva para su discusión 101 artículos.
Esta Ley de Seguridad Interna fue configurada con objeto de regular la participación de las fuerzas armadas en labores policiacas, a través de reglas y procedimientos específicos para su intervención y estableciendo las formas de coordinación entre los Poderes de la Unión, los gobiernos de los estados y municipios para atender las problemáticas de inseguridad donde sean rebasadas las capacidades defensivas y ofensivas de las autoridades locales.
Ante el desbordamiento incontenible de la violencia y el crimen organizado en México, más la imposibilidad de las autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de la población, agregando el resultado negativo y fracaso rotundo de las estrategias federales usadas en contra el crimen organizado, en su conjunto, los Poderes de la Unión han optado por la última oportunidad que tiene el gobierno de Peña Nieto para hacer frente a un estado de cosas tan violento que ha rebasado a todas las instituciones de seguridad del gobierno federal; esa opción es la Ley de Seguridad Interna aprobada por los diputados y enviada al senado para su análisis.
Sin embargo, una controversia constitucional asoma por parte de los partidos de oposición por lo que seguramente se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual decidirá que hacer con la controvertida Ley, duramente criticada por las ONG, la CNDH, parte de la opinión pública interna y externa, la de los activistas que han externado su condena a dicha ley, porque de aprobarse, según su apreciación, perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.
La Ley de Seguridad Interna contiene artículos delicados como el 16 que a la letra dice: “En aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las fuerzas armadas.
Este articulo 16, me parece tener dedicatoria para las elecciones federales del 2018, consideradas como las más riesgosas del México contemporáneo, lo cual me parece exagerado, toda vez que en cada ocasión que hay elecciones federales se vierten los mismos rumores de “ahí viene el lobo”.
No obstante, en esta ocasión, el PRI del Presidente debe ganar a como de lugar, no importa como, pero ganar, ganar, porque de suceder lo contrario hay mucho, pero mucho que perder para los integrantes del gobierno que termina, mucho más de lo que imaginamos.
En consecuencia, el acto del pasado viernes en Palacio Nacional reflejó el último acto de esta obra gubernamental que le queda a deber al respetable en varios rubros y que ahora, a punto de caer el telón, se propone, en un año, hacer lo que ya se antoja imposible, es decir, hacer lo que no pudo en cinco años atrás.
…Y bueno, lo que le resta al tercer acto de esta obra de equivocados libretos es que termine lo mejor que se pueda, por ejemplo: que la inflación descienda, que en las próximas elecciones federales se respeten los derechos ciudadanos sin intervención de las fuerzas armadas; que no sean un simple acto de gobierno, por el contrario, competencias electorales con libre y abierto diálogo de respeto y responsabilidad, al margen de descalificaciones e insultos innecesarios que rebajan la altura que deben caracterizar los debates de quienes aspiran gobernar a México.
Aconsejable sería que los aspirantes tropicales tengan presente que asumir actitudes que atropellan todo lo que encuentran a su paso, que actúan como si no existieran reglas y leyes que regulan los procedimientos políticos electorales, no convienen ni a ellos ni al país porque México, con todo lo que le acontece, no es el rancho ni la selva tropical que se tiene reservada para el retiro.
Se debe tener claro que la política es una actividad difícil, seria y peligrosa por la responsabilidad que implica; de ahí que la Ley de Seguridad Interna este considerada como una de las herramientas que deberá estar lista para que este gobierno cierre su gestión sin mucho ruido.
¿Podrá hacerlo?
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