El 15 de diciembre el alcalde de Huajuapan, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, rindió su segundo informe de gobierno. Pecaron de ingenuos quienes esperaban escuchar un verdadero balance del segundo año de administración del presidente-notario. Fue un acto “para la foto” y para cumplir sólo en lo formal el mandato de la ley, pues el brevísimo documento que leyó de prisa carecía de sustancia, estaba plagado de autoelogios, justificaciones, medias verdades y mentiras completas.
Quienes esperaban que el presidente-notario rindiera cuentas claras a la ciudadanía, no sólo de los millonarios recursos económicos obtenidos este año (más de 235 millones de pesos) sino de las obras y acciones de su gobierno, quedaron con un palmo de narices. Y con un palmo de narices quedó la mayoría de los huajuapeños que hace dos años y medio le otorgó su voto para gobernar este municipio por segunda vez. El frentazo con la realidad está resultando muy doloroso, pues lo que se ha vivido son los dos primeros años de lo que ya se perfila como un trienio perdido.
Sin pretender hacer un recuento exhaustivo, recordemos algunos de los elementos que han caracterizado el gobierno del presidente-notario:
Contra su promesa de reducir el gasto corriente, en menos de dos años hizo crecer en casi 45 por ciento la plantilla laboral del ayuntamiento, creando más burocracia costosa e inútil que en los nueve años anteriores. Gran parte de las nuevas plazas corresponden al cuerpo de edecanes bautizado como “Policía Turística”, cuyas integrantes no conocen ni el nombre de las calles del centro, y a la “Policía Vial” cuyos elementos desconocen el reglamento de tránsito y el sentido común.
Frente a la promesa de terminar con la inseguridad y poner orden en el municipio, se han vivido en Huajuapan situaciones inéditas como la ejecución de seis personas, entre ellas dos niñas, en una fiesta infantil en la que resultaron heridas tres personas más. Asimismo, el linchamiento de un presunto asaltante por parte de una turba integrada por taxistas, en presencia del mismísimo presidente-notario. A esto se suma la incapacidad de su gobierno para concluir las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2) que recibió en proceso de construcción.
La transparencia en el manejo de las finanzas públicas y en los actos de gobierno fue otra de las promesas del presidente-notario, quien incluso creó una regiduría con ese nombre y la asignó al regidor priista Enrique Camarillo.
La realidad es que la información sobre temas relevantes como la contratación de la obra pública y las adquisiciones de bienes y servicios es inexistente, y la poca que está disponible presenta un enorme rezago. La nómina del ayuntamiento que durante el primer año de su administración se mantuvo oculta, finalmente tuvo que ser publicada, pero no por un acto de voluntad, sino por un mandato de la entonces Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo)… y aun así sólo está actualizada hasta el mes de junio.
Entre los mayores signos de opacidad se encuentra la figura de los “precabildos”, que más que un instrumento de búsqueda de consensos ha sido un recurso para burlar la ley, al tratar “en los oscurito” los asuntos públicos y evitar que lleguen a las sesiones formales.
Los conflictos de intereses y el uso del poder para beneficiar a familiares y amigos ha sido otro de los rasgos distintivos del gobierno del presidente notario. En este aspecto destacan el convenio suscrito con la empresa “Grúas Pepe”, propiedad de uno de sus hermanos, para el arrastre y resguardo de los vehículos remitidos al corralón; la renta de pantallas al regidor Fidel Ángel López González; la asignación de obras “por administración” a su primo Florentino Cruz Rodríguez y a un hijo del síndico Guillermo Guzmán Chávez; y la compra de despensas al otro síndico, Celestino Rivera Galicia.
Uno de los casos más escandalosos en este aspecto es el del contralor municipal Carmelo Hernández Pérez, quien a través de su hijo es uno de los principales proveedores de gasolina del ayuntamiento. A esto se debe que su actuación haya sido de sumisión absoluta al presidente-notario y de complicidad en casos como la falsificación de un dictamen de obras por parte del director de director de Planeación, Control y Evaluación del Desarrollo Social y Urbano, Juan Gabriel Acevedo Cruz, y la intervención de la entonces directora del DIF Municipal, Edith Herrera Reyes, en el caso del fraude con un supuesto programa de despensas.
Por si esto no bastara, una de las primeras obras del presidente-notario fue la pavimentación de la calle donde se ubican los departamentos de su propiedad, en la agencia Acatlima. Otra obra para beneficiar a los amigos fue la introducción de servicios y la apertura de un acceso a la escuela propiedad de su tesorero municipal, Musio Manuel Morales.
El despilfarro de los recursos públicos ha sido otra de las características del gobierno de Luis de Guadalupe Martínez. En el primer año de su administración gastó casi 6.5 millones de pesos para remodelar el Palacio Municipal con “una arquitectura de pésimo gusto y mala calidad”, según la calificó el doctor en arquitectura Enrique Flores Niño de Rivera. En fecha reciente gastó al menos cuatro y medio millones más en la construcción de un hemiciclo a Juárez coronado con una miniestatua que ha sido objeto de burlas en las redes sociales.
La improvisación y falta de planeación en la administración pública y de manera especial en el rubro de obras ha sido otro de sus características. Así lo reflejan la práctica penelopiana de demoler de noche lo que se construye de día, así como la creación y desaparición de áreas de la administración municipal y la constante rotación de mandos medios.
Sus pleitos innecesarios con el gobernador Gabino Cué, con el exsubprocurador regional de la Mixteca y con el excomandante de la 23ª. Compañía No Encuadrada del Ejército Mexicano, así como sus intentos de amordazar a los medios de comunicación locales y estatales son reflejo de su carácter intolerante y autoritario.
Lo peor del caso es que la soberbia del presidente-notario no le permite reconocer sus errores y enmendar el camino. Así lo evidencia su amenaza (no se le puede llamar de otra manera) de que en los primeros meses del año volverá a implementar el proyecto de reordenamiento vial, que ha sido uno de los fracasos más estrepitosos de su gobierno.
A pesar de que alardea de su fe católica y de su guadalupanismo, su altivez no le permite hacer un examen de conciencia para llegar al “dolor de corazón” y finalmente al propósito de enmienda. Por eso todo apunta a que el de Luis de Guadalupe Martínez será un trienio perdido; y lo será no sólo por los recursos dilapidados y el tiempo malgastado en ocurrencias, sino por la pérdida de las oportunidades de desarrollo para el municipio y de la fe de todo un pueblo que entregó su confianza a quien en su momento se presentó como su redentor.
A CONTRAPELO. Aunque el presidente-notario jura sobre las cenizas de sus antepasados que nada tiene que ver con la radio “pirata” que maneja su “director de comunicación social alternativo” y en la que participa el ex responsable de obras públicas del ayuntamiento, nadie le quita esa idea a la gente. Como dirían los italianos, “se non e vero e ben trovato”, “si no es verdad al menos lo parece”.
Vía @Viral_Noticias
