La versión que se ha ido fortaleciendo en la semana pasada es que el tesorero del Congreso del Estado, Mauro Alberto Sánchez Hernández, es un topo, es decir, un enviado desde fuerzas políticas externas a la Cámara de Diputados para realizar dos acciones fundamentales: 1.- Colocar empresas que cobren millones por operar como proveedoras y outsourcing y 2.- Agarrar a los diputados y diputadas de los desos y desas al haberles repartido dinero en forma abundante y comprometedora. Me explico. En cualquier otra administración del pasado en la cual los nombramientos de funcionarios designados, por la mitad de lo expresado por Mauro Sánchez –o menos- ya lo hubieran corrido y hasta a la cárcel lo hubieran mandado los legisladores; sin embargo, las voces que en un principio se levantaron en contra del tesorero, incluida la del presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista, Félix Antonio Serrano Toledo, hoy se ha apagado en exigencias y ha declarado sobre el despido o permanencia del encargado de las finanzas que los balconeó, ya no está en la mesa de los acuerdos de los coordinadores; es decir, ya no es necesario hacerlo renunciar ni pedirle auditoría. Esto lo declaró luego de haberse reunido en días pasados en un desayuno con integrantes del Poder Ejecutivo y con el propio gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo. Ahora la crisis vivida en el Poder Legislativo local ya no es por cuestiones fiscales en el reparto del dinero a los diputados, ni por las posiciones políticas en la Mesa Directiva, -al menos ya no lo indispensable de solucionar- sino por los montos de dinero repartido entre coordinadores parlamentarios, los cuales no han quedado en claridad para los integrantes de cada fracción, todo por la bocota del Tesorero. La preocupación central de los coordinadores del PRI y el PAN, sobre todo, pero también del PRD, es evitar a toda costa que trascienda cuánto les han entregado durante todo el año, porque será muy complicado para ellos explicar lo realizado con esos recursos, los cuales podría ascender a varios millones de pesos.
LO FISCAL NO IMPORTA
Aunque parezca increíble, en realidad ni al Tesorero ni a los diputados parece importarles la nueva ley de Hacienda entrada en vigor desde enero del presente año, la cual en términos generales considera todo ingreso –incluido el del erario estatal- como gravable. De esta manera, varios diputados como Fredy Gil Pineda Gopar y María Luisa Mathus Fuentes del PRI; Sergio Bello Guerra del PAN, y otros, han reconocido recibir un rubro de 115 mil pesos mensuales ¡en efectivo! Multiplicado eso por 42 diputados nos da 4 millones 830 mil pesos mensuales, por 12 meses, 57 millones 960 mil pesos al año ¡entregados en efectivo a los diputados! bajo el concepto “gestión social”. Por supuesto, es indispensable solicitar a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, Cotaipo, que a su vez le pida a la Cámara de Diputados un reporte sobre cómo va justificar el Tesorero el retiro de casi 58 millones de pesos para entregarlos en efectivo a los legisladores; por supuesto, también cómo están comprobando el gasto de esos recursos los diputados, porque si lo gastan de manera discrecional, y como dijo Fredy Gil Pineda en entrevista: “…consigo facturas para poder comprobar…” podríamos estar ante una gigantesca Discrepancia Fiscal, término de la Secretaría de Hacienda para definir erogar más de lo que se ingresa, asunto por demás considerado como delito fiscal. Sin embargo, créame Usted, amigo lector, este asunto tiene absolutamente sin cuidado a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, a todos.
¿Y LA CHEROKEE, PA?
Pero ahí no termina este asunto, porque hay otros rubros entregados también a los 42 diputados que alcanzan, según datos recabados por esta columna, 56 millones mensuales, o 126 millones anuales bajo conceptos como “Apoyo Legislativo”; esto da casi 3 millones de pesos por diputado, por mes ¡Una locura de reparto! También esta cantidad debe responder el Tesorero cómo se entrega a los diputados, y estos a su vez, cómo la comprueban fiscalmente, pero también operativamente, porque es dinero del erario público, no de ellos. Hasta este punto se llevan 183 millones 960 mil pesos anuales sumados los rubros “Gestión Social” y “Apoyo Legislativo”. Los cargos aparentemente deducibles son en primera instancia la “Dieta” del diputado que alcanza los 42 mil pesos mensuales, con lo cual nos da 1 millón 640 mil mensuales por 42 legisladores, o 21 millones 680 mil pesos al año como salario de todos los diputados en el año. Otro rubro conocido es el mencionado por el Tesorero con 250 asesores que se les paga para ayuda del enorme trabajo legislativo; para este rubro se destinan 100 mil pesos por diputado por mes, lo cual arroja 4 millones 200 mil mensuales, o 50 millones 400 mil pesos ¡en asesores! Sería muy bueno si este concepto se destina realmente al pago de casi 6 asesores por diputado y se tuvieran productos legislativos superiores a las dos iniciativas aprobadas el año legislativo concluido; pero pensemos con buena intención y digamos sí; estos dineros se pagan vía outsourcing, lo cual aunque legítimo y legal, genera un desentendimiento laboral de los diputados con sus empleados, pero en fin. En resumen, en duda de comprobación fiscal tenemos 183 millones 960 mil pesos –“Gestión Social” directa y “Apoyo Legislativo”-, y con deducibilidad fiscal, 70 millones 80 mil pesos -“Dieta” y “Asesores”- . La suma de ambos conceptos da 256 millones 40 mil pesos en el año legislativo 2014. Si como dijo el Tesorero Mauro Alberto, los diputados ejercen el 70% en forma directa para la gestión social en general, incluyendo los conceptos arriba desglosados, el presupuesto del presente año destinado a la Cámara de Diputados fue de 604 millones de pesos, por lo tanto, el 70% son 422 millones de pesos –así lo declaró a esta columna el Tesorero-. Si a estos le descontamos los 256 millones detallados, ¿dónde quedan 166 millones de pesos de esos 422 millones? Porque 30% del total presupuestal -604 millones- son de gasto corriente de la Cámara, es decir, 182 millones, entonces la suma sub total es 256 millones de gasto de los diputados más 182 millones de gasto corriente, suman 438 millones, cabe la pregunta ¿Y los 166 millones restantes de los 604 millones de presupuesto total? ¿y la Cherokee, pa?
TESORERO INGENUO
Ante estos números otorgados en buena parte –no todos- por el Tesorero del Congreso uno no puede menos de preguntarse ¿por qué lo hizo? Cuando una persona se contrata en un nivel en el cual se requiere mucha discreción y manejo responsable de la información, se liga el concepto probidad a la relación entre quien contrata y quien es contratado. Incluso existe una causal legal y válida de despido llamada “falta de probidad” cuando las acciones del contratado se salen de ese nivel de confianza requerido. Los datos proporcionados de bote pronto por el Tesorero a los medios de comunicación podrían muy bien caber en este supuesto de falta de probidad, porque ha puesto en riesgo a los diputados ante la información incompleta de los movimientos financieros referidos. Sería bueno consultar, por ejemplo, al Servicio de Administración Tributaria, SAT, que es lo procedente derivado de estos repartos en la parte fiscal. Si este estado de vulnerabilidad se lo hubiera provocado un empleado suyo a su empresa o en su trabajo a Usted, amigo lector ¿Qué sería lo procedente? ¿Pasarlo por alto o de entrada neutralizar al responsable de esta falta de probidad y luego correrlo? Porque el primer pensamiento de esta columna surgido a raíz de estas declaraciones del Tesorero fue considerar una actitud de ingenuidad, de haber hablado sin medir las consecuencias; sin embargo, el paso de los acontecimientos han abierto la duda hacia otras razones del proceder, y sobre todo por las reacciones posteriores de los diputados.
ANTECEDENTE PARA UN TESORERO TOPO
Los diputados del PRI del Congreso local traen una fuerte disputa con sus homólogos panistas y perredistas luego de que al no asistir al IV Informe de Gobierno de Cué Monteagudo, fueron destituidos de la Mesa Directiva dos legisladores tricolores y eso provocó durante las dos sesiones posteriores el enojo del PRI, tomaron la tribuna en una y faltaron a la otra. Esto los colocó en la situación extrema de tener que asistir a la sesión del jueves pasado, porque de no hacerlo podrían ser destituidos de sus cargos los diputados titulares priistas al acumularse tres faltas consecutivas sin justificación, y subirían en automático sus suplentes. Ante esta situación, los diputados del PAN acordaron no asistir a la sesión para al no haber quórum suficiente, se anulara la sesión y así se salvaron los del PRI de tener que llegar con la cola entre las patas, so pena de perder su curul. La gran pregunta sobre la razón del PAN de efectuar una acción semejante para rescatar a los tricolores, cuando hubiera sido la gran oportunidad para disminuirlos políticamente al interior de la Cámara de Diputados parece responderse con un cambalache lógico: Votar el PRI en contra de la destitución del Tesorero en la Junta de Coordinación Política y en el pleno, lo cual sumado al voto del PAN, impide la salida de Mauro Alberto Sánchez ¿Por qué harían esto?
TESORERO TOPO
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Serrano, a la llegada a su cargo el 13 de noviembre pasado, declaró con firmeza la necesidad de una auditoría al Tesorero, personaje propuesto desde principios de año por la fracción del PAN, así como la necesidad de sustituirlo. Sin embargo, en declaraciones recientes afirmó que los acuerdos entre fracciones ya no pasan por el tema de Mauro Alberto Sánchez. Esto lleva a la deducción de una fuerza externa a la Cámara de Diputados local la cual logró infiltrar al Tesorero en ese cargo, y ahora tiene el control de poder exhibir a los legisladores sobre las operaciones realizadas durante el tiempo en su cargo, es decir, si lo corren pude dar a conocer la distribución de los recursos. Lo verdaderamente maquiavélico del asunto es si algún político –u operador- logró este supuesto, tiene un control impresionante sobre el poder legislativo. Eso convertiría a Mauro Alberto en un Tesorero Topo dentro del Congreso. Si se sabe el procedimiento de su nombramiento –tan aferrado por cierto en su momento- como una posición del PAN y específicamente de su coordinadora parlamentaria, Natividad Antonia Díaz Jiménez, quien es nombrada única y exclusivamente por el dirigente estatal de ese partido, sin opinión ni votación de la fracción, en este caso Juan Mendoza Reyes, no es difícil seguir el hilo conductor de quién está detrás de Mauro Alberto Sánchez Hernández. jaimelabc22@gmail.com
