Toda la atención está puesta en la elección de Presidente de la República, sin considerar que buena parte de la gobernabilidad y la capacidad de gestión que pueda tener el sucesor de Enrique Peña Nieto, se deposita justamente en la relación que éste tenga con las cámaras legislativas. Preliminarmente, los números apuntan a la posibilidad de que, por primera vez, un partido de izquierda (Morena) tenga una bancada lo suficientemente robusta como para desbancar al PRI; que las bancadas de las fuerzas hoy coaligadas (PAN-PRD) crezcan; y que el PRI sea reducido a tercera o cuarta fuerza política. Independientemente de quién sea el próximo Presidente, esa es una noticia hoy agridulce para el funcionamiento del aparato estatal durante los próximos años.
En efecto, en los últimos años se ha reflexionado con cierta profundidad acerca de los efectos que ha tenido en la democracia y el gobierno en México, el hecho de que desde 1997 no exista una mayoría legislativa definida. Se ha dicho, por un lado, que eso ha sido consecuencia de la pluralidad política en México y que eso debe ser asumido como una de las improntas de nuestra joven democracia. En la contracara, se afirma que la pluralidad política ha significado un freno importante a la posibilidad de consolidar grandes acuerdos nacionales, en aras de superar no sólo las diferencias políticas, ideológicas o de opinión, sino sobre todo de establecer condiciones de desarrollo y crecimiento para el país que no signifiquen rupturas entre los grupos políticos opositores entre sí.
En esa lógica, lo que sí queda claro es que uno de los grandes pendientes de la democracia en México, radica en que nuestros partidos no han sido capaces de construir un sistema de coaliciones que le aporte estabilidad y certeza a los acuerdos políticos y legislativos, y tampoco han demostrado la civilidad suficiente como para asumir las corresponsabilidades derivadas de dichos acuerdos, más allá de la tentación de aventar el tablero (como lo hacen de forma recurrente) cuando el juego les deja de ser favorable, o cuando éste comienza a mostrar los costos políticos ocultos, dentro de los aparentes beneficios inicialmente vislumbrados.
Por esa razón, parece que la pluralidad legislativa ha sido una especie de ‘atorón’ para la eficacia gubernamental en los últimos años, y en ese marco ni siquiera el Pacto por México logró tener un destino distinto. Siguiendo la lógica de mantener un acuerdo según conveniencias, hoy los mismos que votaron a favor algunas de las reformas incluidas en el Pacto (la educativa es ejemplo perfecto de ello) están proponiendo su derogación. Es justamente lo que hoy plantea el candidato del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, respecto a la reforma educativa, que apenas en 2013 fue respaldada y votada a favor por dos de los tres (los dos más importantes) partidos que lo postulan como candidato a la Presidencia.
Así, queda claro que el reto que viene a partir de diciembre próximo es mayúsculo para la gobernabilidad y la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Sea quien sea el próximo Presidente, deberá enfrentarse a una cámara con una mayoría de izquierda, pero sin los espacios suficientes para generar los consensos que se traduzcan en votaciones a favor ni siquiera para reformas legales, y qué decir de las modificaciones constitucionales, en las que además participa el consenso de los gobernadores y las legislaturas estatales. La situación, en un extremo, no parece simple para el próximo Presidente; pero, en el otro extremo, ese podría convertirse en uno de los frenos más importantes frente a las tentaciones autoritarias de quien pudiera ser el próximo Presidente.
LOS NÚMEROS
En su entrega de ayer domingo (https://bit.ly/2IW83st) en la columna Retrato Hereje, el periodista Roberto Rock Lechón ofrecía una perspectiva de cómo se integraría la próxima Legislatura en el Senado de la República, si las encuestas y sondeos de opinión reflejan una realidad correcta de las preferencias electorales para los partidos políticos.
Rock apuntaba: “Las proyecciones establecidas por diversas encuestas concluidas en las semanas recientes ubican, hasta ahora, al PRI con una bancada de aproximadamente 20 escaños, sumando ya las fórmulas de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional que suman un total de 128 bancas.
Se trataría de la más débil representación senatorial del partido oficial en sus casi 90 años de historia, y muy lejana de los 55 integrantes que coordina actualmente Emilio Gamboa. Esta última podría ser, paradójicamente, la cifra que alcanzara la organización creada por Andrés Manuel López Obrador, un dato insólito para un partido virtualmente recién nacido. El Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acumularía 44 bancas, y el resto (9) quedaría en otras manos, entre ellas muy probablemente las de al menos un independiente.
Bajo esta nueva realidad, se desfondará la proyección imaginada por diversos actores de la administración Peña Nieto y el PRI mismo para contar una cabeza de playa en el Senado, sea cual fuere el resultado de la contienda presidencial.”
Podría parecer que sólo habrá dos bancadas fuertes: Morena y la del Frente actual. El problema es que así como Morena tiene amplias posibilidades de ganar también la Presidencia de la República y aún así su numerosa bancada no le serviría de mucho sin las alianzas legislativas necesarias y correctas, también es claro que difícilmente podría sobrevivir la alianza PAN-PRD-MC si Ricardo Anaya no gana la Presidencia, y por ende esa supuesta bancada de alrededor de 44 escaños en la cámara alta, en realidad serían dos bancadas en la que la más numerosa de ellas no llegaría a tener más que unas 25 posiciones y la otra ser incluso menor que la del PRI.
¿Por qué es importante esto? Porque nuevamente la perspectiva que queda es que el próximo Presidente tendría que construir consensos. Y dada la historia de desavenencias entre los últimos tres Presidentes y el Congreso siempre que lo que está en juego son conveniencias e intereses políticos y electorales, lo cierto es que eso no parece fácil. Mucho menos cuando se piensa en la posibilidad de derogar disposiciones sensibles como las de las reformas de los últimos tiempos, como la educativa o la energética.
PANORAMA GRIS
Al final, no se puede pensar que después del 1 de diciembre los partidos sigan pensando en la lógica actual. A partir de entonces cada uno de ellos verá sus propias conveniencias e intereses. Y si el próximo Presidente no logra construir alianzas correctas y duraderas, lo más probable es que veamos otros seis años de cambios institucionales parciales, desencuentros, recelos y disputas entre el Presidente y el Congreso. Nada distinto de lo que hemos visto en los últimos años.
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