Cuando la administración de Obama inició su intento por desarmar la venta engañosa de las pensiones, hizo algo más que un gesto populista. El tema aparentemente seco de regular las ventas de productos para el retiro va al centro de la dificultad central del mundo occidental en la administración de inversiones a largo plazo.
Las empresas ya no están dispuestas a asumir todo el riesgo de los ahorros de los empleados al garantizarles una pensión fija. En lugar de eso, hace cuatro décadas, EU empezó a transferir la responsabilidad a las personas a través de la Ley de Seguridad de Ingresos para los Jubilados (Employment Retirement Income Security Act o ERISA). Ahora, apenas una tercera parte del dinero de retiro de EU lo tienen las pensiones corporativas tradicionales.
ERISA se convirtió en el modelo para los sistemas de pensiones en muchos países en todo el mundo. Y dejar que las personas coloquen su dinero en planes de inversión que pueden subir o bajar de acuerdo al mercado disminuyó la presión en las finanzas de las empresas, pero planteó un problema clásico de los límites del paternalismo. La inversión de pensiones es complicada, y es fácil que los ahorradores individuales se equivoquen. Entonces, ¿qué tanto debe intervenir el Estado para ayudarlos?
En EU, el mercado de inversión más grande del mundo, el problema aumenta por el anticuado diseño de las pensiones bajo ERISA, y por por las disputas territoriales de regulación. Cuando alguien sale de un trabajo o se retira, pueden transferir el dinero que se acumuló en su plan de retiro -conocido como 401 (k)- a una Cuenta Individual de Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés). El año pasado, cerca de 300 mil millones de dólares (mdd) entraron a las IRAs.
Ahora la Casa Blanca propone que los que asesoran a los ahorradores sobre cómo asignar esos fondos deben tener una responsabilidad fiduciaria; se les exigirá trabajar para los mejores intereses del ahorrador. Esta propuesta nada excepcional, en la práctica es muy controversial.
Una de las razones es la política de regulación. Los asesores para la jubilación responden tanto a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), supervisada por una comisión bipartidista, como al Departamento del Trabajo. Las reglas bajo ERISA son mucho más reglamentarias, y la industria preferiría el que la Comisión de Bolsa y Valores hiciera valer el control en el área. No lo hace, lo que llevó al gobierno a actuar.
La segunda razón es la cuestión de las remuneraciones de los asesores. Los clientes más ricos generalmente utilizan asesores de inversión registrados, que cobran honorarios discretos por sus servicios y la SEC los regula. Los asesores que trabajan para las personas menos pudientes generalmente reciben un pago por comisión, que puede ser opaco, y varía con el tamaño de la inversión y con el producto de inversión que elijan.
Para la Casa Blanca, este consejo entra en “conflicto”, y lleva a que haya fondos más bajos para los ahorradores cuando se jubilan. Sus estimaciones en un sistema descendente es que el costo de las comisiones excesivas pueden estar cerca de un punto porcentual al año. Con 1.7 millones de mdd de activos IRA invertidos en productos que se venden a través de comisión, esto sugiere un costo de 17 mil mdd al año para los ahorradores.
La industria argumenta que casi es seguro que esta es una sobreestimación porque los IRAs los dominan unas cuantas grandes compañías -como Fidelity Investments, BlackRock y Vanguard- que compiten en precio y se benefician con las economías de escala.
El Investment Company Institute (ICI), la principal asociación de operación de la industria, señala que las cuotas de los planes 401 (k) representan 0.58% al año, mientras que las IRAs cobran 0.74%, una distancia significativa, pero menor a lo que sugiere la Casa Blanca.
Una segunda objeción es más profunda: las inversiones generalmente necesitan venderse, y para muchos ahorradores, una forma de comisión es la única manera práctica para pagar a los que realizan la venta. El ICI advirtió al Departamento del Trabajo en una carta que la nueva norma puede “limitar innecesariamente la capacidad de los trabajadores norteamericanos” para obtener la asesoría que necesitan.
Por lo tanto es seguro que el problema provoque una lucha política. La última vez que el Departamento del Trabajo intentó introducir una norma fiduciaria, en 2010, tuvo que retirarla bajo una feroz oposición.
Pase lo que pase, EU eventualmente tendrá que encontrar una forma clara y barata para orientar a los ahorradores en los productos financieros adecuados. El resultado lo observará todo el mundo.
Agencias
