Parece tierra de nadie y es cruda la realidad de unas cien familias del paraje El Ranchito perteneciente al municipio de San Agustín de las Juntas. Ubicado a menos de diez minutos de la capital oaxaqueña y a 200 metros de la carretera a Puerto Ángel, las condiciones de este asentamiento humano son deplorables, de vergüenza para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
El Ranchito se planeó como un fraccionamiento comunal en donde viven alrededor 100 familias que no cuentan formalmente con los servicios básicos de agua potable, drenaje, alumbrado, seguridad, recolección de basura y mucho menos con centros escolares.
La necesidad de vivienda obliga a soportar todas las carencias, incluso la desatención y la burla de las autoridades municipales. Los habitantes de El Ranchito parecieran ‘arrimados’ y no hijos de San Agustín de las Juntas.
Se nombró un comité de electrificación el día 9 de octubre del 2011 para gestionar la ampliación de la red eléctrica, agua y drenaje, pero se desintegró por el rechazo de la autoridad municipal. Los vecinos de este paraje entregaron al presidente municipal de San Agustín de las Juntas, Samuel López Aquino una solicitud y copia de un presupuesto para la ampliación de la red eléctrica, pero la gestión se estancó debido al desinterés de la autoridad municipal.
Algunas viviendas de este paraje cuentan con el servicio de energía eléctrica que toman del pueblo vecino de Ánimas Trujano, y la comparten entre tres o cuatro familias, y debido a la sobrecarga los recibos a pagar fluctúan entre mil y cuatro mil pesos, y los cables de luz de la mufa a los domicilios recorren 200 y hasta 500 metros.
La guerra por el agua también es una alarmante realidad, porque para abastecerse del vital líquido los habitantes utilizan una sola toma o hidrante, y al ser insuficiente genera conflicto entre vecinos.
La vigilancia es nula en El Ranchito, en donde los robos domiciliarios y asaltos están a la orden del día y de la noche. Del carro recolector de basura ni hablar, no pasa en este lugar.
Movilización ante la negligencia
Consultado al respecto, el secretario de Acción Política del Consejo Ciudadano de San Agustín de las Juntas, Carlos Díaz Alarcón señaló que pareciera que al gobierno, si no le manifiestan las comunidades su inconformidad de manera violenta o perjudicando los derechos de terceros, no pasa nada.
Con amplio conocimiento de causa reprochó el Pacto de Gobernabilidad, por lo inútil que resulta dirigir oficios o tratar de usar las instancias correspondientes para expresar alguna inconformidad de la comunidad entera, pues los ciudadanos que quieren proceder con legalidad y civilidad se topan con una serie de trabas.
Carlos Díaz señaló indignado al secretario particular de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Felgueres que en vez de dar una solución pacífica a los conflictos sociales como el que vive San Agustín de las Juntas, “nos está orillando a tomar otro tipo de acciones, para que nos escuche alguien que de verdad tenga capacidad de decisión”.
Se refirió al conflicto generado por presuntos actos de corrupción del actual ayuntamiento, en donde “pareciera que el único camino que nos queda es el de la movilización”, porque a espaldas del titular de la SEGEGO Carlos Felgueres “se ha dedicado a tapar las corruptelas e incapacidad de la autoridad municipal”.
A través de Felgueres la SEGEGO solapa al suplente del edil, Manuel Cruz López que de manera totalmente ilegal y prepotente ocupa cuatro cargos a la vez: suplente del presidente Samuel López Aquino; encargado del Programa Oportunidades y 70 y más; y por si esto fuera poco se ostenta como “director de salud”.
El secretario de Acción Política del Consejo Ciudadano recordó que el 26 de febrero de este año la asamblea comunitaria expulsó del palacio municipal a Manuel Cruz López, luego de que fue denunciado por el regidor de Hacienda Javier Fabián Mejía de ser el poder tras el trono y no dejar trabajar al presidente municipal o de empujarlo a cometer actos de corrupción.
Carlos Díaz indicó que el Consejo Ciudadano de San Agustín se creó debido a la inconformidad y hartazgo social, por malos manejos de la autoridad municipal y advirtió que el pueblo ya agotó el diálogo y los cauces legales, por lo que responsabilizó a la Secretaría General de Gobierno de la movilización ciudadana, por violentar la autonomía municipal, por proteger a las malas autoridades y por entorpecer la atención a la demanda social.
Agencia JM
