La mezcla de incompetencia, ambiciones malsanas, engaño, corrupción e impunidad que predomina en los grupos de poder económico y político ha llevado al país a una situación de extrema gravedad-violencia, pobreza, desigualdad, desempleo, descomposición social- en la que sólo queda para la sociedad la esperanza de que el próximo presidente de la República nos convoque y encabece a todos para cambiar lo mucho que no funciona.
Para construir los grandes consensos nacionales que necesita el país, el nuevo presidente de la República deberá actuar en varios frentes al mismo tiempo y con rapidez. Tan pronto como el Tribunal Electoral lo declare presidente electo, debería convocar a la unidad no sólo a las fuerzas políticas derrotadas en las elecciones, sino también a las corrientes internas de su partido.
Pero la unidad nacional no se da en abstracto; debería tejerse en torno a unas cuantas prioridades. Menciono cuatro: 1) abatir la violencia sin relajar la persecución al crimen organizado y común; 2) crear instrumentos de fomento y diseñar políticas de desarrollo agropecuario, industrial y de servicios, que generen empleos suficientes, estables y dignos, aumenten la productividad y la competitividad y fortalezcan el mercado interno; 3) aumentar la oferta de espacios en la escuela pública en todos los niveles y elevar significativamente la calidad de la educación, y 4) universalizar la seguridad social en materia de salud, pensiones y desempleo.
Tomar en serio estas prioridades entraña hacer cambios muy profundos en el Estado y en su relación con la sociedad. Lo primero, exigirá negociaciones permanentes con el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales y municipales para formar consensos puntuales. Lo segundo, tendrá que partir de un principio: la razón de ser del Estado es proteger integralmente a la sociedad, y a ella debe subordinar todas sus políticas y acciones.
El nuevo gobierno deberá negociar porque para desempeñar sus tareas necesitará dinero, instituciones sólidas y amplio apoyo social. Para lo primero, tendrá que reformar la hacienda pública y el sector energético; para lo segundo, habrá de reforzar, reformar y crear nuevas instituciones; para lo tercero, deberá restaurar las expectativas de futuro para las familias a través del trinomio educación-salud-empleo.
Es difícil formar consensos para una reforma hacendaria -impuestos, deuda, gasto público y transferencias a los gobiernos locales-, pero hay que hacerlo. En materia de impuestos, hay que seguir dos criterios: primero, cobrar más a los ricos y clases medias altas, no sólo por razones morales y políticas, sino porque es muy poco lo que puedan aportar los pobres por impuestos al consumo. El segundo criterio es no inhibir la inversión privada, y para ello, deben ofrecerse estímulos como regular a los bancos para que el ahorro de los mexicanos apoye a la producción, y reconstituir la banca de desarrollo.
Hay que reformar el sector energético: potenciar la capacidad de la CFE y Pemex para generar energía eléctrica, reducir las compras a las empresas privadas, que han violado la ley mediante subterfugios jurídicos.
Hay que reformar a Pemex para elevar su eficiencia y productividad, y definir cómo incrementar sus actividades e ingresos por sí mismo y en qué áreas y bajo qué condiciones podrá admitir inversión privada (por ejemplo en exploración y explotación en mares profundos).
Lo que no debe hacerse, porque eso conduciría a la ruptura y no a la unidad nacional, es tomar como pretexto la reforma de Pemex para malbaratarlo, como se hizo con Telmex o las siderúrgicas. Es cierto que inviertan los particulares invertirán para obtener utilidades y certidumbre jurídica, pero también lo es que su participación sólo interesa al país si le reporta mayores beneficios, y que el petróleo -que es el corazón deesta industria- es propiedad de la Nación.
Hay que hacer una reforma laboral que respete los derechos de los trabajadores, pero que al mismo tiempo propicie la apertura de empleos en la economía formal y adecue las relaciones entre sindicatos y empresas a la realidad del siglo XXI. La condición para el consenso es la transparencia del gobierno, las cámaras legislativas, las empresas y los sindicatos. Tema, éste último, en el los trabajadores tienen derecho a asociarse para defender sus intereses, pero también lo tienen a remover, por sí mismos, las estructuras sindicales corruptas del México corporativo.
Hay que reformar la educación básica con los maestros y padres de familia y, en el nivel medio superior y superior, también con los alumnos. Hay que hacerlo para aumentar de veras su calidad y cobertura. Esta es la única garantía que tienen los niños y jóvenes de escapar al destino desolador que les hemos heredado los viejos y adultos. La educación debe volver a ser, junto con el empleo y la salud, el motor de la movilidad social, y no debe seguir secuestrada por una u otra mafia sindical.
Todo esto y mucho más deberá pactar el próximo presidente de México dentro de su partido, con los otros partidos, con el Congreso, los gobiernos locales y la sociedad. Si no lo hace, los problemas se complicarán o en el mejor de los casos, permanecerán, pero no sobrevivirá la democracia, porque la miseria, el miedo y la desesperanza sólotienen dos salidas posibles: el desarrollo con justicia distributiva o la represión.
