El programa de pensiones para adultos mayores no debe ser universal como pretende instaurarlo el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que por los diferentes sistemas de pensiones que existen en el país algunas personas recibe unas muy altas, advirtió Berenice Ramírez especialista en el tema del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sólo 28 por ciento de los mexicanos de más de 65 años cuentan con una pensión de retiro, pero “no tiene ningún sentido apoyar a quienes ya perciben una muy alta. Hay que darles a los que no tienen nada y quienes tienen pensiones muy bajas de mil pesos para llevarlos a una línea de bienestar a fin de que realmente entremos en dinámicas de equidad”, comentó en entrevista.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que hay mil sistemas de pensiones en el país con profundas disparidades entre sí, lo que provoca que por ejemplo los pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reciben entre entre 6.7 y 8.8 más dinero que un pensionado del IMSS.
El jueves pasado, durante la Reunión Anual de Industriales (RAI), Gerardo Esquivel quien fungirá como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de López Obrador, anunció que el programa de adultos mayores, uno de los más importantes del presidente electo, se cambiará en dos dimensiones: hacerla universal y duplicar el monto de la pensión que actualmente es de 580 pesos bimestrales, es decir un dólar o 20 pesos por día, por debajo de la línea de la pobreza de un país africano, dijo.
“Para que nos alcance el recurso y para demostrar el compromiso fiscal, pensando hacia adelante en una reforma muy necesaria del sistema de pensiones, el programa debe empezar a funcionar a partir de 68 años y no de 65 como hasta ahora, pero todos los beneficiarios que hoy reciben el apoyo lo seguirán manteniendo”, explicó.
También mencionó que se evaluará subir la edad para jubilarse en el sistema de pensiones en general, pero acotó que eso se discutirá hasta la segunda mitad del sexenio.
Berenice Ramírez consideró adecuado que antes de realizar una reforma al sistema general de pensiones que necesariamente implicará una reforma fiscal, el próximo gobierno comience con cambios al programa de adultos mayores.
Los regímenes establecidos por contratos colectivos se deben revisar porque cuando se hizo la reforma estructural al sistema de pensiones se cometió el error de dejarle al Estado todos los costos laborales tanto de los trabajadores que recibirán pensión por el sistema de reparto establecido en la ley de 1973 como de quienes no alcanzarán pensión aunque coticen en cuentas individuales bajo la ley de 1997, dijo.
Según el CIEP el gasto en la materia que realiza cada año el Estado es uno de los rubros que más dinero ejercen en las finanzas públicas. En los últimos años se ha erogado para tal fin cinco por ciento más del presupuesto aprobado originalmente. En general, las pensiones llegan a representar 15 por ciento del gasto público total y 3.5 por ciento del PIB.
Eso contrasta con los recursos que las administradoras de fondos para el retiro (afores) concentran a la fecha y que equivalen a 15 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La investigadora señaló que si bien “es necesario aumentar paulatinamente la edad de jubilación” porque ha crecido la esperanza de vida, también sentenció que en la reforma del sistema de pensiones el Estado debe retomar el control del mismo, que a la fecha es más “un sistema de ahorro”. En todo caso, dijo, las afores deben permanecer sólo como administradoras del ahorro de quien quiera tener una mejor pensión derivada del ahorro voluntario.
Fuente: jornada.com
