En el ambiente judicial mexicano existe un principio no formal del derecho: problema que no te molesta, no lo molestes. Las quejas de organizaciones de mujeres contra feminicidioso asesinatos de mujeres por sus condiciones de género aumentaron desde 2017, sin que el gobierno priísta de Peña Nieto ni el de López Obrador aprobaran nuevos enfoques ni mejores decisiones.
El tema escaló la atención social y la movilización de género: de mediados de octubre de 2019 a la fecha, las protestas de mujeres en las calles han derivado en violencia sin control. Y la convocatoria a hacer el 9 de marzo, en el escenario de una protesta femenina mundial, “un día sin mujeres” provocó un choque político creciente entre las organizaciones feministas y sus aliados masculinos y el presidente de la república centralizando la respuesta gubernamental.
La crisis mujeres-gobierno ha sido un error estratégico de los gobernantes, porque permitieron que los feminicidios como tema judicial de seguridad –el asesinato de mujeres con condición de género– derivaran en un asunto político de feminismo o activismo de género.
Más que de cifras, el tema feminicidio-feminismo es de impacto social. En 2019 los feminicidios (976) fueron el 0.05% del total de los 2 millones 15 mil 641 delitos. A nivel de delitos generales contra las mujeres, el porcentaje aumenta: el 33.3% del total de los delitos fueron contra mujeres.
Y tiene hilos políticos de mayoría femenina: las mujeres en México representan el 50.8% del total de la población, el 51.5% del padrón de votantes y el 52.7% de la población en edad de trabajar. Pero hasta hace diez años tenían sólo un tercio de las posiciones de poder. Eso sí, las mujeres fueron la cámara de descomprensión de la crisis social: desde la crisis de 1995, las mujeres han aumentado su posición como jefas de familia y como mano de obra, aunque sometidas a la doble jornada de trabajadoras y amas de casa… por el mismo ingreso.
La demanda original de esta ocasión fue la exigencia al gobierno federal a tener mayor atención sobre el problema de los feminicidios. De 211 a 2019 los asesinatos de mujeres por condiciones de género aumentaron 137%, sin que la autoridad pusiera atención.
El problema se ha complicado por dos variables: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su fiscal, la secretaria de Gobernación (ministra del Interior) y la dirigente del partido Morena en el poder son mujeres, pero han participado del distanciamiento de la crisis de seguridad para las mujeres. Y resulta que en México se promulgó en febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Virulencia, donde se incorporaron atenciones especiales y soluciones rápidas a los feminicidios.
La aplicación de la ley le corresponde a la secretaria de Gobernación, una mujer destacada con múltiples atributos: mujer, ministra jubilada de la Suprema Corte, abogada, profesora universitaria, madre y abuela y senadora con permiso Olga Sánchez Cordero. Y su frase más llamativa fue auto incriminatoria; “llegamos tarde al problema de los feminicidios”; pero, en efecto, llegaron tarde, pero sin voluntad para aplicar a ley.
El problema de las agresiones violentas contra las mujeres –no sólo los asesinatos de género– radica en el pasado machista del mexicano que ha sido central en la sociología del hombre. Más de treinta años ha estado en lucha el reconocimiento a derechos de la mujer sobre su cuerpo y derechos de las minorías sexuales, con oposición de todos los partidos políticos.
Aquí quede el registro del poema de sor Juana Inés de la Cruz:
HOMBRES NECIOS QUE ACUSÁIS
A LA MUJER SIN RAZÓN,
SIN VER QUE SOIS LA OCASIÓN
DE LO MISMO QUE CULPÁIS.
SI CON ANSIA SIN IGUAL
SOLICITÁIS SU DESDÉN,
¿POR QUÉ QUERÉIS QUE OBREN BIEN
SI LAS INCITÁIS AL MAL?
La transformación de un asunto judicial de feminicidios en un tema de movilización política plural por el feminismo ha cercado al gobierno federal. La respuesta del presidente López Obrador ha sido de culpar de las protestas “a la derecha conservadora”, pero en circunstancias que el paro femenino del 9 de marzo –un día sin mujeres– están agrupándose corrientes de todo tipo, incluyendo a militantes, dirigentes y hasta funcionarios del gobierno lopezobradorista.
La tardanza en atender un problema judicial derivó en una crisis política con visos de violencia por la escalada de las marchas femeninas. Por ministerio de ley, el gobierno federal tiene la obligación de aplicar la Ley contra la Violencia contra las Mujeres, pero por razones políticas esa decisión se ha hecho lenta y sin sentido de las circunstancias.
Los días que faltan hasta el 9 de marzo tendrán la agenda feminicida-feminista en el centro de los debates y de las definiciones políticas, sin que haya órdenes expresas para que las instancias de gobierno cumplan con la aplicación estricta de la Ley contra la Violencia femenina, a pesar de que nadie saldrá ganando con esa desidia intencionada.
Los gobernantes ignoran que en la tradición cultural mexicana la mujer siempre tiene la razón.
