El presidente Felipe Calderón declaró lo siguiente a The New York Times: “Hay muchos en el PRI que piensan que los arreglos del pasado [con el crimen organizado] podrían funcionar ahora. Yo no veo cómo pueda lograrse un acuerdo, pero es una mentalidad que muchos de ellos tienen. Y si esa opinión prevalece, me preocuparía”.
Todos, menos el secretario Blake, entendemos que en estas líneas, el presidente de la República acusa al partido político más importante del país y a sus miembros, de haber sido cómplices o al menos tolerantes con el crimen organizado, y sugiere que los priistas volverían a hacer lo mismo si recuperaran la Presidencia de la República.
“[…] Es falso que el presidente haya acusado al PRI como institución o la mayoría (sic) de sus miembros de tener la intención de pactar, sino que aludió en concreto a estos priistas que sostienen esta tesis”, dijo Blake. Y trajo a colación, una vez más, lo dicho por Sócrates Rizzo, exgobernador de Nuevo León, en un foro académico.
Para aclarar si el presidente acusó al PRI o si, como dice Blake, no lo hizo, conviene analizar el párrafo antes transcrito.
Dijo el presidente: “Hay muchos en el PRI que piensan que los arreglos […]”
Y yo pregunto: ¿Cuántos son “muchos”? ¿Quiénes son? ¿Son militantes del partido o son sus dirigentes? ¿Son todos o algunos de los gobernadores? ¿Son los legisladores? ¿Los precandidatos? ¿Quiénes, dentro del PRI piensan que hay que hacer “arreglos” con el crimen organizado? ¿Cuáles son sus nombres y apellidos?
Le recuerdo al presidente y al secretario de gobernación que Vicente Fox no pertenece al PRI, sino al PAN, y que el 26 de agosto propuso “llamar a un grupo de enlace de expertos en el tema, en el contexto internacional, que aporte ideas y soluciones y por qué no… convoque a los grupos violentos a una tregua… valorar la conveniencia de una ley de amnistía.” (Excélsior, agosto 27 de 2011). Y que hace apenas dos días volvió a la carga: “Negociar no es la palabra correcta, lo que sí se puede buscar [es] un cese al fuego […] Estoy reiterando que lo que ocurrió en Chiapas fue obtener un cese al fuego sin negociar […] Eso sucedió en el caso de Chiapas cuando se formó la Cocopa… aprobado en nuestras leyes (sic), y se sentaron a hablar con un criminal, con el subcomandantes Marcos” (Reforma, octubre 19 de 2011).
¿Qué hará al respecto el presidente Calderón? ¿Convocará a los reporteros de The New York Times para agregar que el expresidente panista piensa que las soluciones a un levantamiento indígena son útiles para lograr un “cese al fuego” del crimen organizado?
Antes de Fox, en el pasado al que condena Calderón, estuvo el presidente Ernesto Zedillo. ¿Hizo arreglos con el crimen organizado o los hizo alguien de su gobierno?
Carlos Salinas de Gortari, que es igualmente parte del pasado, refutó a Fox: “ni tregua, ni amnistía ni confusión” (El Universal, septiembre 8 de 2011).
¿Tiene pruebas o siquiera indicios de ello el presidente Calderón? ¿Si las tiene, por qué no las presenta ante la PGR? ¿Y si no las tiene, por qué habla en general de “arreglos” hechos en el pasado?
Se infiere que los arreglos a que alude Calderón fueron ilegales, puesto que le dijo a The New York Times que “si esa opinión prevalece, me preocuparía”.
Pues preocúpese, señor presidente, porque Vicente Fox representa a una parte del panismo y aunque su opinión no prevalezca dentro de su partido, no cabe duda de que es representativa de una corriente muy importante.
Días antes de la declaración de Calderón, el 12 de octubre, Connie Mack, republicano jefe de la subcomisión de América Latina en la Cámara de Representantes, declaró que “Enfrentamos una insurgencia criminal, si no es que terrorista, en México, que se encamina a ser más fuerte si no se le hace frente”.
Supongamos que los republicanos se toman en serio que México es un peligro para su país. ¿Se habrá percatado el presidente Calderón de que sus declaraciones dan argumentos a la ultraderecha estadunidense para ejercer presiones sobre México?
En el pasado, al que el presidente atribuye todos los problemas que él no ha podido resolver, los gobiernos sostenían la tesis de que el consumo de drogas en Estados Unidos era el origen del problema del narcotráfico. Incluso Díaz Ordaz, uno de los presidentes más cuestionables de la era priista, dijo ante el Congreso de Estados Unidos que si México se usaba como “trampolín” para las drogas era porque en Estados Unidos estaba la alberca.
El tema del crimen organizado es ahora más delicado que nunca porque está vinculado al terrorismo que se ha convertido en la columna vertebral de la parte más agresiva de la política exterior de Estados Unidos. Aunque sólo fuera por eso, es un asunto que debe abordarse con gran sentido de responsabilidad, en especial si quien lo trata es el presidente de México. Entiendo la desesperación del licenciado Calderón porque la precandidatura de Ernesto Cordero no logra pintar en las encuestas y por el riesgo de que el PAN no sólo pierda las elecciones sino que sea relegado al tercer lugar. Entiendo su repugnancia a la sola idea de que el PRI regrese a la Presidencia de la República. Pero debería ser mucho más cauto cuando aborda asuntos que podrían comprometer la seguridad nacional.
