Sólo Andrés Manuel López Obrador sabe, más allá de toda duda, cuál es el verdadero objetivo del Programa Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México. Sabe que no ganó y que así lo confirmará el TEPJF. Pero en vez de irse a su rancho en Chiapas, sigue en la lucha política.
Una hipótesis es que esté convencido que Enrique Peña Nieto ganó por la manipulación de Televisa y la compra masiva de votos (supongo que ni él mismo cree que fueron 5 millones), y que su misión cívica y moral es denunciar el fraude, estorbar el acceso de Peña a la Presidencia, alentar una oposición a ultranza que haga imposible la gobernabilidad, y consolidar su liderazgo para hacer frente a cualquier eventualidad en los próximos años.
Esta opción, el líder carismático que gana popularidad y se cree responsable de impedir que una “pandilla de ladrones” se apodere del país, podría caer en tentaciones más que autoritarias. Tiene a su favor el contexto social: la mitad de la población es pobre, las clases medias se están proletarizando, la juventud carece de expectativas y la violencia criminal está rebasando al Estado. En esta perspectiva, la ingobernabilidad sería a la vez un objetivo y un medio para AMLO, pues gran parte del programa de Peña Nieto se dirige a desactivar las bombas de tiempo sociales.
Una hipótesis más frecuente es que López Obrador tiene la mirada puesta en el 2018 y busca consolidar su liderazgo y neutralizar a Ebrard y Mancera. Esto pasaría por crear un gran partido de izquierda que incluya al PRD, el PT, el MC, Morena y los “liderazgos sociales” que van del #YoSoy132 a grupos violentos como los “macheteros” de Atenco, los electricistas, la CNTE de Oaxaca, Michoacán y el D. F., el Frente Popular Francisco Villa.
López Obrador sería dirigente de ese gran partido o frente de partidos, en el que todos tendrían voz, voto y obligaciones: los partidos con todas sus tribus, los gobernadores perredistas y los diputados y senadores del PRD, el PT y MC. El primer paso ya se dio: la ampliación electoral de la izquierda el 1 de julio; el siguiente paso, ya con el nuevo partido formalizado, sería ganar otras elecciones locales y la mayoría en la Cámara de Diputados en 2015, y el tercero, llevar a López Obrador a la Presidencia.
Los posibles desenlaces de la lucha por el poder político favorecerán a uno u otro grupos de interés económico. Es ingenuo suponer que personajes como Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Roberto Hernández, Harp Helú y los accionistas de las instituciones financieras que operan en el país, son ajenos a la contienda política. Participan con o sin el conocimiento de los líderes en pugna.
En la pugna por telecomunicaciones, no sólo juegan la mancuerna Telmex-Telcel y el complejo Televisa-TV Azteca-Usacel, sino otros más modestos, pero dispuestos a ganar espacios tanto por las vías institucionales como en la opinión pública, a través de los medios que les pertenecen.
Un caso ilustrativo es el de MVS, cuya conductora estrella, Carmen Aristegui, se ha convertido en la líder de opinión más influyente, muy por encima del casi desaparecido José Gutiérrez Vivó o de Joaquín López Dóriga. Sus intereses legítimos son funcionales a los intereses empresariales de MVS, y este consorcio está luchando con todo por el acceso a la banda ancha y ni la conductora ni la empresa son ajenas a la lucha político-electoral.
La fuerza de Aristegui deriva de su imagen de periodista crítica, independiente y hasta intelectual capaz de alternar con Lorenzo Meyer. En defensa de su aparente imparcialidad, que es su gran capital, promovió en el IFE que no se divulgara y luego se cancelara en definitiva un espot del Movimiento Progresista que incluye un trozo con su voz, el cual demuestra involuntariamente su parcialidad política.
Su capacidad de persuasión eclipsa a la que por años han cultivado Sergio Aguayo y las Denisses, Dresser y Maerker. Aristegui se ha convertido en la principal vocera oficiosa de la parte ilustrada e izquierdosa del ente inasible llamado “sociedad civil”.
Las pugnas de los políticos y los grupos económicos desvían las energías y el esfuerzo que deberían estar puestos en problemas nacionales graves que están explotando, como el alza en los precios de la canasta alimentaria, que provocará fuertes presiones inflacionarias, y otros que ya eran explosivos antes de las campañas políticas: la inseguridad y la violencia, la pobreza, el empobrecimiento y la desigualdad crecientes, la falta de políticas social y de fomento agropecuario e industrial.
Confío en que los expertos de Luis Videgaray se estén ocupando de construir proyectos, iniciativas de ley y fórmulas de financiamiento para acometer todos estos problemas desde el principio, pero me inquieta que tanto él como Peña Nieto y una parte de su equipo deban ocupar su atención y tiempo en el conflicto postelectoral. Francois Hollande no tuvo estas desventajas y en parte por eso su gobierno está dando excelentes resultados inmediatos.
