La Sección 22 del SNTE tiene su propia Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales (FEAM), integrada por tres Agentes del Ministerio Público, cuatro Policías Ministeriales, cuatro secretarias y dos intendentes, pero todos ellos deben ser designados por el Comité Ejecutivo Seccional, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Comisión Magisterial de los Derechos Humanos (COMADH).
La convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Seccional que encabezan el Secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez Gines y el Secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricardez, señala que los candidatos a ocupar los puestos de los integrantes de la Fiscalía y el personal de apoyo, deben ser familiares directos o contar con el aval de quienes conforman la COMADH.
En otro punto de los requisitos, establece que los aspirantes deben presentar la constancia con un mínimo de 80 por ciento de participación sindical emitida por la delegación sindical correspondiente, y éstas actividades judiciales tendrán una vigencia de tres años y al concluir el periodo, todos ellos regresarán a sus centros de trabajo con su misma clave y nombramiento.
En ninguno de los casos se exige a los candidatos la constancia de no antecedentes penales, a pesar de las funciones judiciales que desempeñarán, sin embargo, piden que los aspirantes demuestren una amplia y probada trayectoria político sindical, como militante del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, a excepción de los candidatos a agentes ministeriales a quienes sí se les exige éste documento.
La convocatoria emitida el pasado 25 de noviembre, con una vigencia de 20 días hábiles, expone que los aspirantes solamente deberán contar con estudios de Licenciado en Derecho, titulado, con cédula profesional y con cinco años de antigüedad profesional.
Asimismo establece como una base de la convocatoria, presentar un proyecto de trabajo donde expliquen sus razones para participar en éste proceso de selección y sus propuestas para el mejor funcionamiento de la Fiscalía, retomando la esencia de su creación y contemplando las demandas de justicia del magisterio y del pueblo de Oaxaca, en razón al castigo de los autores materiales e intelectuales de los muertos, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos.
“La libertad inmediata e incondicional de los presos, procesados y perseguidos políticos; la anulación de todas las órdenes de aprehensión existentes en contra del magisterio, activistas, simpatizantes, concejales y ex concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las sentencias absolutorias de todos los y los procesados políticos; la cancelación de las averiguaciones previas y el no ejercicio de la acción penal a todos los luchadores sociales de la APPO y del movimiento social-magisterial de Oaxaca, la presentación con vida de los desaparecidos por luchar en contra del régimen caciquil que ha existido en Oaxaca y el retorno de los exiliados políticos derivados de la lucha del 2006.”
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