Los presidentes de la República no pierden la ciudadanía y tienen los mismos derechos políticos de todos los demás. Felipe Calderón no viola ninguna disposición legal con su obsesión de evitar que el PRI recupere la Presidencia de la República. Quienes lo conocen de tiempo atrás aseguran que él cree sinceramente que todos los males del país fueron obra de ese partido político y por eso se ha impuesto la misión de no entregar el poder a un priista.
En uso de sus derechos, tiene muchos medios para tratar de cumplir ese cometido. Puede mover sus piezas en el Consejo Político Nacional de su partido –la mayoría fueron nombrados por instrucciones de él o le son leales– para inclinar la balanza a favor del panista que considere mejor para sucederlo. Puede difundir los logros de su gobierno, aunque tendría que hacerlo dentro de dos límites: el ético, que entraña decir la verdad, y el jurídico, que entre otras acotaciones le prohíbe hacer propaganda política en tiempos de elecciones. Límites que sistemáticamente ha rebasado.
Si los gobiernos panistas hubieran avanzado más allá de la alternancia, si siquiera hubiesen roto con los vicios que condenaban, como la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, el engaño, la ilegalidad; si hubiesen reducido la pobreza y la desigualdad que fracturan a la sociedad, habrían aumentado las posibilidades de un tercer gobierno panista. Pero como en vez resolver los problemas que ya había los han agravado –según cifras oficiales, en los últimos cuatro años se han sumado 10.1 millones de personas a la pobreza– y han creado otros de extrema gravedad, como la violencia, será muy difícil que el panismo mantenga el poder con uno de sus militantes o incluso con un miembro de la “sociedad civil” como Jorge Castañeda, por mencionar al más conocido.
A falta de resultados, el panismo miente. En días pasados, la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C., órgano doctrinario e intelectual del PAN, publicó el documento “México XX-XXI”, que destaca los supuestos logros de los gobiernos panistas en comparación con los priistas. En la publicación electrónica Animal político, Gerardo Esquivel, doctor en economía de El Colegio de México, demuestra que las cifras de ese texto están sesgadas, son inadecuadas o francamente falsas. Dicen, por ejemplo, que el PIB por habitante aumentó en 70 por ciento en el decenio del panismo, pero si se hace el cálculo a precios constantes, el aumento en estos diez años es de sólo 6.9 por ciento: la décima parte de lo que presume el PAN. Afirman que el PIB per cápita aumentó en 12.3 por ciento (¡más que China!) y en realidad el promedio anual en el decenio fue de 0.67 por ciento. Digo entre paréntesis que este infra-porcentaje persigue al presidente Calderón, pues es el mismo de su ventaja de votos frente a López Obrador.
Como su antecesor, el presidente ha rebasado los límites de la legalidad en varias ocasiones, al grado de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que violó la Constitución, pero no lo sancionó porque el mismo ordenamiento dispone que sólo puede ser acusado de traición a la Patria o por la comisión de algún delito grave del orden común. Esto inquietaría a otros, pero no al licenciado Felipe Calderón, que tiene una actitud ganadora, como dirían los charlatanes de la llamada superación personal, y no le preocupan los medios, sino los fines.
El culto a los resultados al precio que sea entraña un correlativo desprecio al orden jurídico que el presidente juró cumplir y hacer cumplir al momento de rendir su protesta como lo dispone el artículo 128 constitucional. Ignoro si es consciente de que para que un jefe de Estado y de Gobierno tenga autoridad moral para hacer que los demás respeten el Estado de Derecho, su conducta pública y privada tiene que ajustarse rigurosamente a la legalidad. Y entre los “demás” que violan las leyes destacan los criminales.
Los presidentes, decía, tienen preferencias políticas y algunos, también tienen fobias. Pero como están investidos de un gran poder que les delegan los ciudadanos durante seis años y tienen autoridad y facultades únicas que les confieren la Constitución y las leyes, como en su trabajo diario disponen de los recursos públicos que aportan los ciudadanos con sus impuestos, los presidentes tienen el deber ético y jurídico de ser imparciales en el ejercicio de sus funciones. No tienen derecho, por ejemplo, a utilizar los programas sociales para favorecer a los candidatos de su partido y mucho menos a utilizar la fuerza pública para combatir a sus adversarios ni las instituciones de procuración de justicia para desprestigiarlos.
El gobierno del presidente Calderón no tuvo derecho a desplegar a la Policía Federal y al Ejército en Michoacán para aprehender a 12 presidentes Municipales, 8 Altos funcionarios del Gobierno estatal, 1 Juez, 12 Policías, 2 ex directores de Seguridad Pública a quienes se acusó de tener vínculos o pertenecer a La Familia Michoacana y la fuerza pública no debió irrumpir en el Palacio de Gobierno en una clara violación a la soberanía del estado. Pero lo hizo, y a pesar de que todos los acusados tuvieron que ser puestos en libertad en el curso de los siguientes dos años porque el Ministerio Público no pudo probar sus acusaciones, el daño político estaba hecho: el gobierno perredista de Leonel Godoy quedó humillado y debilitado por la agresión y, hay que reconocerlo, por la actitud pusilánime del gobernador que no tomó ninguna medida legal ni política de protesta. ¿Se imagina usted qué hubiera hecho un gobernador con el carácter de Andrés Manuel López Obrador?
Los excesos autoritarios son aún más peligrosos en tiempos electorales, y el país está inmerso ya en la lógica de las elecciones federales de 2012. Después del fallido intento de cancelar las elecciones en Michoacán y designar a algún empresario como gobernador con el consenso de las cúpulas de los partidos, han tomado fuerza los rumores, alentados por filtraciones oficiales, de que la PGR está a punto de detener a uno o varios ex gobernadores priistas por cargos similares a los que se imputaron a los funcionarios michoacanos: complicidad o participación en el narcotráfico.
No puedo saber si las acusaciones tendrán algún sustento, pero si se concretan, no se entenderán como la decisión de aplicar la ley por igual a débiles y poderosos, sino como el uso abusivo del aparato de procuración de justicia para agredir al principal partido de oposición.
El talante pendenciero del panismo calderonista –Germán Martínez, César Nava– es corrosivo en un país acosado por viejos problemas que se han agravado a pesar de la propaganda gubernamental que lo desmiente, y que vive bajo la amenaza constante de la violencia. Gobernar por medio del conflicto es un grave error a menos, claro, que el presidente esté viendo más lejos, mucho más lejos de las próximas elecciones, y haya tomado la decisión de mantener el poder para su partido a cualquier precio para después congratularse del resultado “haiga sido como haiga sido”.
