Sólo intenciones políticas manipuladas podrían tratar de articular negativamente los casos de El Palmarito y la ley de seguridad interior: el primero fue un exceso de fuerza de un soldado que ya fue condenado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la segunda es urgente para construir el marco jurídico que considera la violencia del crimen organizado como un asunto de seguridad nacional dentro del territorio.
Lo grave del caso de El Palmarito radica en el hecho de usarlo para posponer el debate sobre el marco jurídico para las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, aunque sin entender que de todos modos las fuerzas armadas seguirán combatiendo al crimen organizado porque ejército y marina son la última línea de defensa del Estado ante el avance de la criminalidad no sólo en función de la fuerza letal delincuencial que ha rebasado a la policía, sino por la complicidad del sistema político con las bandas del crimen organizado que pudieron crecer al amparo de la protección política y gubernamental.
En todo caso, lo ocurrido en El Palmarito no debe verse sólo como un exceso de fuerza de un solo soldado luego de una emboscada contra los militares, sino que tiene un contexto que pocos quiere entender: el crecimiento y consolidación de los huachicoleros como ladrones de gasolina en Puebla sólo fue posible por la complicidad institucional.
De acuerdo con cifras oficiales, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido la más interesada en perseguir y castigar la violación de derechos humanos por parte de sus efectivos en combates contra el crimen organizado, sino que creó una dirección general de derechos humanos y ha sometido a sus soldados a cursos de capacitación. En El Palmarito sólo un soldado disparó contra un delincuente. Los casos de soldados involucrados en exceso de fuerza deben cruzarse con datos de mayor calado: más de 50 mil efectivos en lucha desde hace diez años.
La crítica contra la ley de seguridad interior como posible abuso de fuerza ha ignorado el hecho de que las fuerzas armadas entraron a luchar contra el crimen organizado transnacional –intereses integrados de grupos delictivos de Sudamérica y los EE.UU.– cuando la policía se declaró rebasada por la fuerza de los grupos criminales. Y que han sido las fuerzas armadas las que han diezmado y descabezado a los cárteles del crimen organizado, sin que la autoridad política o civil haya tomado decisiones para enfrentar la inseguridad como un asunto de empobrecimiento social.
La ley de seguridad nacional sería el instrumento integral del Estado, con sus restricciones y organismos de vigilancia del uso de la fuerza, para enfrentar a una criminalidad que desde el asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984 ha crecido y multiplicado en cárteles sin una estrategia de Estado para frenarla; al contrario, el crimen organizado solo fue posible por su complicidad con el sistema político.
Será muy cómodo para los legisladores posponer la ley de seguridad interior por el caso de El Palmarito porque los políticos en el congreso están más interesados por la rebatinga electoral. Casos como los de El Palmarito pueden aumentar si las fuerzas armadas son las únicas que combaten al crimen organizado mientras las policías siguen hundidas en la falta de capacitación y los políticos se ahogan en el poder por el poder mismo.
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Política para dummies: La política es la inteligencia para saber entender la realidad en función de la realidad misma, no de pasiones personales manipuladas.
Sólo para sus ojos:
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- El asesinato de la defensora de derechos humanos en Tamaulipas, Miriam Rodríguez, debe leerse como parte de la apatía de los gobiernos federal y estatal ante el problema de la criminalidad de las bandas delictivas ya no sólo contra otras bandas sino contra la propia sociedad,
- Demasiado tarde se están dando cuenta funcionarios federales y estatales del poder expandido de las mafias huachicoleras dedicadas al robo y venta de combustible. Los primeros datos vienen de hace diez años y nada se hizo. Hoy se paga esa desidia… o complicidad con grupos criminales que encaran con violencia al Estado.
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