La Procuraduría General de la República (PGR) quedó en ridículo, pues la investigación más importante del sexenio, el michoacanazo (iniciado en el mandato de Eduardo Medina Mora) se vino abajo.
El Poder Judicial federal derribó en 16 meses la pesquisa. Dejó en libertad a 34 de 35 servidores públicos acusados de estar ligados a La Familia, incluidos alcaldes, policías, un juez, un procurador, un secretario de Seguridad Pública y colaboradores cercanos del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
Uno más, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del mandatario estatal, no pudo ser detenido, burló el cerco de la Policía Federal para entrar a la Cámara de Diputados y obtuvo fuero, además de que logró tumbar jurídicamente cinco órdenes de aprehensión en su contra. Aun así, la PGR insiste en detenerlo.
Este caso enfrentó al gobernador michoacano con el presidente Felipe Calderón, al denunciar una persecución política, más que jurídica contra funcionarios y ex funcionarios de esa entidad.
La decisión de jueces y magistrados de liberar a los involucrados se debió a que el Ministerio Público federal no pudo probar sus imputaciones, basadas en supuestas narcolistas decomisadas a operadores criminales y en declaraciones de testigos protegidos.
Ayer el juez primero de distrito de Michoacán, Efraín Cazares López, asestó otro revés a la PGR, al absolver a los policías ministeriales Irlanda Sánchez Román, Faraón Martínez Molina, Alfredo Ramírez García y Antonio Sánchez Gaytán, además de Noé Medina Martínez, policía en Lázaro Cárdenas.
Sólo queda preso Armando Medina Torres, ex presidente municipal de Múgica, detenido el 4 de septiembre de 2009.
Luego de seis meses de investigación, el 26 de mayo de 2009 la SIEDO encabezó un operativo espectacular para detener a una treintena de funcionarios y ex funcionarios michoacanos. En esta acción contó con el apoyo de la Policía Federal y el Ejército.
En la operación fue detenida Citlalli Fernández González, asesora del gobernador, 10 presidentes municipales y 17 servidores públicos más, entre ellos el coordinador de asesores del procurador del estado, Ramón Ponce Ponce, y un juez de primera instancia.
También fue capturado el director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez, quien en 2008 fue confundido con la persona que lanzó granadas contra la población en la plaza de Morelia, en pleno Grito de Independencia.
Por su parte, Julio César Godoy Toscano fue retenido sólo unos instantes, pero luego se le dejó en libertad porque en ese momento no existía algún mandamiento judicial en su contra.
Su medio hermano, el gobernador, declaró públicamente que el operativo violentó la soberanía del estado, pues en ningún momento se le notificó de la acción.
Un día después se supo que la detención masiva derivó de las declaraciones de un testigo protegido, a quien se le encontró una supuesta lista de servidores públicos que brindaban protección a La Familia. También se recibieron denuncias anónimas que acusaban a otros de estar ligados al narcotráfico.
En la lista aparecían nombres de presidentes municipales y jefes policiacos, quienes supuestamente recibían entre 50 mil pesos y 200 mil pesos por sus servicios al crimen organizado.
El 4 de junio de ese año el procurador Eduardo Medina Mora rechazó la versión y enfatizó que el Ministerio Público federal tenía facultades para ingresar a instalaciones o edificios públicos sujetos a la jurisdicción de autoridades estatales o municipales.
Traslado a NayaritEl 17 de junio de 2009 un juez federal concedió a la PGR una orden de aprehensión contra 27 de los 30 servidores públicos detenidos el 26 de mayo y días subsecuentes. Los indiciados fueron llevados al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
Una de esas órdenes fue librada contra Godoy Toscano, quien días después fue señalado por la Policía Federal como el contacto directo del principal operador logístico de La Familia, Servando Gómez Martínez, La Tuta.
Ocho días después de su consignación, los implicados promovieron amparos para ser regresados a prisiones de Michoacán, bajo el argumento de que no representaban un peligro para la sociedad. Los jueces les dieron la razón.
Por su parte, la PGR notificó el 11 de agosto a la Cámara de Diputados sobre la orden de aprehensión librada contra Godoy Toscano, por lo que le fueron suspendidos sus derechos políticos. El michoacano los recobró el 22 de septiembre pasado y tomó protesta como diputado federal.
El michoacanazo comenzó a venirse abajo en enero de 2010, cuando 12 ex servidores públicos fueron liberados.
Un tribunal de Acapulco, Guerrero, dictó auto de libertad con las reservas de ley en favor de los alcaldes de Uruapan, Tepalcatepec, Hidalgo y Tumbiscatío.
Además, dejó libres a Ignacio Mendoza Jiménez, ex subprocurador de Justicia, y a Citlalli Fernández, ex titular de la SSP estatal y asesora del gobernador.
Los liberados
ALCALDES
1 Genaro Guízar, de Apatzingán (PRD).
2 José Cortés, de Aquila (PRI).
3 Jairo Rivas, de Arteaga (PRI).
4 Osvaldo Esquivel, de Buenavista (PRD).
5 Mariano Ortega, de Lázaro Cárdenas (PRD).
6 José Luis Ávila, de Ciudad Hidalgo (PAN).
7 Audel Méndez, de Coahuayana (PRI).
8 Uriel Farías, de Tepalatepec (PRI).
9 Adán Tafolla, de Tumbiscatío (PRI).
10 Antonio González, de Uruapan (PAN).
11 Juan Ixtláhuac, de Zitácuaro (PRI).
FUNCIONARIOS
12 Miguel García Hurtado, procurador de Justicia.
13 Citlalli Fernández, asesora del gobernador.
14 Israel Tentory, asesor del gobernador.
15 Abel Salazar, síndico en Lázaro Cárdenas.
16 Dionisio Valencia, director de Obras (Arteaga).
17 Ricardo Rubí, defensor de menores.
18 Mario Manuel Romero, ex alcalde de la Huacana.
POLICÍAS
19 Ignacio Mendoza, subprocurador de Justicia.
20 Juan Gaona, jefe de agentes del estado.
21 Faraón Martínez Molina, policía ministerial.
22 Alfredo Ramírez García, policía ministerial.
23 Antonio Sánchez Gaytán, policía ministerial.
24 Irlanda Sánchez Román, policía ministerial.
25 Gabriela Mata, jefa de Grupo de la Procuraduría estatal.
26 Ramón Ponce, asesor de la Procuraduría estatal.
27 Roberto Rubio, mando municipal.
28 Victorino Jacob Pérez, mando municipal.
29 José Zamora, comandante municipal.
30 Noé Medina Martínez, policía municipal.
31 Baldomero Morales, policía municipal.
32 Mario Bautista, ex director de la SSP estatal.
MÁS IMPLICADOS
33 Jaime Liera, juez.
34 Lorenzo Rosales, abogado.
PRESO
35 Armando Medina Torres, alcalde de Múgica.
CON FUERO
36 Julio C. Godoy, diputado federal.
