Con el pasivo de haber cerrado el caso Colosio imponiendo la tesis oficial salinista del asesino solitario, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo una aparición tardía para señalar nuevas-viejas pistas en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Lo que queda por aclarar es si el ombudsman en realidad se encontró apenas con las pistas de policías federales después del secuestro o si su reporte fue un apoyo directo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, después de sus fracasos.
Pero queda también la hipótesis de que el segundo avance de información de la CNDH fue una especie de fuga hacia delante para favorecer la apertura de una nueva investigación de la PGR porque en los hechos le quitó el efecto de ese señalamiento al GIEI-CIDH.
Lo único cierto es que el reporte de la CNDH la involucró más a fondo en la indagatoria no sólo de la investigación de la PGR sino que la comprometió a abandonar el cómodo espacio de los “avances” para realizar una investigación formal a fondo que evite la intervención supranacional de organismos internacionales y que entregue formalmente una recomendación en forma que evite ya las insinuaciones y las insidias del reporte final que entregará el próximo domingo 24. La CNDH puede desplazar a la CIDH de indagatorias de los 43.
González Pérez sabe de esas labores de investigación; fue el último fiscal especial de la investigación del asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y su documento final estuvo plagado de hoyos negros, faltas de pruebas e insinuaciones, pero su objetivo final fue satisfecho: avalar la tesis oficial del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari de que Colosio había sido víctima de un asesino solitario, no de un crimen de poder o crimen de Estado.
En el caso Ayotzinapa, el escenario ha cambiado. La versión de la CNDH, el tercer peritaje y el reporte de ayer domingo del GIEI-CIDH plantearon la necesidad urgente de reabrir la investigación en la PGR para documentar el hilo de los policías federales, pero con la presión de que quedó agotado el papel de la procuradora Arely Gómez. Y como ha ocurrido en el pasado con Jorge Carpizo, González Pérez podría ser el nuevo procurador o fiscal especial para investigar desde el Estado el caso Ayotzinapa.
El gobierno federal debe tomar el caso Ayotzinapa con mayor sentido estratégico de seguridad nacional. No ha sido gratuita la articulación de hechos que han enfatizado negativamente el tema de derechos humanos: el relator de la ONU, el reporte del Departamento de Estado, la filtración de un video de soldados torturando a una persona, la crisis diplomática México-EU sin embajadores y el reporte de la CNDH salieron en el contexto del caso Ayotzinapa y del informe final del GIEI-CIDH.
Lo que viene es la nueva apertura de líneas de investigación por parte de la PGR para esclarecer la intervención de policías federales después del secuestro ordenado por autoridades municipales perredistas y su entrega a Guerreros Unidos. La estrategia de la CIDH es la de sentar al Estado mexicano priísta en el banquillo internacional de los acusados en tribunales internacionales que juzgan delitos. Llegó la hora de decir que los derechos humanos de los 43 fueron violados por autoridades municipales y estatales del PRD, no por el Estado.
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Política para dummies: La política es la energía para exigirle a los demás lo que el político no se exige a sí mismo.
Sólo para sus ojos:
- El precandidato presidencial Aurelio Nuño Meyer, ha comenzado a meterse en problemas. Reactivó la crisis con la Sección 22 de maestros de Oaxaca y ahora ya enardeció a los politécnicos con la decisión de subordinar al IPN a la SEP.
- Michoacán se vuelve a incendiar por acciones de grupos criminales, mientras el gobernador perredista Silvano Aureoles sólo anda disfrutando de las mieles del poder.
- Crece día a día la protesta contra las marchas porque provocan embotellamientos que obligan a los automovilistas a quemar más gasolina.
- Así son las cosas: después de que el abogado Vidulfo Rosales insultó a los padres de los 43 llamándolos “indios piojosos”, su racismo fue perdonado y sigue al frente del grupo. Claro, el poder es el poder. Lo que queda por saber es la vinculación de Vidulfo con grupos criminales de Guerrero.
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