Con un presupuesto que supera los dos mil millones de pesos y un personal de cinco mil 800 trabajadores, el Instituto Nacional de Migración únicamente atendió a 5 por ciento de los migrantes centroamericanos que enfrentaron algún riesgo al cruzar el país; en cambio, las organizaciones de migrantes superaron al instituto sin contar con infraestructura ni recursos.
Además, lejos de mejorar en la agilización de trámites migratorios, el INM atendió durante 2013 menos solicitudes que en los dos años previos. Y se calcula que casi 60 por ciento de centroamericanos que trabajaron en la frontera sur lo hicieron sin siquiera contar con el permiso de la autoridad migratoria mexicana.
En los diagnósticos y programas del gobierno federal respecto a la migración en sus vertientes de atención a migrantes, seguridad y corrupción, hay indicadores desfavorables para el INM, cuando la migración se ha vuelto un tema de preocupación, porque México se encuentra al lado del país que mayor número de personas atrae para residir, la propia situación económica en Estados Unidos, la creciente tasa de retorno de migrantes y, desde los últimos años, el hecho de que el crimen organizado maneja el tráfico de indocumentados.
En el Programa Especial de Migración elaborado por la Secretaría de Gobernación se señala que, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF) 2014, “de los migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadunidenses en 2013, 23 por ciento manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente falta de agua y alimento, insolación, caída del tren, extorsión y robo. Solo 25 por ciento de este universo recibió asistencia en territorio nacional, sobre todo por parte de una casa de migrantes o albergue (15 por ciento) y, en menor medida, por Grupos Beta (5 por ciento) y por particulares, iglesias y organizaciones (5 por ciento)”.
Las encuestas sobre migración se elabora entre El Colegio de la Frontera Norte, el Consejo Nacional de Población y la Unidad de Política Migratoria que dependen de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de la EMIF sur también colaboran la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y Guatemala.
En el Programa Especial de Migración se admite que “existen serios rezagos en la gestión de las estaciones migratorias, que requieren instalaciones adecuadas para brindar una atención de calidad y con respeto a los derechos de las personas migrantes. A la fecha, la alternativa al alojamiento en estaciones migratorias por medio de la custodia de terceros solo ha beneficiado a menos de 1 por ciento”.
Se buscó una postura respecto a estos resultados en el INM, pero en el área de comunicación no hubo respuesta argumentando que la consulta correspondía a la Unidad de Política Migratoria, porque se trataba de encuestas y estadísticas que están a su cargo.
En dicho programa, que Gobernación dio a conocer este año, se reconoció que la política migratoria incluye la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En ese documento se habló de los requerimientos de profesionalización en el INM y de que “resulta necesario garantizar que los procesos disciplinarios se fortalezcan y que existan y operen mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad por parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno”.
La propia secretaría calcula que alrededor de 95 por ciento de los migrantes indocumentados en tránsito a Estados Unidos ingresa por puntos informales en la frontera sur.
En el caso de los límites territoriales con Estados Unidos, se calcula que diariamente se realizan un millón de cruces de personas sin verificación, porque se carece de infraestructura, tecnología y recursos presupuestales. Solo hay 450 agentes federales laborando en los 48 puntos de tránsito, mientras el país del norte dispone de 18 mil elementos de la patrulla fronteriza, guardia nacional y agentes migratorios, cifra que pretende aumentar a 40 mil para 2020.
En el diagnóstico, el gobierno acepta que ese hecho “coloca a México en condiciones de alta vulnerabilidad” y se suma a “la porosidad de las fronteras con Guatemala y Belice”, también por carencia de infraestructura pues solo hay 11 puntos de cruce y “operan hasta 370 lugares de tránsito informal”.
Mientras en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018, el gobierno mexicano aceptó que “no debe ser descartada” la “posibilidad de que México sea utilizado por las organizaciones terroristas” como plataforma logística, operativa y financiera para planear o ejecutar atentados en Estados Unidos y por ello deben promoverse “mejores controles fronterizos terrestres y marítimos”.
Milenio
