El robo de gasolina a Pemex representa un negocio de más de mil 500 millones de dólares al año para los grupos de huachicoleros, sin embargo, la toma ilegal de hidrocarburo en los ductos es una “cosa de niños” en comparación con los robos operados desde el interior de la empresa petrolera por “personas que no llevan armas y nunca se ensucian las manos”.
En un amplio reportaje publicado esta semana en la revista Rolling Stone, el periodista Seth Harp retrata la doble cara del robo de gasolina en México.
Una de ellas, que afecta con una violencia cada vez mayor a Puebla, Guanajuato o Veracruz –apunta– es operada por las organizaciones criminales, que convirtieron a las “pequeñas pandillas de mugrientos bandidos” de huachicoleros en “operadores con tácticas paramilitares afiladas durante la guerra contra las drogas”.
Añade: “A esta escala, el robo de gasolina no es posible sin contar con la ayuda de trabajadores de Pemex (Petróleos Mexicanos), quienes surten a los huachicoleros con mapas de las redes de ductos, les avisan cuándo la gasolina fluirá, y les proporcionan las herramientas necesarias, incluyendo válvulas específicas”.
Otra cara del robo de gasolina, más burocrática, consiste en los numerosos esquemas fraudulentos que operan trabajadores de Pemex para importar y exportar gasolina hacia Estados Unidos de manera clandestina.
“Se copia simplemente 20 o 30 veces el papeleo que autoriza un cargamento de gasolina desde un almacén, y con cada documento falso una pipa que lleva por decenas miles de dólares de producto sale de los locales”, plantea el reportaje, con base en el testimonio de un empresario que trabaja en la frontera.
“El mercado negro de la gasolina representa ahora una economía multimillonaria, y las mafias independientes de la gasolina ganan poder, aventando un acelerador volátil en la mezcla sucia de drogas y armas que ya mató a más de 200 mil mexicanos en la década pasada”, observa, y añade que la llamada guerra contra el narcotráfico “es la guerra más letal en el mundo después de la de Siria”.
Harp documenta cómo la intrusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2017 en el “Triángulo Rojo” de Puebla, donde se cruzan varios oleoductos de Pemex, generó una oleada de asesinatos y crímenes violentos que afectaron, entre otros, a los municipios de Acajete, Acatzingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo. El brote de violencia se debió a la “purga” operada por el CJNG contra Los Zetas, cuyos integrantes dominaban la región.
Uno de los miembros de una banda dedicada al robo de gasolina en Veracruz –a cambio de una cuota de 10 mil dólares a los Zetas– dijo al periodista estadunidense que cuenta con “informantes” dentro de Pemex y que compró a los policías de cinco municipios colindantes con Orizaba.
De manera general, el periodista destaca que “la guerra contra las drogas mutó en un conflicto más amplio para el control de los recursos naturales, con una competencia entre múltiples milicias criminales y un Estado central débil para el control de minas, puertos y pozos petroleros”.
Y toma los ejemplos de la Familia Michoacana, que “exportó millones de toneladas de hierro desde el puerto de Lázaro Cárdenas”; el grupo Guerreros Unidos, que opera en la mina Los Filos, o “el Cártel del Golfo que roba gas natural desde la Cuenca de Burgos”.
El periodista también recuerda que las organizaciones criminales se paramilitarizaron para responder al despliegue del aparato militar en el combate a las drogas. “Actualmente, los tiroteos entre los cárteles y las fuerzas armadas se pueden equiparar a batallas urbanas de infantería, con ametralladoras y lanzagranadas, e incluso disparos desde helicópteros hacia casas de seguridad”.
Fuente: proceso.com
