A Salim le pidieron algo más de mil dólares por escapar en barco de Birmania, pero los traficantes, desorganizados por la nueva mano dura del Gobierno tailandés, abandonaron la nave a sus pasajeros, y lo que era un lucrativo negocio.
Las redes de traficantes que prosperan desde hace años en el sudeste asiático se extienden ahora del oeste de Birmania, pasando por las zonas costeras de Bangladesh, hasta las costas del sur de Tailandia.
Según el nuevo método empleado por los traficantes, el dinero de los emigrantes es exigido a la llegada al país de destino, con frecuencia Malasia, donde la mayoría de los rohingyas, minoría musulmana perseguida de Birmania, y de los bangladeshíes que huyen de la miseria, esperan refugiarse y encontrar una mejor vida.
En Tailandia, los traficantes recogen los frutos de su negocio. Según los grupos de defensa de los derechos humanos, una vez en el sur del país, los emigrantes son retenidos en campamentos en medio de la selva, a la espera de que amigos o familiares paguen entre 2 mil y 3 mil dólares por su liberación. Otros son vendidos a granjas e industrias en Malasia.
Una embarcación con 400 personas a bordo -a veces reclutadas, a veces secuestradas- representan una ganancia total de 800 mil dólares según Freeland, una ONG que ayuda a la Policía tailandesa a investigar las redes de trata de seres humanos.
Cuando salieron de Birmania, Salim y sus compañeros de viaje no podían saber que Tailandia estaba a punto de desmantelar numerosos campamentos en el sur del país y por tanto, de cortar las vías de acceso utilizadas hasta la fecha.
“Aún no he pagado nada.. nosotros queremos ir a Malasia”, explicó este hombre de 30 años desde un barco a la deriva cerca de las costas tailandesas. Unos 300 hombres, mujeres y niños rohingyas se encontraban en el barco, en el mar, desde hace más de dos meses.
Tailandia lanzó a principios de mayo una serie de operaciones en el sur del país, en plena selva, contra los campamentos de tránsito utilizados por los traficantes, donde fueron descubiertas varias fosas comunes.
La nueva política tailandesa ha desatado una reacción en cadena y los traficantes han huido, abandonando a los emigrantes por centenares en el mar o en los campamentos en la selva.
Desde principios de mayo las autoridades han emitido más de 60 órdenes de arresto y se ha transferido a más de medio centenar de policías; el país busca además a un responsable local de la provincia de Satun, Pajjuban Aungkachotephan, conocido como “Gran hermano Tong”.
“Tenía un ojo puesto sobre todos los negocios. No sé si está implicado o no en el tráfico (de seres humanos), pero si alguien hiciera algo ilegal, forzosamente él lo sabría”, explicó un empresario de la región que prefirió guardar el anonimato.
“La mayoría de traficantes de Birmania y Malasia afirman que los jefes tailandeses son quienes se llevan la mejor parte de este comercio”, explicó Matthew Smith, de la ONG Fortify.
Considerando las ingentes sumas en juego, que ascenderían a 250 millones de dólares desde 2012 según Smith, esto implicaría que muchas personas se han llevado una parte del pastel de la trata.
De rebote, toda la filial se ha visto sacudida. El 8 de mayo, en la región de Cox Bazar en Bangladesh, donde viven cerca de 300 mil refugiados rohingyas, tres supuestos traficantes murieron en un tiroteo con la Policía.
Empujados por la falta de trabajo, la pobreza y la desesperación, numerosos rohingyas también están implicados en las redes de traficantes de personas.
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