Será hasta el 10 de enero cuando los indígenas desplazados de San Juan Copala, habrán de determinar las acciones para continuar exigiendo al gobierno del estado las garantizas necesarias para su retorno a esa comunidad de la región triqui.
Y es que precisamente en esa fecha, 10 de enero, vence el término que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), le concedió al gobierno del estado para que dé una respuesta definitiva al caso de los triquis desplazados de San Juan Copala.
La representante de los triquis desplazados de San Juan Copala, Lorena Merino Martínez, dio a conocer que en una carta recordatorio enviada por la CIDH al gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, se le pide dar una respuesta favorable y definitiva al asunto de los indígenas desplazados, en un término de diez días a partir del uno de enero de éste 2013.
Ante ello, dijo, hasta que no se tenga una respuesta oficial y definitiva del gobierno del estado y tras una valoración, se determinarán las acciones a iniciarse de manera inmediata, entre ellas, una marcha-caravana a la ciudad de México para instalar un plantón en la Secretaría de Gobernación o en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Merino Martínez señaló que el gobierno del estado está obligado a garantizar la seguridad y la paz en la región, para el retorno de los indígenas desplazados, porque la administración gubernamental tiene la responsabilidad de generar un clima de estabilidad entre los indígenas triquis, dijo la representante de los desplazados de Copala.
De un documento por la cantidad de 75 mil pesos que recibió de la “Unidad Administrativa de la Secretaría General de Gobierno por concepto del pago total al cumplimiento del convenio celebrado el 17 de diciembre del 2011, en acatamiento de las medidas cautelares (MC-197-19) decretadas por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos”, Lorena Merino Martínez dijo que con la publicación de éste documento el gobierno busca curarse en salud, además de que es obligación del gobierno apoyar a la mujer indígena, viuda y con dos hijos, porque el gobierno generó el conflicto social en Copala.
Agencia JM
