Nuevamente un grupo de defraudados por la empresa SERVIOAX se manifestaron en las afueras de juzgados, con la finalidad de presionar a las autoridades para que actúen contra responsabilidades jurídicas por los fraudes y se pueda resolver la situación grave que los aqueja.
Juan Sosa Maldonado, representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, y actual asesor de 40 personas defraudadas, exhortó al gobierno a terminar con la impunidad que impera en el caso de los negocios denominadas “cajas de ahorro” que han defraudado a miles de oaxaqueñas y oaxaqueños a quienes les han arrebatado parte importante de su patrimonio.
Aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene que resolver este tipo de conflictos, puesto que al carecer de una figura legal en la cual recaiga el peso de la ley, dejan en el desamparo a la víctimas, por lo que exigen a los legisladores y a los poderes Ejecutivo y Judicial, tomen cartas en el asunto para terminar de una vez por todas con la impunidad de la que gozan dichas empresas.
“Exigimos que el Poder Judicial busque los mecanismos para que se les haga justicia a las y los defraudados” dijo el representante.
Lo anterior, independientemente del programa FIPAGO en el que participa el gobierno federal y que por ahora solo podrá ayudar a una parte de quienes resultaron con afectaciones en su patrimonio, dependiendo de la antigüedad de las empresas en la entidad.
En su calidad de representante de 40 personas defraudadas por la caja de ahorros SERVIOAX, Sosa Maldonado detalló que es indispensable terminar con la impunidad que impera, y que Emilio y Benito Cortés Castro sigan sin responder a la petición de la devolución de sus ahorros.
Manifestó que lo anterior lo único que demuestra es que existen complicidades por parte del gobierno, toda vez que a pesar de haber sido detenido en un primer momento Emilio Cortés Castro, no se le fincaron responsabilidades por los millones de pesos, de los que han desfalcado a cientos de familias.
De igual forma expresó que ha quedado de manifiesto que el problema ha sido rebasado a nivel estatal y pasaría lo mismo a nivel federal, por la cantidad de demandas que se han interpuesto. “El personal de la Procuraduría no es suficiente para atender no sólo en la ciudad, sino en las distintas regiones que se han generado a partir del quebranto de dichas empresas” indicó.
Por lo que solicitó mayor atención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Indígena (PRODI) ya que muchas de las personas afectadas forman parte de la comunidad indígena del estado oaxaqueño.
Al final de la conferencia informó que el grupo de defraudados presentes, ha integrado 20 averiguaciones previas, sin embargo anunció que el número puede aumentar debido a su reciente visita a Tamazulapan donde se encontraron alrededor de 300 personas defraudadas, de las cuales 150 están dispuestas a denunciar, toda vez que la empresa sigue laborando y haciéndose rica a costillas de la gente más pobre.
Agencia JM
