Luego del operativo realizado por autoridades de la Policía Estatal, el miércoles en la comunidad de San Miguel Chimalapa, habitantes denunciaron la represión violenta en su contra, donde se vieron vulnerados sus derechos humanos de quienes se encuentran desde hace más de un mes luchando por la soberanía del pueblo.
Celia Cruz Gutiérrez denunció que el Gobierno del estado de Oaxaca, representado por Gabino Cué Monteagudo, ha actuado de forma parcial, con acciones que parecen ser en beneficio del estado de Chiapas, sin ponderar en ningún momento la defensa de las tierras oaxaqueñas y mucho menos los derechos humanos, a pesar de haber recibido un reconocimiento por parte de la ONU que dicta lo contrario, por lo que exigen una disculpa pública del mandatario estatal hacia la comunidad de San Miguel Chimalapas y sus habitantes.
Detalló que el operativo realizado por el Gobierno estatal el pasado miércoles por la mañana, rompió con la visión pacífica que tiene la comunidad de resolver los problemas, incluso ha criminalizado al Comisario de Bienes Comunales Alberto Cruz Gutiérrez, quien ahora cuenta con una orden de aprehensión, toda vez que es acusado de asociación delictuosa y secuestro, cuando su único delito hasta el momento es la defensa de la tierra.
“Es mentira que se haya secuestrado a alguien, en este caso se trata de la detención de Jorge “Tito” Luna, cacique de la población, acusado de robo, motivo por el cual se encontraba detenido, y el Gobierno agarró esto de pretexto para actuar de forma represiva en contra de la comunidad” dijo el comunero.
Aseguró que las autoridades estatales, aun no han entendido que las tierras no se venden, ni aunque les ofrezcan los 20 millones de pesos, que para el programa COSOMER, operado por la Secretaría de la Reforma Agraria vale la tierra, y ni aunque incurra en las amenazas de no hacer llegar obra social a la comunidad.
De igual forma responsabilizó a la SEMARNAT de no respetar el compromiso que desde los años noventa se estableció de no dar permisos para el aprovechamiento del recurso forestal maderable, porque esa tierras estaban en indefinición, acuerdo que ya fue violado al otorgar dichos permisos a ejidos y supuestos pequeños propietarios que se otorgó en 2005, con una duración de 12 años.
Por último negó las acusaciones del Gobierno de Chiapas, de que existan grupos paramilitares en la zona, argumentó que sólo ha sido utilizado para poner a la opinión pública y las autoridades federales en contra de la comunidad de San Miguel, y mucho menos de que habitantes de Chimalapas formen parte de la delincuencia organizada, quienes por el contrario fueron agredidos y tratados como delincuentes con golpes que los demuestran, como en el caso de los hermanos Angélico y Bernabé Solano Jiménez quienes denunciaron los golpes en su contra, por parte de la Policía Estatal.
La propiedad no está en duda
Celia Cruz Gutiérrez, representante legal del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapas, aseguró que con los actos realizados el día miércoles, el Gobierno del estado ha violentado la autonomía de la comunidad, lo cual es sumamente grave, después de que se ha comprometido en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y los derechos humanos.
Cruz Gutiérrez, planteó que de origen, el problema en Chimalapas fue causado por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) quien no ha sabido darle salida, en los más de 60 años que data el conflicto en la comunidad, en la que San Miguel defiende sus tierras a sabiendas de que les asiste la razón.
Aseguró que la comunidad de San Miguel y Santa María Chimalapas cuenta con títulos de tierras que datan de 1687 en los que se demuestra que habitantes de la comunidad, compraron a la corona española por la cantidad de 25 mil pesos de oro común, entregadas en jícara, con la finalidad de obtener un mínimo de reconocimiento, lo cual comprueba la posesión de la tierra, que ya poseían desde tiempo atrás y se confirma en 1850 con el gobierno independiente.
Por el contrario, los ejidos chiapanecos que están asentados ilegalmente dentro de los bienes comunales oaxaqueños son: Ejido Gustavo Díaz Ordaz, Flor de Chiapas, Rodolfo Figueroa y Ramón Escobar Balboa, todos pertenecientes al municipio y jurisdicción de Cintalapa Chiapas, quienes carecen de legalidad en el territorio, ya que los Chimalapas nunca recibieron las tierras de forma gratuita, sino fue parte de un reconocimiento de posesión histórica, acreditada por los títulos correspondientes.
“Nos hemos cansado de exigir la instalación de la mesa de diálogo que ponga fin al conflicto, que no es de hace unos meses, sino que lleva años en la comunidad y donde el gobierno estatal ha hecho caso omiso de la gravedad del asunto” dijo Celia Cruz Gutiérrez.
Propuesta de San Miguel Chimalapas
Como en ocasiones anteriores los habitantes de la comunidad aseguraron que en ningún momento están solicitando la salida de quienes integran los ejidos chiapanecos, mucho menos que se vuelvan oaxaqueños, lejos de eso exigen que sea reconocido el territorio y que acepten que se encuentran dentro de los límites de la comunidad de San Miguel Chimalapas.
“El gobierno de Chiapas se ha encargado de tergiversar la información y hacer parecer que nosotros queremos desplazarlos o que se vuelvan oaxaqueños, sin embargo esa nunca ha sido nuestra propuesta, solo queremos respeto a la tierra, que no pensamos vender” dijo.
A la par que especificó que antes de que el gobierno interviniera con el “operativo pacífico”, los comuneros de San Miguel, ya se habían acercado a los del ejido de Díaz Ordaz para plantear la alternativa, para la solución del problema, que hoy es cada vez más grande.
La realidad actual
La abogada y representante de la comunidad indicó que en estos momentos se habla de grupos paramilitares infiltrados en la zona, con la finalidad de amedrantar a quienes la habitan y terminen aceptando la venta del territorio que el Gobierno de Gavino Cué no quiere defender.
Indicó que confían en que el Secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez cumpla con su promesa de iniciar el juicio de controversia constitucional por conflicto de límites interestatales Oaxaca-Chiapas, ante la suprema Corte de Justicia de la Nación y que dicha acción no se convierta en una mentira más del Gobierno estatal.
Sin embargo no pudo evitar mostrar su preocupación de que la violencia latente en estos momentos se desate y se derrame sangre de los comuneros en defensa de la tierra, que no están dispuestos a perder.
Agencia JM
