Más allá de las cualidades y deficiencias de los candidatos a la Presidencia de la República y a las dos cámaras del Congreso de la Unión, las elecciones del 1 de julio serán una especie de plebiscito en el que los mexicanos decidiremos si dejamos que la ultraderecha panista profundice aún más el estancamiento económico, el desempleo, la pobreza y la violencia, o rescatamos al país y le damos un rumbo nuevo y más humano a las políticas públicas.
Aunque las campañas electorales seguirán descansando en la difusión de imágenes y frases publicitarias que “venden” pero obstruyen el pensamiento crítico, han surgido exigencias aparentemente espontáneas de la intelectualidad, para que los candidatos presidenciales definan algunos compromisos específicos de gobierno.
El martes pasado se dieron a conocer dos importantes iniciativas que debieran ser asumidas por los partidos y sus candidatos: una larga lista de preguntas agrupadas en 14 temas sobre aspectos específicos de política, suscrita por medio centenar de personajes destacados en la vida pública, y un esquema propuesto por una veintena de intelectuales que durante más de tres años se ha reunido bajo los auspicios de la UNAM para proponer políticas “Hacia un nuevo curso de desarrollo”.
Si los candidatos responden las preguntas del primer texto mencionado, se estarán pronunciando explícitamente por continuar por la senda que ha seguido el país en los últimos 30 años y sobre todo en los dos gobiernos de la ultraderecha, o por la rectificación que recomponga el tejido social y restaure un mínimo de bienestar y certidumbre para todos los mexicanos.
Sean cuales fueren las respuestas, los candidatos estarán definiendo su posición frente a asuntos tan espinosos como los cambios a la estrategia calderonista de seguridad pública, los elementos de una reforma educativa, las medidas concretas para elevar la inversión, la producción y el empleo, la reforma hacendaria, los sindicatos públicos, los monopolios, las acciones de reforma política.
La veintena de intelectuales auspiciados por la UNAM advierte que “Lo que está en juego hoy […] es la capacidad nacional de responder a circunstancias nuevas y adversas y generar capacidades productivas y sociales que den solidez al crecimiento, generen formas de existencia social robustas y generosas, por equitativas y solidarias, y clausuren la reproducción inaudita de la violencia”.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han tomado posiciones claras sobre algunos o muchos de los planteos surgidos esta semana; Josefina Vázquez Mota no creo que tenga nada que decir -nada sustancial ha dicho desde que ingresó a la vida pública- aunque es probable que tenga una agenda implícita: la agenda de la ultraderecha que, como lo ha acreditado Felipe Calderón, no se anuncia; se ejecuta.
Las respuestas de los candidatos deben convertirse en compromisos y la sociedad debe exigir que el futuro presidente y los futuros legisladores cumplan lo ofrecido. Esto tiene que ser así porque la situación nacional es muy delicada. Al cierre de 2012, México tendrá 60 millones de pobres, 15 millones más que en 2006, de acuerdo con el informe “Una agenda mínima para México”, del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey. Datos previos del Coneval indican que unos 20 millones de personas padecen pobreza alimentaria o pobreza extrema o como se le quiera llamar a la situación de quienes ni siquiera tienen para comer. En sólo dos años, se habrán agregado 2.5 millones de personas más a la cifra funesta de la miseria.
Si sólo fuera por esto, el gobierno del presidente Calderón pasaría a la historia como el sexenio de la pobreza, en palabras de José Luis de la Cruz, director del citado centro de investigaciones. Pero el problema no termina allí: 21.3 millones de personas, que representan el 44% de la población ocupada, trabajan sin remuneración o reciben ingresos por un máximo de dos salarios mínimos. Y el poder de compra del salario mínimo ha caído en más de 75% en los últimos 40 años; esto significa que hace falta trabajar cuatro días para comprar lo que en los años setenta se podía adquirir con un salario mínimo. El mismo estudio indica que 7.8 millones de jóvenes no tienen empleo ni escuela y que 13.9 millones de personas trabajan en la economía informal: sin contrato ni seguridad social ni prestaciones ni estabilidad en el empleo.
Los candidatos deben asumir compromisos claros para revertir esta situación. Los”lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal” que propone el grupo de intelectuales auspiciado por la UNAM contienen un excelente esquema que podría servir de base para la formación de un programa de gobierno que alivie en lo inmediato los problemas más lacerantes y construya en el mediano plazo, pero desde el primer día, un nuevo modelo de desarrollo sustentable que no sólo procure la estabilidad macroeconómica sino que fomente la inversión, la producción y el empleo ygarantice una protección social básica para todos. Esto, claro, si la derecha no vuelve a ganar las elecciones.
