Las múltiples denuncias de acoso presentadas en los últimos días en varios planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, deben poner frente al espejo a las instituciones educativas, autoridades, trabajadores de la educación, alumnos, padres de familia y sociedad civil.
Dejar todo en la trivialidad de la grilla política o reducir la problemática a un solo momento o a una sola persona, sólo provoca que se continúe escondiendo lo que verdaderamente debe salir a flote, el hecho es que debe haber una política integral, e incluso una práctica social y familiar constante, para atender el acoso no en una escuela sino en toda la sociedad oaxaqueña.
Hasta ahora, lo que se conoce de información sobre el acoso en planteles del Cobao es lo siguiente: en cinco planteles -Pueblo Nuevo, Tlaxiaco, Nazareno, Huatulco y Putla- se han manifestado alumnas para denunciar prácticas de acoso y violencia sexual por parte de algunos de sus profesores en específico.
Tanto en estos últimos casos, como en otros denunciados en los últimos tres años pero que no habían contado con atención ni difusión en medios de comunicación, las autoridades del COBAO tomaron medidas inéditas para una institución de esa naturaleza: hasta antes de los casos recientes, ya habían separado definitivamente de sus funciones a once trabajadores acusados de acoso; y en las últimas semanas se han tomado medidas cautelares a favor de las alumnas que denunciaron casos de acoso, que han implicado la separación temporal de casi otra decena de trabajadores en tanto se deslindan las responsabilidades administrativas y, sobre todo, penales que resulten.
En este embrollo, habrá que ver además no sólo lo que ha hecho el COBAO sino todo el Gobierno del Estado para atender esta problemática: en cada caso -entre los que han sido conocidos, y los que ocurrieron fuera de la atención de medios de comunicación- las autoridades del Colegio solicitaron desde el primer momento la presencia y el acompañamiento tanto de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Secretaría de las Mujeres, para garantizar una atención integral a esta problemática y ofrecer a las menores violentadas, medidas integrales que les permitieran continuar sus vidas y exigir correctamente la justicia que merecen.
Una de las cuestiones que en este caso vale la pena señalar es que entre la población señalada -los trabajadores- es donde ha habido la mayor resistencia para reconocer la gravedad de estas prácticas de acoso y abuso. El Sindicato del COBAO ha sido quien históricamente ha protegido a los trabajadores, y fue quien en otro tiempo, en colusión con autoridades sumisas del Colegio, promovieron que los trabajadores que eran acusados de prácticas de acoso sexual o violencia de género fueran únicamente reubicados entre planteles, pero no castigados como verdaderamente lo merecerían.
Gracias a eso, un trabajador que acosaba a las alumnas o a las trabajadoras, terminaba burlando las acciones de la justicia únicamente protegido por el manto sindical que se resistía a ver la realidad y la gravedad de ese tipo de prácticas. Eso prevaleció durante muchos años y fue lo que alimentó la sensación de impunidad que hoy continúan teniendo no sólo las alumnas del COBAO sino en general cualquier integrante de una comunidad laboral o escolar en la que está presente un sindicato que decide proteger a sus agremiados independientemente de la gravedad de sus acciones.
Es por ello que recientemente, en un encuentro que tuvo el Gobernador Alejandro Murat con directivos de los planteles del COBAO, se establecieron parámetros claros para que ningún caso de esta naturaleza quede en la impunidad.
Resaltó la importancia de tener contacto permanente con los padres de familia, así como información clara y concreta sobre qué debe hacer cualquier alumno, maestro o trabajador administrativo de cualquier institución educativa, al tener conocimiento de la existencia de un caso de abuso. En cualquier caso, debe darlo de inmediatamente a conocer a sus superiores, y debe hacer lo necesario para proteger a los menores.
Incluso, algo que debería permear en todos los casos, y en todos los niveles del sistema educativo, es que los responsables de este tipo de prácticas no fueran únicamente sancionados en el ámbito administrativo, sino en el ámbito penal. Estas prácticas no configuran simples faltas administrativas, sino que constituyen delitos. Y los acosadores deben ser tratados como presuntos autores de un delito y no como simples personas a las que se les debe proteger y darles únicamente sanciones simbólicas.
Además, cuando se trata de menores de edad debe haber también atención total de los padres de familia: cuando un alumno de cualquier tipo de escuela de nivel básico, medio básico o medio superior, denuncia que han cometido un abuso sexual o de género en su contra, sus padres deben ser los primeros en acompañarlos y respaldarlos. La falta de sanciones adecuadas, en general -y sin demeritar las fallas e ineficiencia de las autoridades-, también es consecuencia de que los padres dejan de estar pendientes de lo que les ocurre cotidianamente a sus hijos, y de las adversidades a las que se enfrentan.
Al final, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha reconocido que en todo el sistema educativo estatal -es decir, desde las escuelas de educación básica como preescolares y primaria, hasta el nivel medio superior en preparatorias y bachilleratos públicos- no existen los protocolos adecuados para atender este tipo de problemáticas. Deberá de ser una acción de Estado, y no sólo de una institución, la respuesta en la configuración de los mecanismos idóneos para atender esta práctica generalizada de acoso y abusos en las escuelas.
Es claro que hoy fue el COBAO, pero que mañana puede ser cualquier otra escuela, en cualquier otro nivel educativo. No reconocerlo es cerrar los ojos a la realidad, y reducir un problema de consecuencias muy graves y profundas para la sociedad oaxaqueña, a una grilla de politiquería de quienes quieren ver a alguien crucificado sin reconocer la dimensión de un problema social de fondo que no es privativo de una escuela.
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