El procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, aseguró a diputados integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que el caso Brad Will no está cerrado y que tampoco hubo acuerdos políticos ni exoneración de funcionarios de la administración gubernamental pasada acusados de peculado, por lo que el proceso continuará.
Además, resaltó que la PGJE no ha recibido denuncias relacionadas con los casos de pederastia que habrían sido cometidos por miembros de la Iglesia católica, y aseguró que sí hay condiciones para que el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra pueda retornar a territorio oaxaqueño para continuar su labor de defensa de los migrantes.
López López se reunió la mañana de este jueves en la sede del Poder Legislativo con los legisladores Pavel Renato López Gómez, Flavio Sosa Villavicencio y Marlene Aldeco Reyes Retana, del PRD, PT y PAN, respectivamente, a solicitud de los mismos que forman parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
El presidente de la Comisión, diputado López Gómez, reconoció la disposición del titular de la PGJE para dialogar con los legisladores y aclarar algunas dudas relacionadas con los casos del asesinato del camarógrafo estadunidense Bradley Rolland Will, la situación de ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz acusados de enriquecimiento ilícito, los asuntos de pederastia sacerdotal y los presuntos abusos de autoridad cometidos por policías municipales de Santa Cruz Xoxocotlán.
“Uno de los propósitos de la reunión de trabajo es que los integrantes de la referida Comisión tengamos mayor cantidad de elementos sobre esos temas tan sensibles, y así fijar un posicionamiento ante el pleno de la LXI Legislatura”, indicó López Gómez.
En tanto, el legislador Sosa Villavicencio dijo que es importante que el gobernador Gabino Cué Monteagudo demuestre a los oaxaqueños que tiene un compromiso con la aplicación de la justicia.
En este sentido, el titular de la PGJE explicó el procedimiento que esta dependencia llevó a cabo para establecer la presunta responsabilidad de Lenin Osorio Ortega en el asesinato de Brad Will, cometido el 27 de octubre de 2006 en inmediaciones del municipio conurbano de Santa Lucía del Camino.
Señaló que de acuerdos con las investigaciones, “hasta ahora no hay evidencias de autores intelectuales y pericialmente está demostrado que fue una sola persona la que disparó dos balas con una pistola 38 especial en contra del camarógrafo estadunidense”.
Explicó que la primera indagatoria la llevó a cabo la PGJE, después atrajo la averiguación la PGR, y en el actual gobierno estatal nuevamente la primera dependencia retomó el caso y logró que varios testigos ampliaran sus declaraciones y aportaran nuevos elementos.
El Abogado del Estado subrayó ante los diputados que la detención de Osorio Ortega no fue en base a una investigación sesgada ni parcial, ni tampoco obedeció a una situación coyuntural derivada de las movilizaciones magisteriales de la sección 22 del SNTE.
Aceptó que “falta mucho por hacer” en relación con el caso Brad Will, pues luego del enfrentamiento donde fue asesinado durante el conflicto político social del 2006, no se iniciaron otras averiguaciones previas por otras personas que también hubieran sido victimadas en esa ocasión.
Sostuvo que en la detención de Osorio Ortega no se fabricaron “chivos expiatorios” y hay elementos suficientes para llevar a cabo un buen proceso que incluso puede llevar a una situación condenatoria.
El diputado López Gómez cuestionó al titular de la PGJE en relación con ex funcionarios gubernamentales acusados de enriquecimiento ilegítimo y, en respuesta, López López dijo que “hubo plan con maña” en el gobierno anterior para realizar reformas al Código Penal –aprobadas en el 2010 por el Congreso del Estado– para que el delito de peculado no fuera seguido de oficio, sino por querella; es decir, a petición de parte.
“Son argucias que están en la ley y se hicieron a modo”; sin embargo, se dará la batalla jurídica porque hay elementos para librar nuevas órdenes de aprehensión, afirmó.
Cabe señalar que en abril de este año, un juez federal exoneró a cuatros ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, entre ellos sus voceros Raúl Castellanos Hernández, Soledad Rojas Walls, su tesorero Miguel Ángel Ortega Habid, y Fernando González, que habían sido acusado por los delitos de peculado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Gabino Cué.
En una resolución, el juez Tercero de Distrito en el Estado acordó el sobreseimiento de los juicios de amparo promovidos por ex funcionarios de la administración estatal anterior.
En tanto, el diputado López Gómez dijo que “hay urgencia de la sociedad de la aplicación de la ley a ex funcionarios públicos del gobierno anterior que hayan incurrido en delitos”.
Mientras, López López manifestó que en la dependencia a su cargo hay una miscelánea de reformas al Código Penal, entre ellas, las relacionadas con el enriquecimiento ilícito para que este pueda ser castigado sin recurrir a argucias legales.
En el tema de los casos de pederastia sacerdotal, el diputado López Gómez refirió que tiene conocimiento de que se han registrado entre 30 a 50 casos en la entidad, mientras, la legisladora panista Reyes Retana, dijo que el tema de pederastia “duele a la sociedad”.
Por su parte, el diputado Sosa Villavicencio, planteó: ¿Cómo hacer para que las investigaciones de esos casos no se queden sólo en una escandalosa denuncia periodística?
En este sentido, resaltó la buena disposición de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para que las indagaciones “vayan al fondo”.
El titular de la PGJE había señalado que el único antecedente que se tiene en esa dependencia de esos casos es una denuncia anónima y tampoco hay referencia de otros 40 que supuestamente se habrían registrado.
Sin embargo, señaló que la investigación está abierta para que la Comisión de Derechos Humanos le dé seguimiento y sea coadyuvante en la misma.
En el asunto de un joven de 16 años de edad que fue detenido por la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el titular de la PGJE ofreció que se continuará la investigación.
Finalmente, el legislador Sosa Villavicencio preguntó a López López si hay condiciones para que retorne a Oaxaca el sacerdote Solalinde Guerra –quien denunció amenazas de muerte en su contra– y el abogado del Estado respondió que sí las hay.
En la reunión estuvo la subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Araceli Hernández Cruz.
