Por la ascendencia caudillista de la cultura y el ejercicio político que ha prevalecido en nuestro país, pareciera que en México seguimos mal acostumbrados a pensar que cualquier cambio de régimen está directamente relacionado con la persona que llega a la Presidencia. Esto quizá sea posible, en un país como el nuestro en el que cada nuevo Mandatario pretender reinventar el gobierno, al Estado, la economía y el ejercicio del poder. Sin embargo, más allá de eso debiéramos considerar algunos signos sustantivos de que sí puede haber un cambio de régimen y de época política, si independientemente de quién gobierne, se demuestra voluntad por una nueva concepción del poder y la responsabilidad pública a través de cuestiones como la justicia transicional.
En efecto, nos encontramos en México ante un escenario que bien puede ser el relativo a que “el país ya no aguanta más”. La nación parece encontrarse al límite no sólo por los perennes problemas económicos, sino ahora también por la irritación social, la violencia y la clara imposibilidad del Estado para terminar con la inseguridad que prevalece en amplias regiones del país a pesar de la presencia policiaca y de las fuerzas armadas. Junto a esto, hay otros dos grandes temas: la corrupción que ahoga a los tres órdenes de gobierno, y la impunidad, que sigue siendo un problema de fondo con el que lidiar ha resultado un verdadero vía crucis para los mexicanos.
En medio del proceso electoral, todos los aspirantes presidenciales prometen terminar con estos y todos los demás flagelos que agobian a nuestro país. El problema es que, o unos prometen hacerlo sin establecer una ruta clara sobre cómo conseguirlo; y los otros afirman que harán ahora sí, todo lo que no hicieron en las oportunidades que tuvieron o ellos o sus partidos, cuando estuvieron al frente del gobierno federal. Por esa razón, es evidente que más allá de lo que prometan las personas con soluciones mágicas pero inalcanzables, lo que deberíamos comenzar a buscar y exigir, son los mecanismos para lograr que llegue ese cambio de régimen y de época, independientemente de quién gane la presidencia.
Hay mecanismos que están puestos. Uno de ellos es lo que planteó un tribunal colegiado cuando estableció, por primera vez en una sentencia judicial en México, el mandato de crear una comisión que investigue nuevamente todo lo relacionado a los desaparecidos de Ayotzinapa; otro, es el planteamiento que están haciendo algunas personas respecto a enfrentar la violencia relacionada con el narcotráfico a través de una política de justicia transicional de legalización paulatina de algunos narcóticos que hoy están prohibidos por la ley, y que en alguna medida son parte de la guerra que se libra todos los días entre el Estado y los criminales por el tráfico y la venta ilegal de estupefacientes como la mariguana, y otros.
JUSTICIA DE AVANZADA
Respecto al primer punto, el pasado 4 de junio un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul. De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”. ¿Por qué es relevante esto? Porque es importante la forma en cómo los tribunales están ganando lugar no sólo en la impartición per se de justicia, sino en el hecho de establecer criterios para conocer la verdad de ciertos hechos.
Ahora le toca a la sociedad mexicana —a nosotros— exigir que quien sea el próximo Presidente, no sólo no trabe, sino que impulse la conformación y el funcionamiento de esta comisión conjunta para poder conocer la verdad de los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa, y entonces podamos ver al menos un viso de la verdadera transición democrática que tanto hemos exigido los mexicanos.
Ahora bien, respecto al otro punto, e independientemente de si gana o no la Presidencia López Obrador, vale la pena rescatar una propuesta (https://bit.ly/2xK4chG) de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, respecto al cambio de paradigma sobre el control de algunos narcóticos, para pasar de la persecución a la legalización.
En una interesante propuesta, la Ministra apunta: “El derecho a la salud debe estar garantizado por el Estado mexicano, y eso incluye a todas las sustancias que se han utilizado de manera tradicional —e industrialmente— de manera “controlada”. El acceso a medicamentos contra el dolor, los analgésicos opioides y los derivados de la cannabis tienen un enorme soporte científico para su suministro a escala mundial; sin embargo, las barreras para su acceso nacional requieren su importación desde el extranjero, esto en virtud de la regulación internacional que sigue privilegiando la lucha contra el crimen frente al sufrimiento de millones de personas que requieren medicamentos.
“¿Por qué no hacer estos fármacos en nuestro país, trayendo beneficio médico a la población, e impositivo, para el Estado México? (…) La gran preocupación que comparto tiene que ver con el enorme poder del crimen organizado frente a una propuesta de despenalización. México es un productor ancestral de sustancias psicoactivas; la vida de miles de jóvenes depende del cambio de fondo, estamos ante un problema de salud pública y de riesgo por la violencia y la inseguridad. El Estado mexicano debe enfocar su energía en desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico; debe reaccionar frente a la violencia con inteligencia y logística, donde se impacte a objetivos neurálgicos y vitales de la criminalidad organizada —con precisión y contundencia— pero, dentro de lo posible, con los menores enfrentamientos armados.”
VOLUNTAD
Para lograr cualquiera de los dos puntos, o ambos, sólo es necesario demostrar voluntad política. Deberían hacerlo los que ganen, y también los que pierdan. Si dejan a un lado las mezquindades partidistas, y hacen algo a favor del país, estos puntos bien podrían ser signos del cambio verdadero del que todos hablan, pero nadie entiende.
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