En estos días el debate sobre el aborto se ha intensificado en todo México, posiblemente por dos razones: primero, la campaña “40 días por la vida”, iniciada desde el 23 de septiembre, por cientos de voluntarios en diveros países, que con la humilde herramienta de la fe y la oración pacífica -de forma privada y pública-, buscan terminar con el aborto masivo e indiscriminado en el mundo; segundo, después del lunes 28 de septiembre, en el que feministas se activaron en todo el país, derivado de lo que han autonombrado “Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, para exigir ello como un derecho en los estados, nuevamente.
Al respecto, en uno de esos tantos debates que se dan en redes sociales, un exalumno cuestionó mi postura sobre el aborto desde una perspectiva de política pública, tomando como ejemplo el caso del servicio de Interrupción Legal del Embarazo, mejor conocido como ILE, en la Ciudad de México (CDMX). El comentario central de este exalumno, que además es la base por la cual pensé que sería útil redactar este artículo, fue el siguiente:
“(…) el Estado tiene el deber de generar políticas públicas encaminadas a resolver problemas públicos y apegarse a las recomedaciones de los organismos internacionales (en este caso los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), lo que es el derecho a decidir. Además que el actuar del Estado debe ser sin criterios morales ni religiosos (Estado Laico) (…)”.
Antes de entrar al tema en cuestión, quisiera aclarar que la presente reflexión, como la discusión global en sí misma sobre la legalización del aborto, tiene un carácter estríctamente científico; son disciplinas como la biología, la genética, la ciencia política o el derecho y otras más, las que nos permiten tener argumentos claros al respecto, pues de hecho, el debate del aborto con base en principios religiosos o teológicos, se encuentra a un nivel más elevado que el científico, el de la voluntad espiritual, y de lo cual no habría porqué apenarse si fuese el impulso motor de la discusión.
Bien, entrando en el tema, vale recordar con agrado las palabras de uno de mis estimados tutores en políticas públicas, el maestro Carlos Spindola, cuando decía: “no puede haber buenas o malas políticas públicas, simplementa hay políticas públicas o no”; en ese sentido el objeto de esta reflexión es responder a la pregunta: Lo que -grupos de feministas, organizaciones nacionales e internacionales- llaman “aborto legal, seguro y gratuito”, ¿es una política pública?
De acuerdo a Luicano Tomassini, una política pública es un “curso de acción estable, definido por el gobierno, para resolver un área relevante de asuntos de interés público, en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado”.
Atendiendo al comentario de este exalumno, resolvería esta pregunta contestando a su vez otras preguntas específicas que se vuelven necesarias al pensar en la “hechura” -como lo ha definido Luis F. Aguilar Villanueva- que requiere una política pública. Es decir, ese carácter lógico, técnico y científico en la planeación de esas acciones y en su ejecución, para resolver un problema de interés público, desde el gobierno y con el apoyo de la sociedad civil.
Primera pregunta:
¿Cuál es el problema público que resuelve el “aborto legal, seguro y gratuito”? ¿El de la principal consigna de las feministas? ¿Las muertes de mujeres por aborto? ¿Un problema de “salud pública”?
Tomando el caso de la CDMX, donde existe la ILE como supuesta “política pública”, podemos encontrar que allá la principal causa de muerte entre su población, de acuerdo a estadísticas de su secretaría de Salud del 2012 al 2018 (https://cutt.ly/rf8Gssq) son: (1) enfermedades del corazón, (2) diabetes mellitus, (3)tumores malignos, (4)influenza y neumonía, (5)enfermedades cerebrovasculares, (6)enfermedades del hígado, (7)enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, (8)agresiones (homicidios), (9)accidentes, (10)insuficiencia renal.
Por sólo mencionar 10 de las 20 principales causas de mortalidad de los habitantes de la CDMX, en las que, como se aprecia, las muertes obstétricas directas, en donde clasifican a las muertes por aborto, no figuran de ninguna manera.
No obstante, muchas mujeres argumentarían que yéndonos al detalle de las muertes por Razón de Mortalidad Materna (RMM) -que aún así, no figuran en el listado anterior-, encontraremos las muertes por aborto. Bien, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Salud de la CDMX al año 2018 (https://cutt.ly/kf8G4E9) las causas de Razón de Mortalidad Materna, son diversas, pero principalmente las muertes obstétricas directas, entre las que se encuentran en orden de prioridad las siguientes: (1) Hemorragia del embarazo, parto y posparto, (2) edema, proteinuira y transtornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, y (3) embarazo terminado en aborto, que, a su vez, se divide en “las demás” (3 muertes) y aborto espontáneo (1 muerte). Tomando en cuenta el embarazo terminado en aborto, se tiene un total de 4 muertes por cada 100,000 nacimientos, lo que representa tan sólo el 0.004% de muertes de mujeres en la CDMX por aborto.
Jugando al abogado del diablo, -ejercicio necesario en toda política pública-, podríamos decir que el bajo porcentaje se debe precisamente a la efectivadad del servicio ILE en la CDMX, sin embargo, si revisamos -sólo al azar- uno de muchos informes, como el de “Indicadores Históricos de RMM” del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México (https://cutt.ly/Lf8JNLs) encontramos que, por ejemplo, Oaxaca ha bajado su tasa de RMM por cada 100,000 nacidos vivos durante 10 años de manera consecutiva, desde el año 2007 hasta el año 2016, pasando de 82.9% a 45.9%, sin tener un servicio de Interrupción Legal del Embarazo como en la CDMX. De hecho, esa ha sido la tendencia en todo el país en el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, si nos vamos al detalle de causas de la RMM para el caso de Oaxaca al año 2016, encontramos las mismas que la CDMX: (1) hemorragia del embarazo, parto y puerperio, (2) enfermedades hipertensivas del embarazo, (3) causas obstétricas indirectas, (4) aborto. Siendo por aborto un total de 3 muertes lo que representa tan sólo el 0.003% de muertes de mujeres en Oaxaca; repito, sin tener ILE.
Tomando en cuenta cifras a nivel internacional, como por ejemplo, las del famoso Instituto Guttmacher -que al igual que el OMM se ha caracterizado por apoyar la legalización del aborto generalizado tomando como bandera la “salud pública” para las mujeres- se tiene el dato de que aproximadamente en el año 2018, fueron 22,800 muertes de mujeres en el mundo por abortos ilegales. Si tomamos la población mundial de mujeres de ese año que, de acuerdo al Banco Mundial, era de 3,763,000,000 habitantes, logramos saber que el porcentaje de muertes por aborto clandestino en el mundo para ese año es de tan sólo 0.0006%.
Primera conclusión
Con los datos anteriores y muchos más que no son citados aquí por razones de tiempo, ¿en verdad podemos afirmar que las muertes por aborto son un “problema de salud pública”? No, con la base estadística evidenciada. ¿Qué problema público resolvió la ILE en la CDMX? Absolutamente ninguno. Es decir, las muertes por no poder abortar de manera “legal, segura y gratuita” sólo son un mito al que se recurre fácilmente para esta campaña que va en contra de la estadística más elemental requerida para definir un problema público y entonces pensar en la necesidad de una política pública.
Segunda pregunta:
¿Cuánto le costaría al Estado el “aborto legal, seguro y gratuito”? ¿Cumple con la viabilidad financiera que una política pública requiere?
Siguiendo con el ejemplo de la CDMX, da la casualidad que el gasto público por los servicios del ILE no son de libre acceso, hay que realizar una solicitud de información a través del portal de transparencia, sin embargo, suponiendo que por cada servicio de aborto se erogue un promedio $1,000.00 (de acuerdo a internet, clínicas en la CDMX tienen servicios entre $2,800 y $10,000, de acuerdo al tipo de servicio y semana de gestación), contemplando al menos un ultrasonido inicial, el costo de los materiales, el personal médico y los costos por servicios generados del inmueble, tendríamos que en 14 años se han erogado 227,686,000 millones de pesos, tomando en cuenta que el número de abortos ha sido de 227,686 en ese periodo de acuerdo a la secretaría de la Mujer (https://cutt.ly/1f8NxUf). Esto significa que han sido al menos $16,263,285.71 millones al año, es decir, $1,355,273.80 millones al mes. Con ello me surge otra pregunta: ¿cuántos problemas de verdadera “salud pública”, mayores al 0.004% de muertes de mujeres por aborto en la CDMX en el año 2018, se podrían haber resuelto con $1,355,273.80 mensuales?
Importa decir que en este cálculo de gasto por servicios ILE en la CDMX fui muy prudente en los números, pues como me ha indicado el famoso doctor de twitter Montaño de Tarso (@DrMoMoGa), los costos por interrupción legal por aspiración manual endouterina (AMEU) rondan fácilmente los $40,000.00, y de acuerdo a la misma secretaría, los procedimientos AMEU en estos 14 años desde la aprobación de la ILE han sido 47,042.
Segunda conclusión
El “aborto legal, seguro y gratuito” no tiene la mínima viabilidad financiera en razón del impacto logrado y mucho menos es gratuito. En estricto sentido y para el caso analizado, es un fracaso de gasto público, pues basados en el fin distributivo y redistributivo que debe tener toda política pública de acuerdo a la clasificación de la escuela norteamericana, la ILE no lo cumple. Es decir, para obtener los recursos para servicios como la ILE, se están cobrando impuestos a los habitantes de la ciudad que serán aplicados en acciones cuyo beneficio es practicamente inexistente mientras se deja de percibir presupuesto para acciones que sí tienen un impacto importante en la población. En pocas palabras, el costo de oportunidad es sumamente alto, y una política pública exige lo contrario.
Retomando las estadísticas de salud pública de la CDMX, por ejemplo, tenemos que del 2012 al 2018 se tuvieron 95,327 muertes por enfermedades del corazón, 67,465 muertes por diabetes mellitus, y 56,722 muertes por tumores malignos (https://cutt.ly/qf80UPS) y que, además, tienen una tendencia alcista; son verdaderos problemas de salud pública que pudieran tener mayor distribución de presupuestos de los que son ocupados para promover y realizar abortos en las clínicas ILE.
En términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, este tipo de acciones podrían incluso catalogarse como faltas administrativas graves por daño a la Hacienda Pública.
Hago un paréntesis reflexivo y pregunto: ¿si usted fuera el tomador de decisión a dónde asignaría los recursos del pueblo? ¿En lo que realmente necesita la gente, como servicios básicos de primera necesidad luz, agua, vivienda, educación, salud? ¿O en acciones que sólo son rentables política y electoralmente? Aquí cabe el dilema de Weber del político y el científico, y como ejemplo del mismo tenemos el caso del presidente de México, un individuo que se cree científico pero ejerce el presupuesto de la nación en acciones meramente políticas, ojo, no en políticas públicas.
Tercera pregunta:
¿El que el “aborto legal, seguro y gratuito” sea impulsado como un “derecho sexual y reproductivo” para las mujeres por organismos internacionales le da el carácter de política pública?
Una característica importante que se debe conocer sobre las políticas públicas es que las leyes no son por sí mismas políticas públicas, salvo, por ejemplo, la Ley de Egresos de la Federación o los estados, cuyo impacto -se supone- debe estar perfectamente alineado a una Matriz de Marco Lógico que conlleva fines, propósitos, indicadores y actividades cruzados con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos -claro, me refiero a la Federación antes del 2018, cuando había planeación-.
Contrario a esto, es común ver o escuchar a legisladores o políticos promover iniciativas de ley con bombo y platillos como “políticas públicas” cuando no tienen la más remota idea de lo que expresan. En el mismo sentido, son este mismo tipo de políticos y legisladoroes, los que, bajo la perspectiva de que organismos supranacionales y paraestatales como Naciones Unidas a través de su Fondo de Población (UNFPA), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) u otras privadas como Amnistía Internacional, promueven estos “derechos” (https://cutt.ly/7f882OV), toman las decisiones para promover cambios a constituciones locales, sin tener las bases necesarias para justificar que eso es un problema público y que entonces, amerita una política específica.
De acuerdo a Eugene Bardach, la política pública requiere como mínimo ocho pasos: 1) Definición del problema, 2) Obtención de información, 3) construcción de alternativas, 4) selección de criterios, 5) proyección de los resultados, 6) confrontación de los costos, 7) la decisión y 8) la difusión. ¿Cree usted que los legisladores que se basan en las campañas de estos organismos internacionales realizan este proceso antes de presentar sus iniciativas a favor de la legalización del aborto en sus estados? ¡Para nada! Es un tema meramente político. La mayoría de las leyes mexicanas no están alineadas entre sí. Son cartas perfectamente redactadas que a la hora de su implementación presentan los primeros problemas, ¿por qué? Porque nunca las concibieron como políticas públicas, sólo como normas obligatorias.
Quisera hacer una pausa y poner un ejemplo que nos ayudará a reflexionar sobre lo anterior: la famosa “Ley de comida chatarra” en Oaxaca. Esta iniciativa anunciada con esos bombos y platillos de los que hablamos, fue impulsada por Magaly López Dominguez, diputada local del partido Morena, para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. La redacción de su iniciativa fue la siguiente -a grandes rasgos-: “Se prohibe la distribución, donación, regalo, venta y suministro, a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme a la Norma Oficial Estatal que para el efecto establezca la Secretaría de Salud del Estado; (…) en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y la venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras. Quedan exentas de estas prohibiciones las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres o tutores legales hacia sus hijas e hijos o menores bajo su tutela”.
La iniciativa incluso reformó el Código Penal de Oaxaca para establecer las penas a aquel que le dé a un menor uno de estos productos sin ser su padre o tutor (https://cutt.ly/af4CyHu).
Como lo hemos comentado más arriba, los organismos internacionales no se hicieron ausentes: la iniciativa fue aplaudida y soportada por Unicef, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras, y por supuesto, incluyendo los aplausos del excelso subsecretario federal Hugo López Gatell.
Esta diputada se dio el lujo de declarar que “no hay en el continente una ley que proteja a los niños de la chatarra como la de Oaxaca”. Bien, me permito preguntar ¿usted cree que eso terminará con el problema de la obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus y desnutrición en los niños de Oaxaca?
No entraré muy a fondo a este ejemplo, pero la iniciativa no evalúa cómo una simple ley prohibitiva que le impida a niños tomar un dulce o un refresco del anaquel de un Oxxo, más no de la tiendita de la esquina de su colonia, o que se lo lleve su padre, madre, hermano mayor, o tío, a casa, logrará que los niveles de obesidad, sobrepeso, diabetes y desnutrición infantil disminuyan en Oaxaca; tampoco considera el costo de implementación que se le cargará a la secretaría de Salud por la brillante idea; tampoco el impacto que generará en el comercio formal establecido -los pagadores de impuestos-; y mucho menos considera los medios de verificación para evaluar su impacto positivo en los indicadores de salud. Tendremos que esperar hasta la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Inegi para conocer los evidentes resultados. Antes de terminar con este ejemplo, quisiera lanzar otra pregunta que refuerze lo explicado: de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, ¿cuánto han disminuido las muertes en nuestro país por enfermedades pulmonares obstructivo crónicas, asociadas directamente al tabaco, después de tantas leyes prohibitivas que se han impulsado a su consumo?
Bien, regresando al tema en cuestión vale decir que los “derechos reproductivos y sexuales” de la mujer tienen su origen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000. Sin embargo, ¿cuál era el fin real detrás de estos objetivos? La disminusión de las tasas de natalidad y fecundidad. ¿Por qué? Por el control demográfico para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales a futuro. ¿Cuál fue su medio? Promover masivamente el uso de anticonceptivos llamándoles “derechos sexuales y reproductivos”; hecho que ha funcionado, pues se puede revisar como en el año 2000 las tasas de natalidad disminuyeron drásticamente en México de manera prolongada (https://cutt.ly/Vf4MnOM), sin embargo, volvieron a repuntar y no han disminuido lo suficiente, ¿por qué? Porque, o no se tiene acceso a anticonceptivos, o estos fallan y si se tienen relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, la concepción de un ser humano es altamente probable, no por un dogma de la Iglesia Católica, sino por hechos científicos reales basados en la embriología, genética y biología que no dan cabida a mitos (ver: https://cutt.ly/vf43OYU), es por ello que cuando activistas feministas o pro aborto, critican la postura de abstinencia y celibato de jóvenes provida como un medio de planificación familiar, simplemente queda sonreírles.
De acuerdo al Instituto Guttmacher -que impulsa el aborto de manera generalizada y libre- se “estima que en 2009, más de la mitad (55%) de los embarazos en México no fueron planeados. Los niveles de embarazo no planeado son más altos en zonas más desarrolladas y urbanizadas” (https://cutt.ly/bf4M3JS). Recientemente en julio pasado, la UNFPA, junto con la secretaría de Gobernación de México, difundieron que derivado de la pandemía por COVID-19 se espera que en el país, 880,000 mujeres discontinuarán el uso de métodos anticonceptivos, lo que generaría 114,600 embarazos no planeados en el país (https://cutt.ly/Sf43uaQ). De hecho este tipo de embarazos tienen un indicador que la Cepal ha llamado “demanda insatisfecha de planificación familiar” y que es el porcentaje de mujeres fértiles, activas sexualmente que reportan no querer más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo y que no usan ningún método anticonceptivo (https://cutt.ly/tf43oQw).
Devido a todo este tipo de factores es que esos organismos internacionales, en el año 2015, relanzaron los ODM a través unos nuevos, llamados: Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), pero además sumando a grandes corporaciones privadas como la Fundación Ford, Rockefeller, Bill & Melinda Gate, International Planned Parenthood Federation -los “megafilántropos” del mundo-, que han inyectado grandes recursos a gobiernos mundiales y organismos no gubernamentales para darle un mayor alcance a estos “derechos sexuales y reproductivos” inicialmente impulsados: el aborto (https://cutt.ly/ef88Wfl). Es decir, como los anticonceptivos no han funcionado del todo para reducir la población mundial, el último recurso faltante es promover campañas, documentos, simposiums, investigaciones, financiamientos, a países y organismos privados, para legalizar el aborto como un “derecho sexual y reproductivo” obligatorio para gobiernos, instituciones y población en general. La base de esta política podría tener sus orígenes en el premonitorio Memorandum de Seguridad Nacional 200 del entonces asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, en 1970, Henry A. Kissinger (https://cutt.ly/rf457oI). ¿Es ético el medio? De ninguna manera, pues implica dar muerte a un ser ya concebido.
Tercera conclusión
Los llamados “derechos sexuales y reproductivos” impulsados por organismos supranacionales, que iniciaron como campañas masivas de “planficación familiar” incluidos el derecho a anticonceptivos y aborto desde el año 2000 tuvieron con fin principal la disminusión de la tasa de natalidad y fecundidad y no le prevención de los embarazos no deseados, que es la siguiente bandera que soporta esos “derechos sexuales y reproductivos”, utilizando como método la modificiación a leyes nacionales y locales y el financiamiento internacional tanto para clínicas privadas como públicas, lejos de ser realmente políticas públicas de beneficio a un amplío espectro de la población con viabilidad financiera e impacto medible, contribuyendo así además, con el envejecimiento poblacional del mexicano.
Conclusiones finales
Como hemos podido ver, la respuesta sobre la pregunta central de si ¿el “aborto legal, seguro y gratuito” es una política pública?, se centró en analizar tres temas a la vez: su reflexión como “problema de salud pública”; su viabilidad financieramente en razón de su impacto; y su promoción como parte de los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres.
Al considerar como ejemplo de política pública los servicios de “aborto legal, seguro y gratuito” proveídos por clínicas ILE en la CDMX, pudo encontrarse información sólida que sustenta que el aborto no es un “problema salud pública”, que además no tiene viabilidad financiera, ni genera una adecuada distribución de recursos públicos pues el costo de oportunidad que genera para combatir otros problemas públicos reales es alto y que no tiene como fin velar por los “derechos reproductivos y sexuales” previniendo los embarazos no deseados de la mujer sino el control del crecimiento poblacional.
Ahora bien, debemos estar ciertos que quienes promueven este tipo de exigencias ciudadanas o decisiones públicas, más allá de argumentar sobre el aborto con una perspectiva de política pública, optan por apoyarse de sofismas ideológicos que pasan por la definición del aborto como una “interrupción”; del producto de la concepción como un “no humano” -basados en una supuesta temporalidad de la fecundación siempre indefinida -; del producto como parte de “su cuerpo” o “su propiedad”; hasta pasar por falacias como la probreza de la madre o la famila, razones de escolaridad, plan de vida truncado por los padres o malformaciones del concebido, con el fin de lograr su cometido: el “aborto legal, seguro y gratuito”. Finalmente, su último recurso es salirse de la esfera pública para pasar a resguardarse a la esfera de lo privado, bajo una falacia aún más procaz: su “derecho a decidir”, desestimando incluso, en ocasiones, la voluntad de su pareja de ser padre y búscando quedar así fuera del alcance científico de la biológía, la genética, la embriología o la ciencia política, pero por fortuna, entrando a un terreno previamente dominado: el derecho; el derecho a la vida del concebido, e inlcuso normado y promovido por esos mismos organismos e instituciones, nacionales e internacionales, que hoy dictan lo contrario.
Twitter: @CiudadanoCoke
