Además de condolencias y todo el apoyo moral por la criminal emboscada en Culiacán, Sinaloa, las fuerzas armadas están esperando desde hace diez años un paquete legislativo que le dé certeza jurídica a sus labores de participación en la seguridad interior.
Lo que muestran los ataques contra las fuerzas armadas es el fracaso de la comunidad civil de seguridad pública. Hace diez años, cuando el presidente Calderón lanzó la ofensiva federal contra el crimen organizado en Michoacán y luego la extendió a otras entidades, la única certeza radicó en tres hechos inocultables: la complicidad política y de gobierno con los cárteles del crimen organizado, el control criminal de territorios de soberanía del Estado y la corrupción del sistema de seguridad en policías y jueces.
Ante la incapacidad civil para reorganizar el aparato de seguridad y justicia, las fuerzas armadas siguen cargando con el peso de la lucha efectiva contra los cárteles. Y a pesar de que las fuerzas armadas necesitan de un marco jurídico adecuado a sus labores de seguridad interior, resulta que en lugar del apoyo institucional han recibido quejas —pocas pero muy mediáticas– de violación de derechos humanos, el recorte de facultades al fuero militar y reiteraciones para el regreso a los cuarteles.
El dato mayor de la emboscada en Culiacán radicó en la comprobación de que los grupos criminales en activo poseen armas y entrenamiento superior al de cualquier cuerpo policiaco actual y que sólo las fuerzas armadas estarían capacitadas para enfrentarlos. Pero para ello, las fuerzas armadas necesitan de un marco jurídico adecuado que inclusive llevaría a mejores controles institucionales de sus operaciones:
1.- Retirar las restricciones al uso de armamento de alto calibre en los patrullajes.
2.- Ley de seguridad nacional que aclare espacios de competencia.
3.- Ley de seguridad pública que permita a las fuerzas armadas involucrarse en investigaciones a partir de su manejo de inteligencia de alto nivel.
4.- Ley de seguridad interior para relacionar la seguridad pública con la defensa de la soberanía nacional dentro del territorio en función de la estructura transnacional de los cárteles.
5.- Ley de inteligencia para mejorar la recopilación de información criminal.
6.- Ley para caracterización de la delincuencia organizada transnacional como un riesgo a la soberanía de la república.
7.- Doctrina de defensa nacional.
8.- Ley de profesionalización de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales.
La emboscada contra militares en Culiacán reveló el retraso en la organización de la seguridad pública-interior-nacional y evidenció que los criminales han declarado la guerra a las fuerzas armadas para seguir controlando partes del territorio nacional. Por lo artero del ataque se tuvieron pruebas de que el crimen organizado no está jugando y tampoco quiere soltar los territorios bajo su control.
O el Estado reacciona con fuerza legal o reconoce su fracaso y entrega las plazas al crimen organizado.
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The White House 2016: el caso de los correos electrónicos se está convirtiendo en un Watergate para Hillary Clinton; el Wall Street Journal publicó que la Casa Blanca está operando la operación tapadera… El miedo a Donald Trump ha obligado a muchos medios a romper con el equilibrio informativo y pedir el voto por Hillary; la revista The Atlantic acaba de hacerlo… Para apoyar a Hillary, el presidente Obama acaba de frenar las deportaciones de hispanos, aunque en los EE.UU. dice que es demasiado tarde.
Política para dummies: La política es el arte de tener la fuerza de las convicciones para convertirla en la fuerza de los intereses.
Sólo para sus ojos:
- Es inútil cualquier queja contra la realidad cuando la realidad nos apabulla. El delincuente videograbado en un asalto a automovilistas en Periférico y Av. Toluca fue arrestado a horas de su delito pero ya salió libre por beneficio de la preliberaciòn. Lo más grave es que la nueva Constitución de la Ciudad de México nada dice de los principios de seguridad, aunque sigue idealizando el tipo de ciudad.
- Eso sí, el jefe de gobierno Miguel Angel Mancera está más preocupado por construir su candidatura presidencial en el 2018 que reorganizando el aparato de justicia que estaba mal desde que fue procurador capitalino en el gobierno de Marcelo Ebrard.
- Decepción de senadores priístas con el nuevo secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, y no por las malas palabras usadas sino porque ya supieron que los programas sociales no serán para compra de votos priístas.
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