* En una perversa maniobra de complicidad de muchos legisladores federales y locales, más de los que imaginamos, con la delincuencia común y organizada regatean recursos a seguridad y justicia.
* No hay que descartar, de ninguna manera, que esa perversa maniobra de complicidad va más allá al impulsar la inseguridad y violencia bajo control gubernamental como orden del caos.
A simple vista pareciera un contrasentido que siendo la primera obligación del Estado mexicano y de las entidades federativas garantizar la seguridad y la justicia de sus gobernados, no lo hagan.
De manera muy explicable la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados regateen recursos suficientes a las dependencias del ramo de seguridad y de justicia.
Ahí está la falta de recursos en la desmantelada Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigación y el Poder Judicial.
A nuestro juicio se trata de una perversa maniobra de complicidad de muchos legisladores federales y locales, más de los que imaginamos, con la delincuencia común y organizada.
Por otro lado, no hay que descartar, de ninguna manera, que esa perversa maniobra de complicidad impulsar la inseguridad y violencia bajo control gubernamental como orden del caos.
El objetivo no es otro que mantener aterrorizada a la población en general para facilitar gobernar o desgobernar, como le llame, echando mano del chantaje de grupos de presión y sindicatos.
Aun cuando esta descripción es fiel reflejo de la lamentable y dolorosa realidad que vive México y Oaxaca, importante es aclarar que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Ajá!
De ahí la trascendencia de la decisión del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, de eficientar el manejo de la información sobre sus resultados en medio de la crisis presupuestal.
Cumple así con la insoslayable obligación del derecho a la información y del derecho a saber, a través del acceso a la información del resultado del trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Siempre será posible optimizar el manejo de la información en los medios de comunicación masiva y en las benditas redes sociales de manera adecuada y oportuna, con fotografías e imágenes.
Resulta positivo que el doctor Vasconcelos Méndez intensifique de manera permanente la información sobre los resultados en las redes sociales con gráficas e ilustraciones de estadísticas.
Los periodistas y los medios de comunicación masiva tienen ante todo la obligación de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso evitando romper la secrecía de las investigaciones.
Paralelamente a eficientar el manejo y difusión de los positivos resultados de la Fiscalía General del Estado es indispensable optimizar las relaciones humanas y públicas con periodistas y medios.
Salvo cada vez menos honrosas excepciones equivocadamente los responsables de la estratégica comunicación social se aíslan y divorcian de periodistas y medios, y luego se quejan de éstos.
Que quede claro que no se trata de obtener privilegio alguno menos de “chayos” o “embutes”, sino de consolidar una relación cordial y respetuosa entre autoridades y periodistas y medios.
Al fin estudioso del dinamismo del derecho, el doctor Vasconcelos Méndez está consciente de la transición de la sociedad de la información y del derecho a saber, a la sociedad del conocimiento.
La globalización económica, así como la ideológica y simbólica ha traído consigo, a querer o no, la integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de comunicación de masas.
Sabe que en la democracia es esencial que las personas puedan acceder a una amplia gama de informaciones para participar de una manera real y efectiva en los asuntos que les afectan.
El acceso a la información de los organismos públicos como servidores del pueblo es un derecho humano fundamental que pertenece al público. Por ello, todos tenemos derecho de acceso a ésta.
El derecho de acceso a la información plantea dos obligaciones a los gobiernos. La obligación de publicar y difundir la información clave sobre lo que están haciendo los organismos públicos.
Los gobiernos tienen la obligación de recibir solicitudes de información del público y de responder, para que éste vea los documentos originales o reciba copias de documentos e información.
Uno de los aspectos más relevantes de las nuevas tecnologías de la información y los derechos humanos hace referencia, necesaria y obligadamente, al respeto a la libertad de expresión.
Es también una condición de posibilidad para la defensa y el desarrollo de los demás derechos. La falta de libertad de expresión hace que la vida humana pierda una de sus características vitales.
También surgen otras libertades esencialmente relacionadas con la anterior: la libertad de pensamiento en todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar y recibir información pública.
Con los avances tecnológicos se han introducido en el mundo de los derechos humanos diversas formas de vulnerarlos que obligan a la ampliación de la protección fundamental de los mismos.
Esta transición de la humanidad desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos ha generado cambios en el plano jurídico, social y político que exigen nuevas formas de protección jurídica.
Los derechos de cuarta generación se encuentran sustentados en la necesidad de asegurar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a todos los individuos.
Las prerrogativas consagradas en la cuarta generación de derechos humanos responden a una necesidad provocada por la misma humanidad pero que por sí misma no tiene vinculación alguna.
Es imprescindible que el derecho positivo se aplique en la solución de conflictos; los derechos humanos son esenciales al tener un carácter que se manifiesta en los principios del ser humano.
La tecnología surge por la necesidad y su fin es hacer más eficientes los recursos y facilitar nuestra vida cotidiana, con el carácter esencial bajo el cual han sido creados los derechos humanos.
La tarea del poder legislativo es enfocarse en la creación de leyes que erradiquen y sancionen nuevos atentados contra los derechos humanos y evitar así lagunas jurisprudenciales y doctrinales.
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