Las cifras electorales hasta la medianoche de martes desmintieron, por segunda vez, el escenario cómodo de las encuestas para Joe Biden y mostraron una lucha de grupos de poder. En el fondo, la elección no es por la democracia y las elecciones sólo exhibieron los reacomodos ideológicos de coyuntura que responden al ánimo/desánimo de los votantes.
Pero lo más importante ha sido el hecho de que en los EE. UU. no se votó por más o menos democracia, porque el problema de fondo tiene que ver en los hechos y en la estructura, los EE. UU. no son una democracia sino una república representativa de asociaciones oligárquicas. El modelo de elección indirecta en 538 votos electorales es reflejo del sistema representativo dominado y determinado por grupos de interés.
El resultado sólo mostrará el nuevo equilibrio ideológico de poder entre grupos dominantes.
En la realidad, el modelo de democracia de Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg el 19 de noviembre de 1863 –“el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”– nunca ha existido porque el sistema representativo de acceso a los tres poderes depende de la élite gobernante en función de oligarquía minoritaria de representación de grupos económicos y políticos y el pueblo carece de capacidad de representación.
El modelo estadunidense fue creado por Hamilton, Madison y Jay y así lo establecieron en El Federalista, unas hojas de información analítica. “La verdadera diferencia entre estos gobiernos (los representativos) y el americano reside en la exclusión del pueblo, en su carácter colectivo, de toda participación en éste, (no en aquel)”, señala el libro El Federalista, página 270 de la edición del Fondo de Cultura Económica.
En el razonamiento de formas de gobierno, El Federalista especifica que “en una democracia el pueblo se reúne y ejerce la función gubernativa personalmente; en una república se reúne y la administra por medio de agentes y representantes”. El modelo de república, por lo tanto, fue seleccionado por la dispersión de personas y sobre todo la extensión territorial anexionista creciente que logró el país a medio siglo de fundada. Y la funcionalidad del gobierno republicano se sustenta en funcionarios y políticos constituidos en minoría, pero electos por la mayoría.
El modelo de elección indirecta vía 538 votos electorales distribuidos proporcionalmente en todos los estados logró la participación de todos los estados en la elección presidencial, evitando que en voto popular los estados más poblados tuvieran el poder de influir en la contabilidad final. Por estas razones, el modelo de elección indirecta va a seguir existiendo, a pesar de las voces que señalan su centralización: 538 votos sobre una población hoy de casi 250 millones de inscritos en el padrón electoral.
En todo caso, lo que ha fallado es la estructura de representatividad: los sectores, clanes y gremios tienen mayor capacidad de impulsar representantes para sus propios intereses, sin que existan razones y posibilidades, en el ánimo político de los participantes, de construir un sistema en verdad representativo en el que cada representante o senador constituya una soberanía popular. Por ello los lobbies de intereses son los que financian candidatos y los que imponen legisladores para aprobar sus leyes interesadas.
El financiamiento de campaña, a su vez, permite que la representación sea de poderes y de grupos con alto poder adquisitivo, no popular. Los candidatos pueden sumar los fondos sin límite, eludiendo las restricciones que han tratado de evitar que los más ricos impongan cargos de elección y que los representantes no sean populares sino de grupos de interés: los lobbies del tabaco, las medicinas, las armas y los bancos, entre muchos otros, son los que invierten más en poner legisladores en las dos cámaras y presidentes de la nación.
En este sentido, el discurso demócrata de que Trump va a terminar con la democracia es falaz, porque los EE. UU. no son una democracia, todos los presidentes representan al establishment de grupos de interés y los sectores conservadores son los que más dinero invierten en poner funcionarios públicos que hagan las leyes.
En este sentido, el sistema de gobierno de los EE. UU. es de una república representativa controlada por los más ricos del pueblo.
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