Empiezo por aclarar que un mexicano por cuyos méritos públicos y privados tiene mi mayor respeto y consideración, parece haber entendido que en la entrega anterior de esta columna afirmé que Elba Esther Gordillo cometió delitos y me pide aclararlos. Su comentario sugiere que la redacción de mi texto era ambigua y me permite aclarar a mis amables lectores que sé que en este país nadie es culpable hasta que no lo determine un juez como resultado del debido proceso.
Nadie tiene derecho a calumniar a otro, así se llame Elba Esther Gordillo, y menos desde la impunidad que suele creerse que da el publicar en un medio impreso. Muchas veces he escrito sobre esa señora, que me parece uno de los personajes públicos más siniestros, pero nunca la he calificado de delincuente y en la más reciente columna tomé como referencia la acusación del ministerio público por la presunción, y subrayo presunción, de que incurrió en lavado de dinero y delincuencia organizada.
No tengo más fuentes de información que los medios, como todo ciudadano común, pero soy consciente del uso perverso de casi todos ellos, para difamar o no publicar a cambio de privilegios. Este es uno de los costos de la libertad de expresión en un país con escasa experiencia y cultura democráticas, donde el Estado de Derecho no ha sido más que una frase; por eso lo mejor que podemos hacer los lectores es consultar varios medios para tener alguna información del país y el mundo en que vivimos y utilizar internet, que puede ser de gran utilidad si se le aprovecha y se sabe identificar lo valioso en el mar de inmundicia informativa.
La iniciativa de reforma constitucional que presentaron conjuntamente el presidente de la República y los líderes del PRI, PAN, PRD y PVEM a la Cámara de Diputados es una buena oportunidad para mejorar la calidad de las emisiones televisivas y hacerlo, depende de los diputados y senadores, que en sus debates y construcción de acuerdos no sólo deben mantener lo esencial de la iniciativa, sino agregar aspectos que en las negociaciones del Pacto se debieron sacrificar, como el acceso gratuito a internet para todos, como ocurre en otros países de igual o superior nivel económico que el nuestro. El presidente Peña Nieto dijo con todas sus letras que “las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir una condición elemental: servir al país”.
Tómenle la palabra, señores legisladores y hagan reformas constitucionales y legales eficaces para que el Ejecutivo, dentro de la ley, convierta esas palabras en realidad. No pierdan de vista que servir al país desde la televisión entraña cambios que van mucho más allá de la competencia entre empresas y la calidad técnica de las emisiones. La televisión es el medio más poderoso que se ha inventado hasta ahora para influir sobre las audiencias en la formación de valores, aspiraciones y actitudes. Esto es lo que le han expropiado a la nación los monopolios televisivos.
En términos generales, la televisión se maneja como un negocio cuyo objetivo supremo es aumentar las utilidades. Para eso forma consumidores de lo que sea, desde automóviles y perfumes hasta toallas sanitarias, y vende tiempos para los anuncios. Para atraer televidentes, ofrece basura de todos los niveles, desde telenovelas, reality shows (perdón por el anglicismo que ahorra espacio), series y cuanto quepa en la imaginación de los “creativos” (perdón por el barbarismo, pero así les llaman).
El factor común a la mayor parte de las emisiones es la vulgaridad y entre los valores que exaltan, destacan la violencia en todas sus formas, especialmente sexual, el abuso contra mujeres, niños y homosexuales; la discriminación de los negros, morenos, chaparros y feos. Los programas de noticias y comentarios, por lo general están orientados hacia los intereses particulares de los dueños de las empresas.
Se ha presentado una excelente iniciativa de reforma constitucional. Desde la sociedad deben levantarse expresiones claras de apoyo a esa reforma, pero desde el Congreso debe tenerse presente que al país le interesa la competencia en todos los sectores, especialmente en el de telecomunicaciones, porque se supone que es la clave para mejorar la calidad y reducir los precios, pero sobre todo, que éste es el momento para construir los instrumentos legales que limiten la promoción de la vulgaridad y la estulticia y obliguen a los concesionarios a dedicar determinados espacios de alta audiencia a emisiones culturales y a la vez atractivas, como las que se hacen con éxito en otros países.
Por cierto, ¿por qué Claudio X González Junior no hace un documental acerca de la calidad y los efectos de las emisiones televisivas sobre los niños y jóvenes por los que parecen tan preocupados él y los miembros de la asociación Mexicanos Primero que dice luchar por la calidad de la educación?
Es hora de que el Estado elabore y ejecute una política integral de educación social, a través de los medios, para crear una conciencia de ciudadanía y nuevas conductas; para que cada persona conozca y defienda sus derechos, pero respete los derechos individuales de los demás y los colectivos de todos, como el derecho al medio ambiente sano. Hasta allá tienen que llegar las reformas educativa y de telecomunicaciones para que este país de veras se transforme.
