Hace unas semanas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “la batalla por el desarrollo se ganará o perderá en el salón de clases”. Su frase es muy afortunada, pues la escuela, además de formar seres humanos y trabajadores aptos, puede ser el detonador para resolver otros problemas capitales: el estancamiento económico, la desigualdad social y la violencia.
La educación es un factor del crecimiento económico porque aporta los recursos humanos calificados que requieren las empresas para su funcionamiento. En México, la elevación de los niveles educativos se convertiría en un atractivo para la inversión, la generación de empleos formales, el aumento del ingreso de las familias y la reactivación del mercado interno e incluso contribuiría a desalentar la incorporación de los jóvenes al crimen organizado.
Para que esta sucesión de hechos tenga efectos permanentes, debería adoptarse una política industrial –cancelada hace cuatro o cinco lustros– que promueva la formación de cadenas productivas, de suerte que las empresas medianas y pequeñas se abastezcan unas a otras de insumos y productos intermedios y abastecieran a las grandes empresas exportadoras en condiciones competitivas de calidad y precio.
Esto, a su vez, debería ser respaldado por un programa nacional de desarrollo científico y tecnológico, vinculado a las políticas económica y educativa. No es fácil, porque los nuevos conocimientos tienen valor en el mercado, pero es posible a través de convenios de cooperación que definan la distribución del esfuerzo y de las utilidades.
Otro elemento esencial es la reconstitución de las instituciones públicas de fomento, porque la economía no se moverá mientras el dinero de los depositantes se destine a créditos al consumo e hipotecarios. El Estado debería crear bancos de fomento agrícola, industrial y de servicios que atiendan un mercado que la banca privada no aprovecha: las empresas productivas.
El crecimiento de la producción y el empleo mejoraría la calidad de vida de grupos muy amplios de población y crearía alternativas reales de futuro para los jóvenes que ahora no tienen más opción que la informalidad, la emigración a o el crimen.
Entendamos que si la economía formal y la educación superior rechaza a los jóvenes, éstos no pueden compartir los valores que están en la base de nuestra convivencia social. Es por lo menos iluso esperar que los jóvenes y, en general, los marginados, acaten las leyes de una sociedad que los excluye y que sean respetuosos y solidarios con ella.
Urge revertir la autodestrucción en que estamos atrapados antes de que se produzca una catástrofe social de dimensión nacional. El primer paso es contar con un sistema educativo que dote a los niños y jóvenes de los conocimientos que requieren para vivir en el siglo XXI y les infunda los valores cívicos que nos dan identidad y sentido de nación, Ello, claro, a condición de que cambiemos, y pronto, su realidad inmediata: la familia y la vida comunitaria que están en proceso de descomposición.
La educación debe adquirir en México el rango de una gran cruzada nacional y esa sólo puede ser convocada por el presidente de la República, cabeza del Estado. No lo hará el presidente Calderón porque él ya articuló su gobierno en torno al combate directo al crimen organizado y no piensa rectificar sus objetivos ni su estrategia.
La convocatoria nacional tendría que hacerla un presidente que surja de un proceso electoral menos turbio que el de 2006 y logre una ventaja estadísticamente representativa sobre sus contendientes. Eso le daría credibilidad, apoyo social y fuerza política suficientes para llamar a la sociedad, a los partidos y organizaciones a la cruzada por la educación y hacer los acuerdos políticos que fueran necesarios.
Un primer acuerdo debería apartar a la educación de las disputas político-electorales, no porque educar no sea una tarea esencialmente política, que lo es, sino porque es función toral del Estado y no puede abdicar de ella a favor de grupos porque eso, como lo demuestran los hechos, degrada la educación y la inhabilita como recurso de la sociedad para el cambio transgeneracional.
¿Cómo poner a la educación a salvo de los conflictos electorales?
Una opción sería una especie de “quinazo” incruento pero firme, que no se limite a cambiar a un liderazgo sindical por otro, sino que, desde la cúspide del poder, restituya al Estado la potestad para definir la política educativa y administrar la educación.
Será necesario, además, un programa de capacitación que prepare a los maestros para trabajar con nuevos planes y programas de estudio y los concientice de su compromiso con el pueblo del que proceden y al que se deben
El SNTE y la CNTE tienen un gran poder de chantaje porque son fábricas de votos y motines. Participarán en las elecciones federales de 2012 y exigirán privilegios, pero si el futuro presidente de la República quiere rescatar la educación para la nación, desarticulará el chantaje con la fuerza unida del resto de la sociedad y sus organizaciones en torno a la cruzada por la educación. El Estado es más fuerte que esos grupos de presión.
