Cuando definió su Plan Nacional de Desarrollo en 2019, el presidente López Obrador anunció el fin del ciclo del neoliberalismo 1982-2018 y notificó un nuevo curso de la economía en el confuso concepto de posneoliberalismo; seis años después, en el proyecto de política económica 2025 del Gobierno AMLO-Sheinbaum se percibe que el posneoliberalismo es más que un neoliberalismo revolcado.
El problema no es de pensamiento económico o de política presupuestal, sino del hecho que el neoliberalismo se posicionó de los grandes centros de toma de decisión de política económica internacional: la Casa Blanca, el Tesoro, Europa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo, el Banco de Pagos Internacionales, los ministerios de Hacienda y los bancos centrales y sobre todo las calificadoras que se encargan de fijar las reglas que tienen que ver con los avales y flujos de capital a países que necesitan inversiones.
Los Criterios Generales de Política Económica y sus respectivas Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2025 no pudieron ocultar en sus insuficiencias, desequilibrios y trampas semánticas el hecho de que se trata de una política económica doctrinariamente neoliberal en su instrumental técnico, pero a partir del hecho de que el posneoliberalismo en modo de populismo tradicional ha carecido y seguirá careciendo de reflexión teórica en cuánto a lo que debe ser considerado como el punto detonador de todas las políticas económicas: la inflación.
Los documentos de política económica para el año 2025 tienen como fuente nutricional los dos documentos especiales que hizo públicos el FMI el pasado 15 de octubre y el 1 de noviembre, como parte de los mecanismos de supervisión del cumplimiento de políticas económicas que todos los países de Occidente han firmado por obligación como Artículo IV de la condicionalidad que exige el organismo para que los países asociados que necesitan del aval del Fondo para transacciones internacionales.
El populismo echeverrista se vio obligado a firmar en septiembre de 1976 una Carta de Intención –lo que hoy es la obligación del artículo IV– para condicionar la definición de políticas económicas del Estado en función de las doctrinas antiinflacionarias del Fondo. En noviembre de 1977, el presidente López Portillo cesó de manera contundente a su secretario de Programación y su secretario de Hacienda porque encabezan los polos de la política económica: el populista con Carlos Tello Macías y el neoliberal con Julio Rodolfo Moctezuma Cid. Desde entonces México se ha comprometido a cumplir la condicionalidad del FMI en materia de políticas económicas nacionales.
Las cifras macroeconómicas de los Criterios Generales 2025 revelan la persistencia, como en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, de dos corrientes dentro del gabinete: los populistas que quieren crecer y subsidiar gasto social improductivo y desdeñan las exigencias puntuales –que no certeras– del FMI en materia de inflación y los posneoliberales hacendarios que tienen la obligación de ajustarse a las exigencias del organismo internacional que sigue definiendo el curso técnico e ideológico de la economía capitalista.
Los Criterios Generales para 2025-2030 ofrecen una meta de crecimiento económico de 2.5% promedio anual, muy por abajo del 6% de largo periodo populista 1934-1982 y similar al 2.2% promedio anual del ciclo neoliberal 1983-2018. Y no puede dejar de compararse la cifra de PIB de 2.5% promedio del sexenio claudista –por la dificultad del concepto sheinbaumista– con la promesa populista de López Obrador de un crecimiento promedio anual de 4%. Y las expectativas del Banco de México señalan un PIB promedio anual de 2% para el largo período 2025-2034.
La política económica para 2025 que entregó a Hacienda al congreso mantiene el objetivo político populista de 2.5% de PIB, pero cumple con la exigencia del Fondo de bajar el déficit presupuestal de casi 6% en 2024 a 3.9% en 2025, poquito arriba del 3.5% que exigió el FMI en sus visitas de octubre y noviembre. El asunto es que bajar la inflación por el lado de la demanda y del PIB, mantener un PIB por encima de las expectativas racionales de los agentes productivos y disminuir el déficit presupuestal sin aumentar impuestos es sinónimo de un desorden técnico que no le está ofreciendo estabilidad racional a los inversionistas.
El incumplimiento de las metas de PIB, inflación y déficit presupuestal están siendo ya analizadas de manera crítica por las calificadoras, los inversionistas y sobre todo los técnicos del FMI que seguirán realizando visitas de supervisión y control de la política económica mexicana, y con mayor intensidad en una segunda administración sexenal de corte populista porque basa su funcionamiento en tasas altas del PIB y gasto social improductivo y no presta atención a la prioridad de la inflación ni al déficit.
Aunque se hable de posneoliberalismo, la política económica el populismo sigue dependiendo del neoliberalismo fondo monetarista.
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Política para dummies: la política siempre ha tenido el lastre de la economía.
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